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Sección: Mundo Insurgente

Título: Informe sobre Bolivia, por Francisco Fernández Buey- Enlace 1

Texto del artículo:




“Ninguna otra carta magna combina y compone como esta, en proyecto, la
fraternidad republicana en el tratamiento de las diferencias
lingüísticas, culturales y étnicas con la intención medio-ambientalista
al abordar las contradicciones y ambigüedades del llamado desarrollo
económico y con el respeto recíproco, en el plano jurídico-político, a
los usos y costumbres de los distintos pueblos indígenas y de la
sociedad civil en general”.
Durante los días 13 y 14 de abril ha tenido lugar en La Paz un seminario
internacional bajo el título de Una Constitución para el cambio en
Bolivia. Perspectivas multiculturales y multinacionales. Organizado por
la Vicepresidencia de la República, la Fundación Europa de los
Ciudadanos (España), el Centro de Estudios Políticos y Sociales
(España), el Laboratorio de Políticas de la Universidad de Río de
Janeiro (Brasil) y otras entidades universitarias bolivianas,
participaron en este seminario profesores y analistas políticos
latino-americanos (Álvaro García Linera, Luis Tapia, Anibal Quijano,
Pablo Dávalos, Gerardo Caetano y Emir Sader) y españoles (Pedro Chaves,
Roberto Viciano, Miquel Caminal y yo mismo). Estaba invitado también el
analista portugués, teórico de la democracia participativa, Boaventura
da Sousa Santos, que a última hora no pudo trasladarse a La Paz por
problemas familiares.
Este encuentro internacional ha coincidido en el tiempo con otros varios
sucesos que conviene mencionar aquí para que el lector se haga una idea
del contexto: la visita de Evo Morales a Cochabamba, que ha puesto de
manifiesto el predicamento del presidente entre los indígenas,
campesinos y trabajadores en general; el secuestro temporal de tres
ministros de su gobierno en Puerto Suárez, una localidad fronteriza con
Brasil y una huelga de transportistas que ha afectado a parte del país,
hechos que revelan la existencia de intereses corporativos en conflicto
con el actual proyecto de gubernamental; el reciente anuncio público de
que la magistratura del país admite por fin a trámite denuncias por
corrupción contra los tres primeros mandatarios anteriores, lo que, a
pesar del choque inicial de Evo Morales con el poder judicial, refuerza
las razones que tuvieron los integrantes de los distintos movimientos
sociales para rebelarse contra el sistema político tradicional; y el
inicio del debate público sobre las formas de representación y los
objetivos del proceso constituyente, piedra de toque para comprobar el
tipo de relaciones existente entre el gobierno y los movimientos
rebeldes que contribuyeron de una forma decisiva al triunfo de Evo
Morales en las últimas elecciones.
Lo visto allí, dentro y fuera del Seminario, en la Universidad de San
Andrés, en las calles de la Paz, en el abigarrado y populoso mercado
dominical de El Alto y en los medios de comunicación, permite hacerse
una primera idea, desde luego parcial, limitada y fragmentaria, de la
situación del país, de las expectativas que en Bolivia ha levantado el
proyecto evista y de los problemas que éste va a tener que afrontar en
los próximos tiempos.
Cabe destacar, en primer lugar, que las expectativas levantadas por la
victoria de Evo Morales en las últimas elecciones no afectan sólo a la
mayoría de la población de Bolivia, hoy por hoy uno de los países más
empobrecidos de América Latina, sino a la ciudadanía de toda América del
Sur. Así lo manifestaron reiteradamente durante el encuentro
internacional en La Paz los asistentes al mismo, procedentes de Perú,
Ecuador, Uruguay y Brasil. Pueblos indígenas, campesinos cocaleros,
trabajadores urbanos, sindicalistas de nuevo cuño, estudiantes y
muchísimos ciudadanos que en estos países han sido tratados durante
décadas como simples súbditos tienen hoy los ojos puestos en el proyecto
del MAS liderado por Evo Morales. Y esperan mucho de la evolución
positiva de este proyecto. Tanto es así que la frase más repetida
durante el Encuentro en La Paz ha sido esta: “En Bolivia se está jugando
el futuro de gran parte de América Latina”.
