Secciones: El Problema Español - Memoria HistóricaTítulo: Segun la prensa el gobierno anunciaria una nueva ley de impunidad el 21 o el 28 de julio proximos- Enlace 1 Texto del artículo:
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Impunidad España
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20jul06 - viii) msjes.
Esp - El no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo sería una medida profundamente inmoral e ilegal.
i) El Gobierno suaviza su ley más delicada, la de Memoria Histórica, para aplacar al PP.
Después de un larguísimo proceso con múltiples retrasos, el Gobierno ultima el informe y la Ley de Memoria Histórica para presentarla en Consejo de Ministros antes de agosto. Con el tiempo y las críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha ido suavizando el contenido de la ley para tratar de limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a hacer cualquier tipo de ley "que remueva el pasado". El Ejecutivo ha anunciado en los últimos días el reparto de tres millones de euros para asociaciones de víctimas del franquismo, pero desoye sus peticiones más reiteradas.
El 18 de julio, día en que se cumplen 70 años del golpe de Estado del general Francisco Franco contra la II República, llegará sin que la Ley de Memoria Histórica, prometida desde junio de 2004, haya visto la luz. El Ejecutivo duda entre el 21 y el 28 de julio. Esta última fecha garantizaría que la polémica llegue ya con el país de vacaciones, en pleno agosto, el mes menos activo en política.
El Gobierno tiene ya ultimados dos documentos. Uno, el informe con todo el trabajo realizado por la comisión interministerial creada para este fin y presidida por María Teresa Fernández de la Vega. Ahí estarán lo que piden las asociaciones de víctimas del franquismo -casi 40 han pasado por la comisión-, y lo que se ha hecho desde 1978 en cuanto a reparación moral y material de las víctimas y recuperación de la memoria.
Al contrario de lo que puede parecer, según fuentes de la comisión, se ha hecho mucho, sobre todo en los primeros años de Gobierno del PSOE: rehabilitación de soldados republicanos, compensaciones para los que lucharon con el Ejército fiel a la legalidad o sufrieron cárcel bajo el franquismo. Las asociaciones siempre se han quejado de que estas compensaciones eran ínfimas.
Los dos bandos.
En el informe, que seguramente será muy polémico, el Gobierno planteará una descripción del horror de la Guerra Civil, y destacará que hubo desmanes en los dos bandos. Lo dijo el viernes el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero: "España tuvo un drama histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro", señaló en Punto Radio.
A partir de ahí vendrá el cuerpo fundamental de la iniciativa: un reconocimiento moral, desde la democracia, a quienes sufrieron, después de la guerra, la represalia franquista, que fue especialmente dura en los primeros 10 años pero duró hasta la muerte del dictador. Sólo dos meses antes de su fallecimiento firmó las sentencias de muerte de dos presos de ETA y tres de los FRAP, que inspiraron la canción Al Alba, de Luis Eduardo Aute.
"Tenemos que reconocer a las víctimas del franquismo porque fueron fruto de una dictadura militar que cercenó las libertades durante cuarenta años y que utilizó métodos propios de la dictadura", explicó Zapatero. Además, el presidente confió en que la polémica sea limitada: "Este es un país donde somos todos ya hermanos políticos y de convivencia, que con 30 ejemplares años de democracia ha demostrado que nada del pasado le puede perjudicar ni afectar".
En esta parte de las víctimas sólo habrá reconocimiento moral, pero hay otras que tendrán compensaciones: son las de los últimos años del franquismo y la Transición. La ley de víctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó sus actividades, dejó fuera a varias decenas de muertos a manos de la policía o extremistas en toda esa época convulsa. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la policía en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). Una ley cubrirá este hueco.
La comisión ha realizado también un intenso trabajo para garantizar la recuperación de todos los archivos con datos de la represión franquista. Además, se prepara un protocolo para la reapertura de fosas comunes, hasta ahora realizada sin apenas control ni apoyo público. "No pretendemos resucitar muertos, sino hacer que personas que tuvieron muertos tengan la posibilidad de saber dónde han estado", explicó Zapatero. Además, en el Valle de los Caídos se instalará una exposición permanente sobre la represión.
