Secciones: Documentos militante IU/ PCE - El Problema Español - Movimiento Obrero/Mundo del TrabajoTítulo: [IU Federal] BOLETIN INFORMATIVO - INICIATIVAS LABORALES DE IU- Enlace 1 Texto del artículo:
[IU Federal] BOLETIN INFORMATIVO N 17 (09-03-06)
NUMERO 17
09-03-2006
BOLETÍN INFORMACIÓN DE IU FEDERAL - Tlf: 917227500 - Fax: 913880447- C/Olimpo 35 esq, C/Silvano 28041 Madrid
Web IU federal: www.izquierda-unida.es
E-mail: comunicacion ARROBA izquierda-unida.es
CONTENIDOS BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE IU FEDERAL
INICIATIVAS LABORALES DE IU
§ SOLICITUD REUNIÓN AL FISCAL GENERAL PARA SALVAGUARDAR LA LIBERTAD SINDICAL (09/03/06)
§ IU APOYA AL DIRIGENTE DEL SOC DIEGO CAÑAMERO (07/03/06)
§ PETICIÓN COMPARECENCIA CAFFAREL Y PRESIDENTE DE LA SEPI PARA EXPLICAR EL FUTURO DE CENTROS TERRITORIALES DE RTVE Y CIERRE DE RADIO 4 (04/03/06)
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
§ IU CONDENA LOS ATENTADOS DE ETA (09/03/06)
§ IU SOLICITA QUE EL GOBIERNO INFORME AL CONGRESO SOBRE NEGOCIACIONES CON ETA EN 1999 (08/03/06)
§ PETICIÓN COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DEL CNI PARA DEMOSTRAR QUE AZNAR NEGOCIO CON ETA (07/03/06)
EL GRUPO PARLAMENTARIO REITERA SU EXIGENCIA DE INMEDIATA RETIRADA DE TROPAS ESPAÑOLAS EN AFGANISTÁN (08/03/06)
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LLAMAZARES SOLICITA UNA REUNIÓN AL FISCAL GENERAL PARA CONOCER LOS CRITERIOS QUE LA FISCALÍA APLICA PARA SALVAGUARDAR LA LIBERTAD SINDICAL
Madrid, a 09 de marzo de 2006
IU muestra su preocupación ante la posibilidad de que se esté dando "un retroceso en el ejercicio de las libertades consagradas por nuestra Constitución en materia sindical"
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la que le solicita una reunión "para conocer sus criterios de actuación en relación con el ejercicio de la libertad sindical en nuestro país".
Llamazares lleva a cabo esta iniciativa ante la preocupación existente en Izquierda Unida por algunas de las últimas decisiones del Ministerio Fiscal tras las que se ha tendido a "sanciones máximas contra trabajadores y sindicalistas incursos en procesos judiciales derivados de conflictos laborales". Se dan casos en que las penas solicitadas por la Fiscalía superan a la de la acusación particular.
El coordinador general de IU traslada al fiscal general las reservas que produce a esta organización el hecho de que se pueda estar ante "un retroceso en el ejercicio de las libertades consagradas por nuestra Constitución", en casos en que los trabajadores han defendido su derecho de acción sindical para reivindicar reformas laborales frente a situaciones de injusticia social y de represión sindical.
En su escrito, Llamazares pone cuatro claros ejemplos que afectan al presidente del comité de empresa de Astilleros (Sevilla), a cinco sindicalistas de CC.OO, a concejales de IU en Andalucía y a sindicalistas del SOC para ilustrar estas preocupaciones.
Al margen de esta iniciativa, pero en esta misma línea, IU ha mostrado esta semana su "total apoyo" al secretario del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego Cañamero, ante el juicio rápido al que deberá comparecer mañana en los Juzgados del Prado de San Sebastián (Sevilla).
Éste se enfrenta a una injusta acusación por los hechos que se sucedieron tras la brutal y desproporcionada carga policial del pasado 28 de febrero como respuesta a la pacífica protesta de los jornaleros en contra de la concesión del título de 'Hija Predilecta de Andalucía' a Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, por parte del Gobierno andaluz.
A continuación se reproduce la carta íntegra remitida por Llamazares al fiscal general del Estado:
Excmo. Sr. Fiscal General del Estado:
Desde Izquierda Unida contemplamos con creciente preocupación las decisiones que desde el Ministerio Fiscal se vienen produciendo en la tendencia a solicitar sanciones máximas contra trabajadores y sindicalistas incursos en procesos judiciales derivados de conflictos laborales.