No es ésta una frase ritual de las que se pronuncian en los congresos
por cortesía o para captar la benevolencia de los oyentes. Es bastante
más que eso, pues del proyecto de Evo Morales esperan mucho,
efectivamente, no sólo los sectores sociales que he mencionado y
trabajadores que viven muy precariamente de la economía familiar o los
varios cientos de miles de bolivianos que, en las últimas décadas, se
vieron forzados a emigrar a Argentina, España o los Estados Unidos de
Norteamérica, sino también muchísimos otros latinoamericanos que en los
últimos tiempos vienen manifestándose contra los efectos de los
políticas neoliberales y contra el ALCA, luchando por la recuperación de
los recursos naturales e intentando dar un sentido concreto a las
palabras dignidad y soberanía en un mundo en el que casi todo está
intervenido en nombre de una libertad única, la proclamada libertad del
gran mercado que convierte en simples siervos a tantas gentes.
En estos próximos meses de 2006 la Bolivia de Evo Morales tendrá que
hacer frente a dos grandes asuntos que estaban ya en el programa
electoral del MAS: la nacionalización de los principales recursos
energéticos del país y la configuración de una Asamblea Constituyente
que concluirá en la redacción de una nueva Constitución. En su
intervención en las sesiones del Seminario de La Paz, el vicepresidente
del gobierno boliviano, Álvaro García Linera, avanzó ya algunos de los
principios y criterios que orientarán la política gubernamental: habrá
nacionalizaciones sin expropiación y se tenderá a la constitución de un
Estado multinacional que ponga fin a la exclusión secular de las
naciones indias.
Por lo que yo sé, esta es la primera vez en la historia de América
Latina en que se abordan conjunta y simultáneamente, y además desde el
punto de vista de los de abajo, los dos grandes problemas de aquel
mundo: el problema económico-social (marcado por las desigualdades y la
existencia de importantes franjas de pobreza) y el problema nacional, o
sea, la articulación alternativa, con criterios igualitarios y
solidarios, de las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas. El
hecho de que Evo Morales haya sido al mismo tiempo un dirigente cocalero
con experiencia sindical y un aymara perteneciente a la cultura hoy
mayoritaria en el país, pero tradicionalmente minorizada o excluida de
la esfera pública, tiene mucho que ver con esta novedad histórica. Pero,
aún así, siendo este hecho importante, no es lo determinante del proceso
en curso.
Lo determinante en el proceso boliviano ha sido la gran movilización
socio-política y socio-cultural que ha tenido lugar en el país en los
últimos tiempos, la conjunción de las reivindicaciones de sectores
sociales y étnicos muy heterogéneos que se expresaron en varias
“marchas” y “bloqueos”, en los que participaron indígenas, campesinos
pobres, trabajadores de la economía informal, amas de casa con
conciencia de nuevo papel de la mujer, medio-ambientalistas con
conciencia social y sindicalistas de nuevo cuño, y que, por fin,
confluyeron en un programa alternativo y razonable del que Evo Morales
resultó portavoz principal. Fue la protesta y la presión de amplísimos
sectores sociales, en una sociedad tan abigarrada como corroída por la
corrupción, lo que puso fin a la hegemonía de los partidos políticos
tradicionales y lo que ha dado al MAS y a Evo Morales la oportunidad de
cambiar de abajo a arriba las relaciones socio-culturales y la forma de
hacer política imperante durante décadas. Lo que empieza a llamarse
evismo es una consecuencia de esto. Y por ello el proceso boliviano no
puede ser identificado en absoluto con otros procesos latino-americanos
próximos a lo que Antonio Gramsci llamaba, allá por los años treinta del
siglo pasado, cesarismo progresivo o al caudillismo.
