Secciones: Documentos, opinión, debate - El Problema Español - Correo recibidoTítulo: La fuerza de la memoria y el poder constituyente del NO en la reconstrucción de la izquierda revolucionaria en el Estado español. Texto del artículo:
La fuerza de la memoria y el poder constituyente del NO en la
reconstrucción de la izquierda revolucionaria en el Estado español.
Ángeles Maestro
Corriente Roja
El presente trabajo pretende identificar la necesidad ineludible de que la
reconstrucción del proyecto revolucionario en el Estado español reanude la
continuidad histórica de la lucha por la emancipación de la clase obrera y
de los pueblos del Estado español truncada por una Transición que, en aras
de la instauración de formas políticas propias de una muy limitada
democracia burguesa, garantizó la continuidad en lo esencial de la
estructura de poder económico, militar, policial y judicial de la Dictadura.
Este proceso se sustentó en una monarquía sin otra legitimidad que su
designación por Franco.
Si bien el proceso de desmoronamiento ideológico, político y organizativo de
las organizaciones de la izquierda tradicional, política y sindical, del
Estado español, comparte características y causas con el sufrido por estas
entidades en otros países capitalistas europeos, hay factores específicos
directamente vinculados con su papel la Transición sin cuyo análisis es
imposible entender la magnitud del desastre y mucho menos abordar la ardua y
compleja tarea de la reconstrucción de la izquierda revolucionaria.
Dice Rodolfo Walsh que las clases dominantes siempre han procurado que los
pueblos no tengamos historia, ni héroes, que se pierda la experiencia
colectiva y que cada lucha deba empezar de nuevo. Cuando las principales
organizaciones de las clases oprimidas se hacen cómplices de la amputación
de la memoria, el desastre es mucho mayor.
Este proceso de demolición lento y sistemático de las organizaciones de
clase tiene origen en su decisiva participación en un gran consenso que
consagró la intangibilidad del Estado surgido de la Transición y en un
gigantesco pacto de silencio sobre la masacre de las cuatro décadas
anteriores, y que, en la medida que afectaba a su propia naturaleza, acabo
destruyendo su identidad. Sobre esa base fue mucho más fácil ir desvirtuando
los ejes estratégicos de su programa político hasta hacerlos desaparecer: la
reivindicación de la República como instrumento de soberanía popular, la
agudización de la lucha de clases para la destrucción del Estado
capitalista, el derecho de autodeterminación de los pueblos y su carácter
antiimperialista.
Las claves del marco jurídico-político de la Transición
El objetivo de la ruptura democrática que vertebró la lucha contra la
Dictadura nunca vio la luz. Más bien todo lo contrario. El apoyo de los
grupos parlamentarios de la izquierda a la Ley de Amnistía[1] de 15 de
octubre de 1977, la firma por el PCE y el PSOE de los Pactos de la
Moncloa[2] doce días después y, como colofón, su defensa de la Constitución
de 1978 definen la Transición y expresan otra muy diferente ruptura: la del
PCE, organización que hegemonizó la lucha antifascista, con los elementos
esenciales de su programa político.
La ley de Amnistía liquidaba cualquier responsabilidad por “todos los actos
de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados
como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre
de mil novecientos setenta y seis”. Quedaban impunes los centenares de miles
de asesinatos, torturas, encarcelamientos, despidos, perpetrados por la
Dictadura contra todo un pueblo. Era y es una de las más gigantescas “leyes
de punto final” que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado.
Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la
magnitud del fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre
de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la
Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la policía de cinco
trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne
Ministro de la Gobernación.
De su carácter de “ley de punto final” vigente hasta la fecha da cuenta lo
siguiente: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ante las demandas judiciales de anulación de los juicios militares
sumarísimos – como en los casos antes citados, en el de Julián Grimau, en
los de los anarquistas Granado[3] y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963
y los de tantos otros, han utilizado la Ley de Amnistía y la Constitución de
1978 como verdaderas leyes de punto final para denegar cualquier revisión,
garantes así de la impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de
comunicación, ni en círculos políticos o judiciales, parece haberle llamado
la atención que el mismo alto tribunal español haya declarado en varias
ocasiones competente a la justicia española para procesar a dirigentes de
otros países responsables de crímenes de Estado, considerando para ello como
ilegítimos marcos jurídicos semejantes al nuestro.