Las asociaciones reclaman muchas más cosas, como la anulación de los juicios sumarísimos o la eliminación de los nombres franquistas de calles y plazas y las placas falangistas de las puertas de las iglesias. El Gobierno, sin embargo, quiere limitar la polémica y sobre todo evitar el mensaje del PP, que le acusa de "dividir a los españoles". De momento, el Ejecutivo ya ha aprobado la mayoría de las peticiones de subvención de los colectivos de víctimas que luchan por recuperar la memoria histórica. Hasta tres millones de euros ha repartido entre asociaciones, la mayoría de ellas muy pequeñas, para distintos proyectos, una manera evidente de reconocer su trabajo y el interés del Gobierno por apoyarlo.
[Fuente: Carlos Cue, El País, Madrid, Esp, 17jul06]
ii) Sin reconocimiento oficial.
Los nietos de los perdedores quieren recuperar la memoria de sus abuelos. En un movimiento que se reavivó alrededor del año 2000, bajo la mayoría absoluta del PP, centenares de jóvenes, en su mayoría nietos de vencidos y represaliados, han querido conocer y rehabilitar las historias trágicas de la guerra y la represión franquista. Han reabierto fosas comunes y han presionado en sus pueblos para que retiren las calles, los monumentos y las placas franquistas. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que hay más de 30.000 personas enterradas en las cunetas y fosas comunes de los cementerios. Dos mil familiares les han escrito para encontrar los restos de sus abuelos. Doscientos cincuenta de ellos ya han sido recuperados, lentamente, con tesón.
Este movimiento ha conseguido una adhesión inesperada sobre todo entre los jóvenes. Miles de ellos se han acercado a distintos homenajes en universidades, ayuntamientos y distintos foros.
Después de muchos años en los que los asuntos de la memoria histórica quedaron en un segundo plano, en 2002, la presión de las asociaciones llegó al Congreso. Por primera vez, el PP aceptó condenar el golpe de Estado franquista. Todos los partidos apoyaron por unanimidad, precisamente un 20 de noviembre, conmemoración de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, una proposición no de ley en la Comisión Constitucional en la que se condenaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936.
Las asociaciones pensaron que había llegado el momento. Que por fin tendrían apoyo para reivindicar la memoria de los vencidos, para reabrir las fosas y, sobre todo, para acabar con los símbolos franquistas que aún perviven, el más simbólico de ellos, el Valle de los Caídos, convertido en el gran mausoleo del dictador. Pero no fue así.
El PSOE se comprometió entonces a trabajar en la recuperación de la memoria histórica si llegaba al Gobierno. Lo logró, y en junio de 2004, sólo un par de meses después de tomar posesión, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a realizar un informe sobre la memoria. Se creó una comisión interministerial expresamente con este objetivo.
El nombre de este órgano ya demostraba el interés del Gobierno por no reabrir viejas heridas. Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, se llama. El Ejecutivo pretendía con ello dejar claro algo que siempre reclama el mundo conservador: en los dos bandos se cometieron atrocidades durante la guerra. A partir de esa realidad, sin embargo, el informe y la ley que prepara el Gobierno, y que dará a conocer antes de que concluya el mes de julio, se centra en la represión franquista, cuyas víctimas no han tenido nunca un reconocimiento oficial al margen de las pequeñas compensaciones económicas recibidas en los ochenta.
El Gobierno ha querido desvincular por completo la Ley de la Memoria Histórica de cualquier tipo de fecha simbólica. No quiso sacarla en el entorno del 20 de noviembre de 2005, cuando se cumplían 30 años de la muerte de Franco. Tampoco aceptó presentarla, como pedían IU-ICV y ERC, alrededor del 14 de abril, 75 años después de la instauración de la II República. Y ahora también ha querido que llegara el 18 de julio, 70º aniversario del golpe de Estado, sin que la ley estuviera aprobada.