En demasiadas ocasiones, las peticiones sancionadoras de la Fiscalía son muy superiores a las solicitadas por la acusación particular. Este es el caso, por ejemplo, de Ignacio Sánchez López, presidente del Comité de Empresa de Astilleros (Sevilla), acusado de "atentado a la autoridad" a instancias de la Policía Nacional por una protesta laboral realizada en julio de 2004, en la que un millar de trabajadores cortaron la SE-30 y se disolvieron pacíficamente sin que mediara ninguna detención. Sobre este caso, la Diputación de Sevilla aprobó una moción en la que se destacaba la trayectoria ejemplar de este sindicalista, reconocida expresamente en un acto público por todos los agentes económicos, políticos y sociales de la provincia.
Un segundo caso afecta a cinco sindicalistas de CC.OO. de Sevilla, condenados en enero de 2006 por sentencias de los Juzgados de lo Penal nº 4 y nº 12 de Sevilla a distintas penas de cárcel por el conflicto laboral existente en el Ayuntamiento sevillano de Tomares: Francisco Figueroa, Secretario de Acción Sindical de CC.OO. de Sevilla, condenado a un año de prisión; Mercedes Borrego, Delegada sindical en el Ayuntamiento de Tomares, a un total de trece meses; José Manuel Muñoz Asencio, sindicalista en la Diputación de Sevilla, a un año y siete meses; Cristina Belloso, miembro del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Tomares e Isabel Vidal, secretaria general de CC.OO. de la Diputación de Sevilla, a siete meses cada una. Cabe destacar que estas sentencias se añaden a varias otras, que concurren en el mismo "caso Tomares", en las que el TSJA declaró improcedentes los despidos de siete afiliados a CC.OO. por dicho Ayuntamiento (una psicóloga, una graduado social, tres administrativos, un técnico de la Radio Municipal y el técnico de Cultura. En este último caso, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 afirma que "el cese obedece a una actitud antisindical del Ayuntamiento, contraria a la política de CC.OO. y que se traduce en el cese por una u otra vía de la mayoría de los afiliados al sindicato". Pendientes al día de hoy están los despidos de otras dos trabajadoras sociales del mismo Ayuntamiento de Tomares.
El tercer caso afecta a la sindicalista Carmen Ortega, a Julia Hidalgo Argüeso, concejala de Izquierda Unida (IU-LV-CA) y otros cinco ediles del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, cuyo juicio se abrió ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, para quienes el fiscal solicita entre cuatro y ocho años de prisión por su apoyo a los trabajadores municipales en un conflicto laboral con el Ayuntamiento.
El último ejemplo, y no el de menor gravedad, tiene que ver con el procesamiento de más de cien trabajadores sevillanos, afiliados al Sindicato de Obreros del Campo, multados y condenados sucesivamente por participar en huelgas, ocupaciones y cortes de carretera en apoyo de sus reivindicaciones.
Desde la convicción de que estos casos tienen un mismo origen, que consiste en la acción sindical de unos trabajadores que defienden sus legítimas reivindicaciones laborales frente a situaciones de injusticia social y de represión sindical, me atrevo a reiterarle nuestra preocupación por lo que, contemplado en su conjunto, podría suponer un retroceso en el ejercicio de las libertades consagradas por nuestra Constitución.
Por todo ello nos dirigimos a esa Fiscalía General del Estado, en la confianza de que se oriente la acción fiscal ponderando el conjunto de elementos, causas y contextos que concurren en cada uno de estos casos.
Finalmente, me complace solicitar una reunión con la Fiscalía General del Estado para conocer sus criterios de actuación en relación con el ejercicio de la libertad sindical en nuestro país.
Agradeciendo su interés y a la espera de su contestación, aprovecho la ocasión para transmitirle el testimonio de mi más alta consideración.
Gaspar Llamazares Trigo
IU FEDERAL MUESTRA SU "TOTAL APOYO" AL DIRIGENTE DEL SOC DIEGO CAÑAMERO POR EL "INJUSTO" JUICIO AL QUE SE ENFRENTA TRAS LA PROTESTA JORNALERA CONTRA LA DISTINCIÓN A LA DUQUESA DE ALBA
Madrid, 7 de marzo 2006
El coordinador ejecutivo de Organización de Izquierda Unida Federal, Joan Josep Nuet, ha mostrado el "total apoyo" de esta organización al secretario del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego Cañamero, ante el juicio rápido al que deberá comparecer el próximo 10 de marzo en los Juzgados del Prado de San Sebastián (Sevilla).