Para argumentar lo que digo bastará con un ejemplo. Para un europeo una
de las cosas más llamativas y a la vez fascinantes del encuentro
internacional mencionado, ponencias o comunicaciones aparte, no fue sólo
la alta participación de personas interesadas (en días festivos y con la
Universidad de San Andrés cerrada), sino el tipo de participación de los
asistentes al mismo: la claridad y precisión con que un porcentaje
notabilísimo de los presentes formularon sus demandas, preguntas y
propuestas sobre nacionalizaciones, sobre multiculturalidad y
multiculturalismo, sobre las distintas versiones del nacionalismo y del
federalismo en el mundo actual y sobre la relación entre las
reivindicaciones socio-económicas, nuevo indigenismo y la cuestión
nacional.
La claridad y precisión con que se expresan tantas personas acerca de
asuntos muy controvertidos en Europa tiene que entenderse como una
consecuencia positiva de la participación activa, masiva y consciente en
un amplio movimiento socio-político cuyo carácter asambleario y
deliberativo todos reconocen y alaban. Y esto está teniendo su reflejo
también en la forma que han tomando las demandas de los pueblos
indígenas y de los movimientos sociales en el proceso constituyente
boliviano. De hecho, la reivindicación de una Asamblea Constituyente
para cambiar la constitución política del estado boliviano viene de
lejos: se remonta a la marcha por la dignidad, la tierra y el
territorio, organizada por los indígenas de la zona oriental del país en
1990.
De manera que, como ha subrayado el sociólogo y politólogo boliviano
Luis Tapia, uno de los problemas más serios que va a tener que afrontar
el evismo ahora es el de la articulación de las reivindicaciones y
exigencias de este amplio y heterogéneo movimiento social con las
actuaciones gubernamentales, tanto en el ámbito de las representaciones
en la asamblea constituyente como en lo que hace a las medidas
socio-económicas necesarias para impulsar el cambio. En este sentido el
principal riesgo que hay que superar, según los analistas que han
apoyado el proceso en su conjunto pero que no están necesariamente
integrados en el MAS, es la fractura que se puede producir entre la
administración gubernamental y algunos de los movimientos sociales más
activos en las “marchas” y “bloqueos” que encumbraron a Evo Morales. Se
ha de tener en cuenta que la Constituyente en formación habrá de estar
formada por 255 personas, una parte de las cuales habrán de ser
representantes de los Departamentos pero de la que no podrán formar
parte las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial;
que la elección de los representantes tendrá que estar finalizada dentro
de dos meses y que los trabajos de la Asamblea tendrán que estar
concluidos en menos de un año. Todo esto quiere decir que el proceso por
el cual los ciudadanos han de elegir a los constituyentes coincidirá en
el tiempo con la entrada en vigor de los primeros decretos sobre
nacionalizaciones de los principales recursos del país.
Si el gobierno de Evo Morales y los movimientos indígenas y
socio-políticos que le apoyan logran superar esa fractura potencial y
bordear al mismo tiempo las injerencias de la Compañía del Gran Poder y
los intentos de desestabilización de las fuerzas socio-políticas
tradicionales y corporativas (otro de los grandes problemas del
momento), la Constitución que se perfila en Bolivia tendrá mucho de
novedad histórica no sólo en el contexto latino-americano, sino incluso
cuando se la evalúe con los acostumbrados criterios del análisis
político europeo, mayormente liberales. Pues lo que está apuntando ahí,
en las demandas escritas de los movimientos que apoyan el proyecto de
Evo Morales, es una república social y democrática de derecho, plural,
participativa y representativa como no hay otra conocida hasta ahora.
No exagero. Ninguna otra carta magna combina y compone como esta, en
proyecto, la fraternidad republicana en el tratamiento de las
diferencias lingüísticas, culturales y étnicas con la intención
medio-ambientalista al abordar las contradicciones y ambigüedades del
llamado desarrollo económico y con el respeto recíproco, en el plano
jurídico-político, a los usos y costumbres de los distintos pueblos
indígenas y de la sociedad civil en general.