Significativamente, doce días después de la Ley de Amnistía se firman los
Pactos de la Moncloa. Podría pensarse que en la citada Ley se trataba
exclusivamente de la anulación de la responsabilidad penal por los delitos y
que el “punto final” era así mismo borrón y cuenta nueva para depurar los
elementos más comprometidos con la Dictadura de los nuevos aparatos del
Estado. Nada más lejos de la realidad. En el preámbulo de los Pactos se
alude exclusivamente como justificación de los mismos a la crisis económica
por la que atraviesa el país y a la necesidad de abordar “unánimemente” las
medidas necesarias. Dos son los grandes apartados abordados: Acción Jurídica
y Política, y Saneamiento y Reforma de la Economía. En el primero de ellos
se trata de la libertad de prensa, reunión, asociación y manifestación y de
medidas de reorganización administrativa de las fuerzas de seguridad del
Estado. Ni una palabra acerca de su democratización, nada acerca de
responsabilidades, nada sobre el ejército, sobre la judicatura, sobre la
corrupción en empresas públicas, etc.
La Constitución de 1978 consagra una democracia burguesa seriamente limitada
e impone una monarquía heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra
de la legalidad republicana y usurpando la decisión popular acerca de la
forma de Estado. El rey es el jefe supremo del ejército, quien a su vez es
instituido como garante de la unidad de España. Niega uno de los pilares de
la lucha por la libertad de los pueblos del Estado español: el derecho de
Autodeterminación. Establece como inalienable el derecho de propiedad y la
libertad de empresa, mientras los derechos sociales carecen de garantía
alguna. La soberanía popular y la democracia directa quedan reguladas por la
Ley de Referéndum más restrictiva de la UE. La soberanía nacional, ya
pisoteada por los patriotas fascistas con la instalación de numerosas bases
de EE.UU., se hipoteca definitivamente con la entrada en la OTAN y la UEO.
El consenso sobre el papel del Estado y la política antiterrorista, 30 años
antes de G. W. Bush
El incesante recurso al consenso para justificar la aceptación por parte de
la izquierda de un orden político y económico a la medida de la oligarquía
española, y el pacto de silencio sobre la Guerra Civil, los cientos de miles
de asesinatos tras la entrada de los “nacionales” en cada pueblo y en la
larga posguerra, el maquis, la brutal represión de las organizaciones
populares y el frecuente recurso al espantajo de la amenaza de golpe de
estado, consumaron, excepto en Euzkadi, la profunda desvertebración política
e ideológica de los pueblos del Estado español. Fenómenos de subcultura como
la “movida” de los años 80 y la entrada masiva de droga en los barrios
obreros de las grandes ciudades, sirvieron para narcotizar la voluntad de
resistencia y de rebeldía de una juventud, difícil de domesticar de otra
manera, y que veía el avance inexorable de las políticas neoliberales al
tiempo que se hundían sin alternativa los proyectos revolucionarios de
generaciones anteriores.
El gran consenso, origen de todos los demás, fue el que se tejió, con la
complicidad de partidos que se autoproclamaban marxistas, acerca del
carácter neutral del Estado. La quiebra definitiva del más mínimo
planteamiento de transformación social fue asimilar que todo lo que es el
Estado (ejército, fuerzas represivas, aparato judicial, política exterior,
instituciones…etc.), no representa intereses de clase, sino que se sitúa en
un sagrado limbo, por encima de los conflictos sociales. La limitadísima
democracia burguesa, con un rey a la cabeza nombrado por Franco y con unos
aparatos del Estado heredados de la Dictadura, con sus jerarquías
intactas[5], eran la Democracia. Quienes salieran de sus límites eran,
terroristas, sobre quienes debía caer el peso de sus democráticas leyes y de
la violencia del único depositario legítimo de la misma. La defensa del
Derecho de Autodeterminación de los pueblos como principio democrático
básico por parte de la izquierda[6], fue una de las primeras desaparecidas
en las turbias aguas de la Transición. Se abría así un abismo insalvable
entre la izquierda institucional y la izquierda abertzale y, lo que es más
grave, con la decidida complicidad de CC.OO. y UGT se inoculó el españolismo
antiterrorista, situado ideológicamente en los aledaños del fascismo, en
amplios sectores populares.