El 18 de julio será condenado hoy de manera puntual por algunas asociaciones de republicanos y también será conmemorado por grupos minoritarios de nostálgicos. En Segovia habrá un acto de condena oficial con la presencia de Gaspar Llamazares (IU) y de Ramón Jáuregui (PSOE). Pero no se celebrará ningún acto oficial con la presencia del Gobierno. A pesar de que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han declarado esta fecha como día internacional de condena, una iniciativa similar tuvo en el Congreso español el veto del PP. Por tanto, oficialmente se conmemorará en toda Europa menos en España.
[Fuente: Por Carlos Cué, El País, Madrid, Esp, 18jul06]
iii) El gobierno pretende "reparar la dignidad y restituir la moral" de las víctimas de la Guerra Civil.
El PP y las fuerzas de izquierdas esperan con recelo la propuesta que busca restituir la moral de las víctimas del franquismo y la guerra civil. Izquierda Unida reclama la anulación de las sentencias de los juicios de la dictadura.
El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes el proyecto de ley de la memoria histórica, una iniciativa largamente postergada que levantará ampollas. El texto, con el que el Ejecutivo pretende "reparar la dignidad y restituir la moral" de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, ha sido elaborado por una comisión interministerial bajo la batuta de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Los grupos parlamentarios aún no lo conocen pero tanto los situados más a la izquierda hasta los representantes de la derecha avisan de que generará polémica.
La negativa del Partido Popular a aceptar esta propuesta está cantada. A su juicio, los socialistas han entrado en una carrera por revisar la historia de España y construir una "nueva verdad oficial", que "liquide" el pacto constitucional de 1978. Sin embargo, el primer partido de la oposición no será el único que ponga las cosas difíciles al Gobierno. Esquerra Republicana de Catalunya espera con las uñas afiladas un texto que prevé "insuficiente" e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya asegura que plantará batalla si, como teme, no ve cumplidas sus expectativas.
El Ejecutivo ha sido extremadamente discreto en la elaboración de la ley, que sabe polémica de antemano. De hecho, los recelos de las dos fuerzas de izquierdas - aliados preferentes del Gobierno hasta el debate del "Estatut"- se deben a que, hasta la fecha, no se han puesto en contacto con ellas para avanzarles su orientación. Su principal temor es que no se anulen las sentencias de tribunales de guerra y los juicios sumarísimos que llevaron al paredón o impusieron largas penas de cárcel a republicanos y opositores al régimen. Eso y, en el caso de ERC, que no se dé reconocimiento de "víctima" a determinados colectivos, como los masones.
En el PSOE reconocen que existen "enormes dificultades jurídicas" para revisar aquellas actuaciones. El propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presentó en su día un informe ante el Consejo de Ministros en el que advertía de ello, aunque Fernández de la Vega aseguró que se explorarían todas las vías posibles. En cualquier caso, tanto Esquerra como Iniciativa aseguran que lo que les ha llegado a través de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica con las que se ha reunido el Gobierno es "poco halagüeño". Si es así, avisan, "haremos lío".
Temores
Ante este panorama, la bronca está servida. Y eso es justo lo que trataba de evitar el Ejecutivo al postergar una y otra vez, durante casi dos años, la presentación del proyecto. Según fuentes gubernamentales, tanto el texto legislativo como los informes que lo acompañan llevan meses en un cajón y si no habían salido a la luz -pese a las reclamaciones de algunas fuerzas parlamentarias- es porque no se había encontrado el momento político adecuado para desempolvarlo. Aún ahora hay quien -tanto en el PSOE como en el Gobierno- considera que este debate es inadecuado y reabrirá, de forma innecesaria, heridas cerradas durante la Transición.