"Frente a la injusta acusación contra Cañamero -afirma Nuet- por los hechos que se sucedieron tras la brutal carga policial protagonizada por numerosos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el pasado 28 de febrero, como respuesta a la pacífica protesta de los jornaleros en contra de la concesión del título de 'Hija Predilecta de Andalucía' a Cayetana Fitz-James Stuart, Izquierda Unida Federal quiere manifestar su total apoyo al compañero Cañamero quien, junto a los hombres, mujeres y niños presentes en este acto se vieron sometidos y debieron soportar una represión policial del todo punto desproporcionada, gratuita e injustificada, en la que 14 personas resultaron heridas".
El dirigente de IU confía en que en el juicio rápido "resplandezca la verdad y se pueda comprobar la pacífica actuación de los jornaleros, el escrupuloso respeto a la ley que se produjo durante la propuesta y la falta de justificación de la Policía para actuar como lo hizo".
Nuet recuerda que "desde IU estamos poniendo en marcha todos los recursos políticos a nuestro alcance para aclarar este hecho y para que situaciones así no puedan repetirse en el futuro". El próximo jueves 9 el diputado autonómico de IU en el Parlamento Andaluz José Cabrero interpelará al presidente Manuel Chaves sobre este asunto. "Desde IU reprochamos la tibieza y la falta de sensibilidad con la que el PSOE ha tratado este tema, al no sumarse a las casi unánimes condenas a la actuación policial y a las numerosas muestras de apoyo que han recibido los responsables del SOC desde formaciones de izquierda, sindicatos, asociaciones y colectivos".
Mientras Cañamero deberá acudir a juicio, desde IU se coincide con los miembros del SOC en que aún se está a la espera de que la Duquesa de Alba pida públicas disculpas tras tachar de "locos y delincuentes" a los jornaleros que acogiéndose a sus derechos protestaban por una distinción hacia la que no ha hecho mérito alguno.
ISAURA NAVARRO PIDE QUE COMPAREZCAN CAFFAREL Y EL PRESIDENTE DE LA SEPI EN EL CONGRESO PARA EXPLICAR EL FUTURO DE LOS CENTROS TERRITORIALES DE RTVE Y EL CIERRE DE RADIO 4
Madrid, 04 de marzo de 2006
La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro ha registrado en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-ICV sendas peticiones de comparecencia ante la Comisión de Control de RTVE en el Congreso de la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, y del presidente de la SEPI para que "informen sobre el futuro de los centros territoriales de RTVE y del cierre de la emisora de RNR Radio 4".
El pasado miércoles Gaspar Llamazares e Isaura Navarro se reunieron con Caffarel, a la que manifestaron su "oposición al proyecto de saneamiento del ente público en los términos en los que ha sido presentado y la necesidad de salvaguardar los puestos de trabajo y que el plan se negocie y cuente con el consenso de los trabajadores y sus representantes sindicales", valora Navarro. Ésta, además, como diputada por Valencia, se interesó en particular por la situación en la que quedará el Centro Territorial de esta Comunidad.
Para la diputada de IU, el saneamiento del ente "no se debe basar en el despido indiscriminado de trabajadores. Estos no tienen culpa del derroche y la nefasta administración al que ha sido sometida la radiotelevisión pública por parte de los sucesivos gobiernos".
Navarro considera que "con este plan no está garantizado el mantenimiento de la función de servicio público que debe presidir la labor de los centros territoriales. Se pretende que éstos, con media hora de informativos al día, cumplan este servicio, olvidándose de que las nuevas necesidades de la televisión digital que se quiere poner en marcha abre la puerta a más programas de elaboración propia, como debates, reportajes o documentales de carácter autonómico, que pueden ser elaborados perfectamente con el personal existente que ahora se pretende despedir".
La diputada de Izquierda Unida recuerda que "nuestra formación permanecerá vigilante para evitar que, mientras por un lado se pretende despedir a trabajadores, por otro cada vez es más numerosa la externalización de servicios y la contratación de programas con productoras privadas".
IU CONDENA LOS ATENTADOS DE ETA QUE "DEMUESTRAN QUE LOS TERRORISTAS FALLAN AL TRATAR DE ALARGAR UN PROTAGONISMO QUE SÓLO ESTÁ EN MANOS DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA"
Madrid, 09 de marzo de 2006
Izquierda Unida condena "rotundamente" la colocación hoy por parte de ETA de dos artefactos explosivos en Cantabria y Navarra. Para esta organización, "acciones como estas, así como aquellas otras utilizando explosivos dirigidas a amedrentar a los empresarios o a través de cartas con el fin de recaudar dinero, no hacen más que demostrar que la organización terrorista trata de alargar un protagonismo que hace tiempo ya no tiene, para cerrar los ojos ante la casi unánime exigencia de que deje las armas definitivamente".