La negación por parte de la izquierda de la naturaleza del Estado como
instrumento privilegiado de la burguesía en la lucha de clases – máxime
cuando conserva intacta la herencia fascista - que impregna a todas y cada
una de sus instituciones y que ejerce la más brutal violencia social para
sostener un sistema que se sustenta en la dictadura del capital sobre el
resto de la sociedad, es el auténtico pilar de la Transición sobre el que se
edifica el famoso consenso. Esa es la clave de bóveda que ha sustentado y
sustenta la complicidad de la izquierda en toda la trama antiterrorista;
desde el apoyo del PSOE y del PCE a la Ley Antiterrorista de 1980, al
ejercicio directo del terrorismo de estado con el GAL del PSOE, el Pacto
Antiterrorista PSOE-PP, la Ley de Partidos Políticos, la ilegalización de
Batasuna con la abstención de IU, el voto favorable del grupo socialista y
de IU a la Orden de detención europea, la aceptación durante las primeras 48
horas de la tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M por parte
del PSOE, PCE e IU, etc.
El fantasma del golpe de estado ha sido profusamente agitado y utilizado en
ocasiones claves para prevenir actitudes o decisiones que rompieran el guión
establecido. Algunos de los sucesos más significativos son los siguientes:
- la reiterada afirmación de Santiago Carrillo de que “el color de
una bandera no merece una Guerra Civil” ante la traumática decisión de
prohibir a su militancia la exhibición de banderas republicanas.
- la intervención de Tierno Galván en 1979 en el Congreso del PSOE,
cuando Felipe González vio derrotada su tesis preconizadora del abandono del
marxismo, advirtiendo a los delegados que si adoptaban una dirección no
aprobada por González “mañana mismo los alemanes cortan la financiación del
partido, en unos días más los tanques ocupan las calles de Madrid”[7].
- el intento de golpe de estado del 23 de febrero, como los
analistas independientes[8] muestran con claridad, tuvo a Tejero y a Milans
del Bosch como conejillos de indias de la versión más burda de un doble
montaje. De la operación, también golpista, pero de guante blanco y mucho
más compleja, formaban parte líderes de los grupos parlamentarios
comprometidos en un gobierno de “concentración nacional”[9] presidido por el
general Armada. Ambos proyectos eran conocidos por el rey y ambos contaban
con él como Jefe del Estado y como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
Finalmente Tejero desbarató la “operación Armada” y el rey apareció como
salvador de la democracia.
A la desnaturalización ideológica y política de lo que fue izquierda
revolucionaria, le siguió su liquidación organizativa. Decenas de miles de
militantes abandonaron el PCE entre 1977 y 1982, año en el que se produjo su
debacle electoral. Algo semejante ocurrió en otros partidos situados a su
izquierda. La institucionalización de sus cuadros se continuó con una
militancia clientelar, alrededor de ayuntamientos y empresas. La creación
masiva de ONGs por parte de partidos de izquierda, movimientos sociales y
sindicatos se configuró desde entonces como un privilegiado aliado de la
coartada de la “cooperación” y la “ayuda humanitaria” para enmascarar
procesos de recolonización e intervenciones militares; es, además, un
valiosísimo aliado de privatizaciones y, sobre todo, un poderoso instrumento
de integración económica y de neutralización de rebeldías juveniles.