En cualquier caso, parecía imposible esperar más. El Gobierno ha incumplido una y otra vez, desde junio de 2004, los plazos a los que él mismo se había comprometido. El 31 de mayo, durante el debate sobre el estado de la nación, Zapatero garantizó por última vez que la ley de Memoria Histórica llegaría al Parlamento en "dos, tres o cuatro semanas". No fue así, llega cuando el Congreso ya está cerrado por vacaciones y su tramitación no comenzará hasta el próximo período de sesiones. "Si lo que pretendían era no hacer ruido para no dar pie al PP a armar jaleo-dice el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera- se han equivocado: el 18 (dos días antes de que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno) es el 70 aniversario del golpe de Estado que acabó con la República y eso hará que se le dé más importancia".
El jefe del Ejecutivo ya ha preparado el terreno. Este viernes, en una entrevista en Punto Radio, defendió que España está ya preparada, tras 30 años de democracia, para mirar al pasado con "perspectiva y generosidad" como han hecho otros muchos países. "No vamos a resucitar a nuestros muertos -defendió- vamos a hacer que las personas tengan la oportunidad de saber dónde están sus familiares".
Aún así, de aquí a que el debate real de la ley se produzca pasará un tiempo. El proyecto debe ser analizado por la comisión Constitucional del Congreso; una comisión a la que se le acumula el trabajo. En cola están, por orden de llegada, el Estatuto de Andalucía, el de Baleares y el de Aragón y, además, la no poco compleja reforma de la ley de financiación de partidos políticos que los socialistas quieren abordar de manera inminente.
[Fuente: Agencia Colpisa, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 17jul06]
iv) La Memoria Histórica del 18 de Julio.
No se entiende bien el temor y los aspavientos de la derecha conservadora ante la que es justa pretensión del Gobierno de recuperar la memoria histórica de la Guerra Civil, haciendo justicia y honor a los republicanos que han sido marginados durante los 40 años de franquismo y los otros 30 de la transición. ¿Por qué no? ¿Por qué se rompe España? No es así, los disparates autonómicos del Gobierno no necesitan de ningún caldo republicano, o guerracivilista, para subsistir o maltratar y poner en entredicho la cohesión nacional o los signos de identidad, sin que se rompa España.
Ni tampoco se comprende que el PP no quiera condenar la dictadura del general Franco, o que se rasgue las vestiduras cada vez que aparece una bandera republicana, o que se reivindique la República como forma de Gobierno para un país como España. Sobre todo si es para defender una Nueva República camino de la democracia plena y como alternativa al autocrático e intervencionista régimen partitocrático que todo lo invade, y no para enlazar el ideal democrático republicano con la II República, que tuvo cosas buenas, pero en la que se cometieron errores graves, que en la Historia están. Y de la que se puede hablar, debatir e incluso elogiar más por lo que significó que por lo que consiguió, a la vez que se puede denunciar el golpe de Estado fascista en contra de la legalidad sin que nadie se escandalice.
Las cosas son como son y además no pasa nada. ¿Hubo algún cataclismo político en este 70 aniversario del golpe del dictador Franco? En absoluto, se puede decir incluso que a la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera les interesó, aunque muchos de ellos llevan esa memoria en su familia y en su corazón, porque la Guerra Civil todavía está demasiado cerca, aunque esté lejos, y no se puede ni se debe olvidar. Este aniversario y otros similares, y los recordatorios, seriales, debates, artículos y documentales, se está desarrollando con pleno civismo y normalidad, sin que nada se altere, sin que nadie se suba al carro de los disparates y ponga en entredicho la estabilidad actual.
Otra cosa, legítima, es que el PSOE quiera apoderarse electoralmente de la efemérides y que eso, en medio del debate territorial y constitucional, produzca más tensiones y nos permita hablar, por enésima vez, de las dos Españas, sobre todo porque el PP cae en todas y cada una de las trampas y provocaciones que le ponen a su paso, y porque en ciertos sectores de la derecha se rasgan las vestiduras cuando se habla del pasado, o se piden rezos por la unidad de España, como lo ha hecho el cardenal Cañizares días atrás, metiéndose él mismo en el túnel del tiempo en el que se paseaba bajo palio por Toledo al Generalísimo de esa dictadura que, afortunadamente, muerta está.