Bolivia se perfila en este proyecto como un estado pluricultural,
plurinacional y multiétnico que parte del reconocimiento de la igualdad
entre culturas y se propone promover la diversidad cultural y la
interculturalidad. Se afirma el derecho a la autodeterminación de los
pueblos y naciones originarias y se aspira a una soberanía nacional
compartida, esto es, al reconocimiento de facto de que la soberanía
nacional se compone de soberanías múltiples. Esto se concreta en el
reconocimiento como idiomas oficiales del castellano, el aymará, el
quechua, el guaraní y los otros idiomas de los pueblos indígenas. Se
mantiene la compatibilidad entre estado pluricultural y plurinacional
con lo que habitualmente se llama estado social y democrático de derecho
y con un sistema de economía social mixta que se basará en cuatro
pilares: la soberanía nacional sobre los recursos en general, la
obligada consulta a los pueblos indígenas sobre el uso de los recursos
existentes en sus territorios, la redistribución de lo producido y el
respeto medioambiental.
Importancia particular tienen, en este proyecto, la protección del
derecho a la tenencia de la tierra de quienes la trabajan; la
consideración de los latifundios como contrarios al interés general; la
declaración de que el agua es un bien de interés general, no
mercantilizable; la propuesta de un sistema de educación básica que,
además de ser gratuita y obligatoria, habrá de ser intercultural y
plurilingüe; y la propuesta de que la representación de los pueblos
indígenas ante el estado sea dual, con lo que se intenta complementar o
componer la representación indirecta, característica de los sistemas
parlamentarios, con el reconocimiento de los usos y costumbres
tradicionales de los distintos pueblos indígenas en cuestiones como la
deliberación, la participación y la toma de decisiones.
Obviamente, componer o hacer compatibles en la práctica un estado que se
quiere multiétnico y multinacional con un sistema de economía mixta y
con un sistema de representación política, también mixto, de individuos
y colectividades heterogéneas, en las que se superponen lo premoderno,
lo moderno y los posmoderno, por así decirlo, va a suponer una tarea
ímproba para los dirigentes y para los movimientos sociales que les
apoyan. Para empezar no es nada fácil encontrar en los diccionarios del
pensamiento político más manejados en nuestro mundo los términos y
nociones apropiadas para dar cuenta, con precisión, de lo que puede
llegar a ser una composición de este tipo.
Es natural que, en lo que a esto respecta, hayan surgido ya diferencias
de nota en el ámbito de la teoría social con implicaciones prácticas.
García Linera, por ejemplo, ha caracterizado esta composición, esta
hibridez, con expresiones que podrían ser resumidas así: “capitalismo
andino-amazónico en un estado multicultural”. De este modo se pretende
subrayar dos cosas. Una: que en las circunstancias históricas de Bolivia
se está en una fase previa al socialismo, en la que las economías
familiares y las comunidades indígenas siguen teniendo un peso decisivo
en el conjunto. Y dos: que, recogiendo el sentir mayoritario de los
movimientos sociales, se está dispuesto a acabar con el
mono-culturalismo que de hecho ha hegemonizado al país durante siglos en
el ámbito político.
Más allá de la pertinencia teórica de tales expresiones, que, como digo,
son objeto de discusión ahora y que sería pretencioso juzgar sin un
conocimiento detallado de la historia y de las instituciones
económico-sociales de Bolivia, hay algo en ellas que se puede observar.
Estas expresiones (y aún más la orientación general de los principios
constitucionales) son, sin duda, la composición o complementación, en el
ámbito de la teoría, de dos experiencias político-sociales paralelas,
pero bastante distintas, que ahora confluyen en el gobierno boliviano:
la de Evo Morales, tan ligada al nuevo indigenismo como al nuevo
sindicalismo, y la del propio García Linera, quien en una entrevista
reciente se presentaba como marxista “clásico” y cuyo pensamiento, en
términos europeos, se podría caracterizar como marxista “crítico” o
neomarxista, buen conocedor tanto de los textos de Marx generalmente
olvidados por la vulgata (sus reflexiones sobre la comuna rural rusa,
sus apuntes etnológicos, sus notas de antropología, etc.) y de la
sociología de Bourdieu como de los debates que sobre interculturalidad y
multiculturalismo han tenido lugar en la Europa de las últimas décadas.