El auge de IU en la etapa de Anguita no ha sido más que un paréntesis en
este proceso. Como se ha demostrado estaban en su código genético los
elementos fundamentales de la desnaturalización del PCE. Los intentos del
Coordinador General de cuestionar la Constitución en 1997 y de abordar el
Derecho de Autodeterminación con la integración de Ezker Batua en el pacto
de Lizarra en 1998, fueron abortados desde el interior de la organización y
quedaron reducidos a meros brindis al sol. Algo parecido ocurrió con la
Plataforma por las 35 horas por Ley constituida el mismo año: nació con
vocación de proyecto estratégico para enfrentar el entreguismo sindical y
desapareció sin dejar rastro apenas un año más tarde, cuando Frutos
sustituyó a Anguita para realizar el pacto pre-electoral IU-PSOE en el año
2000. Se inauguraba formalmente su subordinación al mismo y se liquidaba
cualquier veleidad anti-sistema.
El principio del entreguismo sindical
El escenario de las relaciones laborales es el otro ámbito privilegiado en
el que se pone de manifiesto el cambio cualitativo operado en la izquierda
política y sindical durante la Transición, con las desastrosas consecuencias
para la clase obrera que estamos viviendo.
En abril de 1976, con los sindicatos de clase y la izquierda política aún en
la clandestinidad, pero con un alto grado de organización y combatividad de
la clase obrera, se promulgaba la Ley de Relaciones Laborales[10] más
avanzada que se ha conocido. En ella se reconocían amplios derechos
laborales y, sobre todo, se establecía por primera vez el objetivo general
de la estabilidad en el empleo y el carácter básico de la contratación
indefinida, concretándose unas pocas excepciones. Llama la atención que esta
Ley se promulgase en plena crisis económica y cuando la mayor parte de los
ordenamientos jurídicos de Europa occidental estaban evolucionando hacia la
“flexibilidad”. La clase obrera era fuerte y la correlación de fuerzas
mandaba.
Su vigencia duró poco más de un año. Los Pactos de la Moncloa, de 25 de
octubre de 1977, cuestionaron frontalmente lo promulgado 18 meses antes y se
reintroduce la contratación temporal[11], vigente durante toda la Dictadura
y objetivo concreto de duras luchas obreras. Un mes más tarde se publicó un
Real Decreto[12] que autorizaba la realización de contratos temporales a
trabajadores en paro y a trabajadores “juveniles”, sin tener que someterlos
a la “formalidad” de justificar su causalidad. En una de tantas paradojas de
la Transición, la recién estrenada democracia conculcó por Real Decreto el
contenido de una Ley de Relaciones Laborales sin que, ni los recién
legalizados sindicatos, ni el recién elegido Parlamento dijeran
absolutamente nada. Para dar una idea de las dimensiones del hecho que
inauguró un proceso de entreguismo sindical que parece no acabar nunca, hay
que recordar que ese tipo de contrato basura para jóvenes es el mismo contra
el que están luchando estos días millones de trabajadores y estudiantes en
Francia.
Contrarreforma tras contrarreforma, lo sucedido después es una cadena sin
fin de privatizaciones, desregulaciones, generalización progresiva de la
temporalidad, subvenciones, exenciones fiscales y bonificaciones de las
cuotas a la Seguridad Social de la patronal.
Tres grandes huelgas generales se han sucedido en 1988, 1994 y 2002 sin que
la amplia respuesta de l@s trabajador@s se utilizara como instrumento de
presión sindical. La aceptación de la competitividad como ley suprema a la
cual se subordinan las relaciones laborales ha marcado la más absoluta
domesticación de las dos grandes centrales sindicales, generosamente
lubricada con dinero y prebendas de la patronal y, sobre todo, de los
Presupuestos Generales del Estado.
“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”
Desde finales de la década de los 90 tiene lugar en el Estado español, como
en otros lugares del mundo, un significativo resurgimiento de la
movilización de masas, con participación mayoritaria de jóvenes, al margen
de las organizaciones tradicionales de la izquierda, con contenidos de
crítica radical al capitalismo y profunda vocación internacionalista.
Una peculiaridad se añade. Si bien la existencia de alguna bandera
republicana era constante en cualquier movilización popular, su presencia
masiva y creciente en las manifestaciones antiglobalización, contra la
LOU,.. etc, culmina en miles de tricolores portadas sobre todo por jóvenes,
ondeando en las manifestaciones contra la invasión de Iraq. Al tiempo, dos
lemas se imponen como demoledoras acusaciones al sistema de ilegitimidad:
“Lo llaman democracia y no lo es” y “No nos representan”.