Frente a acciones de este tipo, Izquierda Unida considera que "debe anteponerse la unidad de la fuerzas democráticas, la firmeza de las instituciones y el abrumador apoyo de la sociedad para que los terroristas cedan y no perpetúen una situación que desde hace mucho tiempo les ha dejado en un callejón sin salida".
Por otra parte, el fracaso de la huelga convocada por Batasuna debe servir también de brújula para todo su entorno para "darse cuenta de que lo mejor que pueden aportar a los ciudadanos y ciudadanas vascos es contribuir sin reservas a una búsqueda democrática de la paz por la que trabajan tanto la sociedad como el conjunto de instituciones democráticas".
IZQUIERDA UNIDA REGISTRA UNA SOLICITUD URGENTE DE INFORMES AL GOBIERNO PARA QUE ENVÍE AL CONGRESO TODA LA INFORMACIÓN NO CLASIFICADA SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON ETA EN 1999
Madrid, 08 de marzo de 2006
El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy una "Solicitud de Informes o Documentos" urgente al Gobierno, fórmula contemplada por el Congreso de los Diputados, para que remita a la Cámara Baja toda la documentación no clasificada que obre en poder de cualquier ministerio "relativa a la reunión Gobierno-ETA en Zurich (Suiza) en 1999, así como sobre los contactos previos y posteriores a la misma".
Esta nueva iniciativa parlamentaria se produce un día después de que el martes se registrara la petición de comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, para exponer en sesión secreta la documentación de la que dispone sobre la negociación del Gobierno de José María Aznar con ETA.
Dadas las últimas declaraciones realizadas por varios miembros del Gobierno, en las que han afirmado o negado la existencia de documentación de estas características en sus respectivos departamentos, IU ha decidido completar así su batería de iniciativas parlamentarias para que todos los grupos y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país dispongan de toda la información posible sobre este asunto que no afecte a datos sensibles frente a la lucha antiterrorista.
Llamazares había anunciado públicamente su intención de llevar a cabo estas iniciativas parlamentarias después de que el propio Aznar negara el fin de semana en la convención del PP que su Gobierno hubiera iniciado proceso de negociación alguno con la organización terrorista y que sólo habían hablado para ver si los terroristas se rendían.
El coordinador de Izquierda Unida se mostró convencido de que si el Gobierno accede a desclasificar esos documentos se podrá demostrar que Aznar "mintió" sobre esa negociación, "igual que lo hizo sobre las armas de destrucción masiva en Irak".
En la petición registrada anteriormente se solicitó que el director del CNI exponga "la documentación en su poder relativa a la reunión Gobierno-ETA en Zurich (Suiza) en 1999, sus contactos previos y posteriores a la misma".
La petición se ampara en el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de este organismo, así como en el Reglamento del Congreso de los Diputados.
En principio, la comparecencia se pide ante la Comisión de control de los Gastos Reservados, en la que legalmente se tratan los asuntos del CNI, y de la que forman parten los portavoces de los ocho grupos parlamentarios de la Cámara que fueron elegidos por el Pleno para conocer información desclasificada. Eso sí, la formación que lidera Gaspar Llamazares no descarta una segunda vía, como pudiera ser la comparecencia en la Comisión de Defensa, obviamente también en sesión secreta.
LLAMAZARES FORMALIZA LA PETICIÓN DE COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DEL DIRECTOR DEL CNI PARA DEMOSTRAR QUE AZNAR NEGOCIÓ CON ETA
Madrid, 07 de marzo de 2006
El coordinador general de IU y presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha formalizó esta tarde en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, para exponer en sesión secreta la documentación de la que dispone sobre la negociación del Gobierno de José María Aznar con ETA en 1999.
Llamazares había anunciado públicamente su intención de llevar a cabo esta iniciativa parlamentaria después de que el propio Aznar negara este fin de semana en la convención del PP que su Gobierno hubiera iniciado proceso de negociación alguno con la organización terrorista y que sólo habían hablado para ver si los terroristas se rendían.
El coordinador de Izquierda Unida se mostró convencido de que si el Gobierno accede a desclasificar esos documentos se podrá demostrar que Aznar "mintió" sobre esa negociación, "igual que lo hizo sobre las armas de destrucción masiva en Irak".
En la petición registrada se solicita que el director del CNI exponga "la documentación en su poder relativa a la reunión Gobierno-ETA en Zurich (Suiza) en 1999, sus contactos previos y posteriores a la misma".
La petición se ampara en el artículo 11 de la Ley del CNI, que establece el control parlamentario de este organismo, así como en el Reglamento del Congreso de los Diputados.