Si este proyecto de Estado multicultural, que se quiere uno y diverso,
que nace del reconocimiento del valor de la diversidad para la vida
pública en común, sale adelante, los descendientes de los colonizadores
europeos aún tendremos ocasión de contemplar algo original, algo que no
pudieron (ni quisieron) contemplar los ilustrados: cómo la soberanía
estatal sobre los recursos naturales es compatible con el reconocimiento
de soberanías múltiples y con el pluralismo político; cómo el fomento de
las lenguas aymará y quechua es compatible con el uso no hegemónico del
castellano; cómo el reconocimiento de los ayllus y la potenciación de la
economía comunitaria y de otras formas de economía familiar es
compatible, en un sistema de economía social mixta, con lo que llamamos
desarrollo sostenible y con la distribución equitativa de la riqueza.
Para que los más lleguemos a ver eso, que sin duda valdrá la pena,
también España y la Unión Europea habrían de poner su granito de arena.
En principio no se nos exige mucho. Simplemente no poner zancadillas al
proceso jurídico-político que conduciría al reconocimiento
constitucional de un Estado pluricultural, plurinacional y multiétnico y
facilitar a los bolivianos el usufructo público y soberano de sus
principales recursos. O sea: más o menos, dar forma, nueva forma, al
viejo grito de Bartolomé de las Casas a favor del respeto y la
restitución. Esto es lo que parece estar diciendo el sentido común. Que
no es precisamente lo que viene diciendo la derecha neo-liberal
española, tan conservadora de intereses propios como defensora, aún, de
una historia indefendible. Como muestra de este otro “pensamiento
armado”, al que el proyecto boliviano en curso habrá de hacer frente,
valga el siguiente botón (tomado de la aznariana Libertad digital):
“Triste destino le espera a Bolivia si logran imponerse los
representantes de lo peor de la sociedad boliviana, tan pavorosamente
ignorantes de lo que significa la civilización y de cómo se crea riqueza
y bienestar que se atreven, como Evo Morales, a exigir [...] que los
españoles compensen a Bolivia por "los daños que han hecho durante 500
años". Huelga decir que el mal que haya podido causar España a
Iberoamérica ya quedó ampliamente compensado con la transfusión de la
lengua, la cultura y la civilización occidental a unos pueblos que, como
los indígenas bolivianos, pasaron de vivir como esclavos bajo el
feudalismo comunista de los incas o de los aztecas a ser súbditos del
rey de España en plano de igualdad con los españoles. Es una lástima que
nunca nadie pida cuentas a individuos como Evo Morales o Felipe Quispe
por sumir a Iberoamérica en la pobreza, en el aislamiento y en la falta
de libertades. Triste destino el de un continente que, con las
excepciones de Chile y Colombia –que lucha desesperadamente por
erradicar su cuota de narcomarxismo– parece dirigirse una vez más hacia
el abismo.”


Francisco Fernández Buey (Palencia, 1943) es catedrático de Filosofía
Moral y Política en la UPF de Barcelona. Fue el más destacado dirigente
del movimiento estudiantil antifranquista español en los años 60.
Profesor, activista político y prolífico ensayista, Fernández Buey ha
sabido, como pocos intelectuales españoles en las últimas décadas,
mantenerse inteligentemente fiel a la causa de la democracia republicana
y del socialismo. Entre sus últimos libros: La barbarie: de ellos y de
los nuestros (Destino, Barcelona, 1995) y Poliética (Losada, Buenos
Aires, 2004).
www.sinpermiso.info, 28 abril 2006

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