El 6 de diciembre de 2003, por primera vez, mientras el Congreso de los
Diputados presidido por el rey se celebraba con gran boato el 25 aniversario
de la Constitución se convocó en Madrid una manifestación por la III
República y contra la Constitución de 1978, por el Derecho de
Autodeterminación de los Pueblos y por la Soberanía Popular. Se pasó de la
mera conmemoración nostálgica y de pequeñas concentraciones a la presencia
de miles de personas en la calle, muy mayoritariamente jóvenes, con
reivindicaciones claramente rupturistas.
Cuatro meses después, el 13 de marzo, tras los brutales atentados de Atocha,
en todos los pueblos y ciudades la gente protagonizó una verdadera revuelta
popular – sin referente político alguno – para denunciar la manipulación
informativa y echar al gobierno del PP. El análisis de comunicados y
declaraciones documenta el amplísimo seguimiento de la tesis gubernamental
de la autoría de ETA[13], no sólo por parte del PSOE, CC.OO. y UGT, sino
también por parte del PCE, IU, Ezquerra Republicana de Catalunya o el
sindicato CGT, lo que confiere aún mayor valor a la autonomía de pensamiento
mostrada por la gente en la calle. Al igual que otros medios de comunicación
alternativos como la haine, kaos en la red, indymedia barcelona o nodo50,
una modesta organización como Corriente Roja [14] fue capaz de denunciar el
mismo día 11 y al día siguiente las mentiras del gobierno, la complicidad de
la izquierda política y sindical y la responsabilidad del PP y las
multinacionales españolas . Aún a las 19h del 12 de marzo se podía ver en la
manifestación de Madrid a los máximos dirigentes del PSOE, PCE, IU, CC.OO y
UGT al lado de Aznar y de la familia real tras la misma pancarta en la
enésima reedición de la “unidad antiterrorista”. Al día siguiente la ira de
gente ocupando las calles cambiaría radicalmente el panorama político. Al
igual que sucedió el trece de abril de 1931 con Alfonso XIII, el pueblo
gritó a Aznar, para que no cupiera ninguna duda: “¡Que no te has marchao,
que te hemos echao!”.
Tres colores que remueven los cimientos del sistema
La trascendencia y el progresivo carácter masivo de la reivindicación
republicana ha llevado al gobierno, con el apoyo de IU, a intentar
convertirla en un icono inofensivo, mellando su esencia antisistema,
reduciéndola a la mera reivindicación nostálgica e incluso intentando
equiparar responsabilidades entre “los dos bandos”.
Dos ejemplos ilustran suficientemente este nuevo intento de desvirtuar y
castrar la semilla revolucionaria que en este país, contiene la República.
El más patético tuvo lugar el 12 de octubre de 2004 cuando en el desfile de
las Fuerzas Armadas – acto que en sí mismo recuerda vivamente la continuidad
del franquismo – se hizo marchar a un combatiente de la República, junto a
otro que fue a defender el III Reich con la División Azul. Mucho más sutil
es la Proposición de Ley presentada por Izquierda Verde (antes IU) y
aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por la que “Se declara
2006 como año de la Memoria en homenaje y reconocimiento de la Segunda
República como antecedente de la Constitución de 1978...”[15] La legalidad
constitucional de la II República, truncada salvajemente por un golpe
fascista seguido de tres años de guerra civil, es el antecedente de una
monarquía surgida directamente de la Dictadura... La falta absoluta de
lógica de la propuesta muestra con claridad la colaboración – impagable por
proceder precisamente de IU – para intentar ocultar, ante el arraigo popular
de la reivindicación republicana, que el rey está desnudo.
Está apilándose material altamente inflamable..