A las palabras y a las ideas no hay que tenerles miedo. A los disparates del poder y de los gobernantes hay que tenerlos bajo atenta vigilancia para que no vayan a más, y para que no rompan el marco de convivencia e institucional de la nación española. Pero nada más, ni catastrofismo ni el fin del mundo sobre nuestras cabezas por mirar hacia atrás.
Además, más cerca, ahí está la transición con sus buenos resultados y también con sus defectos y carencias, porque se hizo bajo la vigilancia del franquismo —eso es un hecho objetivo e histórico y no una opinión—, al margen de un periodo constituyente verdadero porque se convirtieron unas Cortes legislativas en constituyentes tras redactar un texto, a escondidas y con un debate de espaldas a los ciudadanos, para luego aprobarlo por aclamación. Se hizo, dicen sus autores, lo que se pudo, y aunque no fue lo ideal, ni lo democrático, no salió mal. Y en la historia está, sobre todo, como ejemplo y triunfo de la reconciliación nacional. Otra cosa es que en ese pacto, y ello es lo peor, en vez de llevar a España hacia la democracia la hayan conducido hacia la partitocracia, que es una hija menor —propicia a la autocracia y a la corrupción— de los regímenes liberales.
El camino hacia la democracia pendiente está, y ya veremos si en este fin de régimen que se asoma en el horizonte aparece ese camino, o si la situación se eterniza porque en los partidos autocráticos y en la desastrosa ley electoral están anclados los privilegios de los mismos que todo esto tendrían que cambiar. El 18 de julio fue una fecha nefasta para la Historia de España, y se puede decir y afirmar frente a los nostálgicos que piensan y que hoy dicen lo contrario, ¡en libertad! A sabiendas de que este aniversario que acaba de pasar no ha roto nada porque los ciudadanos están mucho más interesados, por ejemplo, en su tiempo de veranear.
[Fuente: Por Pablo Sebastián, Estrella Digital, Madrid, Esp, 19jul06]
v) 70 años después.
Hace setenta años, el 18 de julio de 1936, Franco y otros militares felones se levantaron contra la legalidad de la República, en un golpe de Estado dirigido a reemplazar el régimen democrático por un sistema autoritario de corte fascista, conforme a la realidad ideológica de aquellos tiempos. Los golpistas tardaron tres años en conseguir su objetivo, a través de una terrible y devastadora guerra civil. La República, que empezó como una gran esperanza, tuvo sus errores y sus crisis, y vivió las convulsiones de un tiempo revolucionario que culminó en la II Guerra Mundial, de la que la guerra española fue una especie de ensayo general. Uno de los mayores errores fue su incapacidad para mantener el orden y evitar que el golpe de Estado se convirtiera en una horrible carnicería, que empezó con los asesinatos de civiles de uno y otro bando. Pero el 18 de julio, la legalidad republicana funcionaba y las instituciones también, y fue el golpe de Estado el que abrió el periodo de las grandes convulsiones y de la guerra.
España lleva ya casi treinta años de democracia y ha superado con éxito gran parte del retraso que produjo el triunfo de Franco en un país que quedó en los márgenes de Europa. Cuando el régimen desapareció, incapaz de sobrevivir a la muerte del dictador, en un contexto internacional totalmente distinto, la sociedad española iba ya varios pasos por delante. Y por eso la transición fue posible y exitosa. La transición se fundó en un acuerdo de amnistía que permitía volver a empezar desde un principio de reconciliación nacional. La amnistía era muy asimétrica, porque los crímenes de los republicanos hacía 40 años que se habían cometido y, en cambio, los crímenes franquistas estaban todavía calientes. Pero se trataba de mirar al futuro y el recuerdo de la Guerra Civil operaba como motor ético de la transición: nunca más. El miedo y la prudencia hicieron que la amnistía viniera acompañada de la amnesia.