En principio, la comparecencia se pide ante la Comisión de control de los Gastos Reservados, en la que legalmente se tratan los asuntos del CNI, y de la que forman parten los portavoces de los ocho grupos parlamentarios de la Cámara que fueron elegidos por el Pleno para conocer información desclasificada. Eso sí, la formación que lidera Gaspar Llamazares no descarta una segunda vía, como pudiera ser la comparecencia en la Comisión de Defensa, obviamente también en sesión secreta.
EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU-ICV REITERA AL GOBIERNO SU EXIGENCIA PARA LA "INMEDIATA RETIRADA DE TODAS LAS TROPAS ESPAÑOLAS DESTACADAS EN AFGANISTÁN"
Madrid, 08 de marzo de 2006
IU-ICV sigue esperando que Bono responda a la solicitud registrada el 9 de febrero para que comparezca para explicar los cambios en la misión de la ISAF para su fusión con las labores de combate en el marco de la operación "Libertad Duradera"
Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario de IU-ICV, ante los planes del Gobierno para enviar a Afganistán cerca de 200 soldados más para que se sumen al actual contingente de 540 militares desplegados en la zona, ha exigido al Gobierno "la inmediata retirada de todas las tropas españolas en este país", según ha explicado Gaspar Llamazares.
"Resulta muy triste -afirma Llamazares- que al final nos encontremos con que el tiempo nos ha dado la razón cuando denunciamos que la intención del Gobierno era aumentar en el futuro la presencia de las tropas españolas en Afganistán, por mucho que estos extremos nos fueran negados".
"No sólo no estamos dispuestos a que el contingente actual aumente, sino que exigimos que todos los soldados regresen de inmediato. Ante los últimos cambios producidos en el territorio afgano y las decisiones políticas y militares tomadas a nivel internacional desde distintos organismos, existe un manifiesto peligro de que se varíe el mandato inicial por el que el Congreso, con nuestro voto en contra, autorizó el envío de estas tropas", afirma el coordinador general de IU.
Además, desde IU-ICV se recuerda que este grupo parlamentario sigue a la espera de que el ministro de Defensa, José Bono, responda a la solicitud de comparecencia registrada en el Congreso para que dé explicaciones ante la Comisión de Defensa sobre "la reunión celebrada el 9 de febrero de 2006 por el Comité Militar de la OTAN, en particular, sobre los cambios en la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) para su fusión con la misión de combate de las tropas de EE.UU en el marco de la operación 'Libertad Duradera'".
Para Gaspar Llamazares, "Bono debe aclarar en sede parlamentaria qué es eso de que España va a apoyar la 'coordinación de funciones' en Afganistán de ambas operaciones. Estamos hartos del doble lenguaje que sigue Defensa en estos temas y pedimos una aclaración exhaustiva y definitiva".
Según los datos a los que tuvo acceso Izquierda Unida, la OTAN informó en enero al Gobierno español a través del JEMAD, general Félix Sanz, de su propuesta para unificar la ISAF y 'Libertad Duradera' bajo un mando único. Esta fusión, a su vez, se dividiría en cuatro departamentos -Lucha contra el terrorismo, contra el Narcotráfico, Seguridad y Reconstrucción-. "Nosotros no queremos tecnicismos ni medias tintas. Desde Izquierda Unida, que se opuso al envío de tropas a Afganistán desde el primer momento, no estamos dispuestos a que se varíe la misión de ayuda de nuestros soldados allí y seguiremos trabajando para su vuelta lo más rápido posible".
Además, Llamazares ya ha registrado sendas preguntas dirigidas al Gobierno para interesarse por la participación de las tropas españolas en labores de 'policía antidisturbios' disolviendo manifestaciones de civiles, también en Afganistán, con motivo de las protestas suscitadas en este país por la polémica sobre las caricaturas de Mahoma publicadas en un medio de comunicación danés.
Las tropas españolas destinadas en la localidad afgana de Herat, donde se produjeron más de una decena de muerte por estos enfrentamientos, fueron requeridas a principios de semana para hacer labores de seguridad frente a la población civil.
Para Llamazares, "esta actuación de nuestros soldados no tiene nada que ver con la 'alianza de civilizaciones' que tanto defiende el presidente del Gobierno, ni con la misión de reconstrucción aprobada por el Congreso de los Diputados, que implica también tareas de seguridad, pero en ningún caso de orden público, y menos actuar como una especie de 'geos' en Afganistán. Estas actuaciones corresponden hacerlas únicamente a las Fuerzas de Seguridad de Afganistán, no a las Fuerzas Armadas españolas".
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