Es evidente que el poder intuye que pueden mezclarse ingredientes altamente
peligrosos. Por un lado la rebeldía radical ante un sistema que niega
cualquier esperanza de futuro a la inmensa mayoría de los jóvenes y que se
ha expresado en un movimiento antiglobalización de contenidos
mayoritariamente anticapitalistas, que la socialdemocracia intentó con todas
sus fuerzas ocultar pero que sigue ahí latiendo. Por otro, su capacidad de
entroncar con una memoria histórica rota, oculta y silenciada, y por lo
tanto, con toda su fuerza intacta. El pánico, el recuerdo del terror,
utilizado de forma desvergonzada como argumento definitivo y aplastante
frente a las ansias de libertad de generaciones anteriores, no vale ya
ahora.
Lo más fecundo del movimiento republicano es precisamente la utilización
espontánea de esa bandera por los jóvenes para expresar rebeldía,
contrapoder, cuestionamiento radical del orden existente.
Como se decía en el manifiesto del 6 de diciembre de 2003, los jóvenes de
hoy, que sufren la precariedad y el paro y que asisten cada día a la
impúdica exhibición de la barbarie y la hipocresía, ni vivieron la
Transición, ni se sienten rehenes de ese proceso político en el que no
participaron. Unas veces a tientas y otras a borbotones van mezclando poco a
poco muchos ingredientes: la rebeldía, la voluntad de resistir, la
reivindicación de la soberanía como construcción de la democracia directa,
la ruptura con todas las instituciones del sistema capitalista, la denuncia
del cinismo de los partidos y sindicatos que actúan como apagafuegos del
orden establecido, el antiimperialismo como método de análisis y de
solidaridad internacionalista, la búsqueda constante de la unidad desde la
aceptación primaria de la diversidad ideológica y el convencimiento de que
sólo ese caldo de cultivo, en el que son necesarias todas las partes,
aportará la masa crítica para la reconstrucción del proyecto revolucionario,
al calor de las luchas sociales.
No ha sido suficientemente analizado el papel devastador de todas las
renuncias de la Transición en la conciencia y la identidad de los pueblos
del Estado español[16]. No se trató sólo de retrocesos en conquistas
sociales, ni de la dolorosa comprobación de la desintegración ideológica y
organizativa de organizaciones que fueron referentes de la dignidad
individual y colectiva. Se vivió una auténtica anomia[17] como pueblo que
actuó como poderoso catalizador de la desintegración de la resistencia
popular después de la Transición.
En la antítesis, la izquierda nacionalista vasca (y otras organizaciones
menores de Catalunya y Galiza) – intérprete y representante de una buena
parte de su pueblo – no aceptó la Constitución de 1978 y ha sido capaz de
mantener, en clamorosa diferencia con la izquierda del resto el Estado, sus
organizaciones y sus reivindicaciones nacionales y de clase. Treinta años
después, tras persecuciones, ilegalizaciones, encarcelamientos y torturas
demuestran – con la presencia masiva de jóvenes y su enorme capacidad de
movilización – la fuerza de su proyecto político.
Precisamente la necesidad de que la fuerza de ese ejemplo de resistencia
frente al Estado y sus aparatos – ampliamente reconocido por los jóvenes más
conscientes de los diferentes territorios del Estado – se convierta en
patrimonio colectivo, junto a la posibilidad y necesidad de que todo ello
fragüe en una nueva recomposición de la unidad de clase entre los pueblos
del Estado español, que, por supuesto, parta del derecho inalienable a
decidir su futuro como nación, es otro imprescindible elemento que es
preciso incorporar a la conciencia y a la identidad colectiva.
La lucha antisistema, la voluntad de contrapoder, aquí y ahora de jóvenes,
mujeres, inmigrantes y de tod@s <mailto:to@s> aquell@s que no somos vistos
por el poder más que como mercancías, es el terreno abonado para que germine
la semilla revolucionaria, libertaria y comunista. Si el arma más importante
en manos de los dominadores es la aceptación de su inevitabilidad por los
dominados, la fuerza de la memoria de uno de los ejemplos más luminosos de
rebeldía, de resistencia y de internacionalismo, el que ofrecieron los
pueblos del Estado español en defensa de la república y de su revolución,
debe vertebrar el si, se puede primario, imprescindible, fundante.
Madrid, 21 de marzo de 2006
Nines MaestroArtículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 22/03/2006 - Modificar
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