Si, en su momento, la amnesia pudo ser una opción de supervivencia, la memoria es ahora una cuestión de lealtad y de reconocimiento mutuo. Por eso es perfectamente razonable que este aniversario coincida con la aparición de una voluntad decidida de hablar del pasado: por respeto a los que la protagonizaron y a las propias generaciones actuales. La encuesta que publica hoy EL PAÍS muestra que la memoria de la guerra está viva todavía; más del 54% de los españoles cree conveniente la elaboración de una Ley de la Memoria Histórica como la que prepara el Gobierno.
Hay quienes se oponen con el argumento de que recordar el pasado divide el país. Los que cayeron víctimas del bando republicano recibieron todo tipo de reconocimiento durante los 40 años de franquismo. Todavía los nombres de algunas calles lo testifican. Las víctimas del franquismo no lo han tenido nunca. Son más de un 64% los españoles partidarios de que se investigue todo lo relativo a la Guerra Civil, se descubran las fosas comunes y se rehabilite a todos los afectados. Ha llegado, pues, la hora de resolver esta asimetría. Y de resolverla a partir del principio de reconciliación. Es decir, que las víctimas del franquismo reciban el reconocimiento que se les debe y que las víctimas de los republicanos no se queden sólo con el reconocimiento del franquismo, sino que lo tengan también por parte de la democracia. Que luego la memoria haga su trabajo, porque el país es fuerte para poder hacerlo. Y, sobre todo, que se eviten las confusiones: la historia es para los historiadores y no para los políticos. Pero la memoria es de los ciudadanos.
[Fuente: Editorial, El País, Madrid, Esp, 18jul06]
vi) El Gobierno permitirá abrir tumbas, retirará símbolos y convertirá el Valle de los Caídos en "Memorial de la Libertad".
El Gobierno regulará la exhumación de huesos humanos de la Guerra Civil, incrementará las ayudas a las víctimas, impulsará la retirada de "símbolos franquistas" y convertirá el Valle de Los Caídos en un "Memorial de la Libertad". Son algunas de las medidas previstas en el proyecto de Ley de la Memoria Histórica, que el Gobierno aprobará este mes, según ha adelantado El Periódico de Cataluña, citando fuentes de La Moncloa . Sin embargo, el proyecto legislativo no revoca los Consejos de Guerra y los juicios del franquismo. El Gobierno, guiado por expertos y hasta por el Fiscal del Estado, ha comprendido que sería un disparate jurídico "altamente contraproducente" satisfacer esta promesa que Zapatero hizo a Maragall y a ERC.
El proyecto de Ley de la Memoria Histórica se dará a conocer por el Gobierno en los próximos días, coincidiendo con el 70 aniversario del alzamiento contra la II República liderado por el general Franco. Según El Periódico de Cataluña, el texto legal ya está listo e incluirá medidas como la retirada de los "símbolos franquistas", la exhumación de cadáveres, la "sistematización y mejora" de las ayudas económicas a las víctimas de la Guerra y la transformación del Valle de los Caídos en un "Memorial de la Libertad".
El proyecto responde a una promesa de Zapatero a Maragall, que, poco tiempo después de la llegada de aquél a La Moncloa, le pidió una "restitución pública de la honorabilidad" de Luis Companys, incluida la anulación de su Consejo de Guerra.
El Gobierno ya pregonó en marzo de 2005 una primera regulación de las ayudas a los conocidos como "niños de la Guerra". Menos de un año después, en enero de 2006, los beneficiarios de estas pensiones denunciaron que habían dejado de cobrarlas a los pocos meses de que el Gobierno socialista las presentase a la Prensa. "El Gobierno español no cumple sus promesas", dijo entonces Juan Rodríguez Ania, apodado Ania El Ruso, ovetense de 77 años, que ironizó con la posibilidad de que, a su edad, "las pensiones, al final, lleguen al cielo".
El Gobierno ha dado marcha atrás, sin embargo, en la promesa de Zapatero de reabrir las causas judiciales del franquismo y anular sus sentencias. Fue una petición de Maragall al presidente, nada más llegar éste a La Moncloa. El catalán y sus socios de la ERC buscaban la "restitución pública de la honorabilidad" de Companys, según explica El Periódico, "incluida la anulación de su consejo de guerra". El mismo diario señala que Maragall le recordó a Zapatero esta promesa el pasado 22 de junio.
El presidente ha presumido este mismo sábado, en Baleares, de "cumplir siempre con la palabra dada, hasta las últimas consecuencias".
El consejo de expertos juristas, entre otros, del Fiscal General del Estado, ha hecho desistir a Zapatero de una iniciativa jurídicamente inviable y políticamente aparejada a consecuencias imprevisibles. El Periódico resume un dictamen encargado por Conde-Pumpido a Fernando Herrero-Tejedor, fiscal de la Sala Militar del Supremo, que consideró "altamente contraproducente" la revisión de los consejos de guerra, y argumentó que con ello se reabrirán las heridas, "totalmente cicatrizadas", de la Guerra Civil.
ERC no lo respaldará
La reacción de ERC al proyecto adelantado por El Periódico no se ha hecho esperar. El portavoz de los independentistas, Joan Tardá, aseguró este sábado que "nunca daremos apoyo si no anula todas las causas sumarísimas del franquismo, especialmente la del presidente Lluís Companys, que fue fusilado por ser presidente de la Generalitat".
El portavoz de ERC recordó al gobierno de Zapatero que esta ley era uno de los compromisos de la legislatura y aseguró que después de dos años "no permitiremos más retrasos y ni mucho menos un reconocimiento aguado de las víctimas del franquismo".
Tardà además advirtió que si el gobierno del PSOE no modifica el proyecto de ley, pedirá a los cargos electos catalanes que no acudan al acto previsto por Zapatero para presentar el proyecto de ley en Catalunya.
[Fuente. Libertad Digital, Madrid, Esp, 16jul06]
vii) Zapatero defiende que se reconozca moralmente a las víctimas de la dictadura y de la Transición.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió hoy, en referencia a la futura Ley de la Memoria Histórica, la necesidad de reconocer a las víctimas de la dictadura, así como a las de la transición. "En la Guerra Civil, víctimas todos --dijo en declaraciones a Punto Radio--. En la dictadura, las víctimas que sufrieron merecen reconocimiento igual que algunas que pagaron por su vida por luchar por las libertades en la Transición".
Zapatero, que negó que haya crispación de la sociedad, sostuvo que el Ejecutivo no pretende "resucitar muertos" sino "hacer que personas que tuvieron muertos tengan la posibilidad de saber dónde han estado" y "que tuvieron un proceso" que les llevó a un fallecimiento que no fue "justo".
"Este es un país donde somos todos ya hermanos políticos y de convivencia, que con 30 ejemplares años de democracia ha demostrado que nada del pasado le puede perjudicar ni afectar", indicó Zapatero. Así, estimó que España tuvo un "drama histórico, una guerra 'incivil'" en la que "todo el mundo fue víctima". "Hubo víctimas de un lado y de otro", detalló.
A renglón seguido, expresó que durante el franquismo "hubo víctimas". "Tenemos que reconocerlas porque fue fruto de una dictadura militar que cercenó las libertades durante cuarenta años y que utilizó métodos propios de la dictadura", insistió.
A ello, sumó "alguna víctima" en la Transición por "luchar por las libertades". Con estos argumentos, expuso que el planteamiento de la Ley de la Memoria es de "reconocimiento y reconciliación". "Todos los países tienen momentos difíciles y se mira al pasado con una perspectiva de generosidad, encuentro y reconocimiento", añadió.
Monárquico de esta Monarquía.
Zapatero se declaró "monárquico de esta monarquía constitucional española y cuyo titular, Don Juan Carlos, es un magnífico jefe de Estado". De ello distinguió lo que se denomina "teoría política republicana", que "ha dado origen a la democracia y que arranca de la civilización romana".
[Fuente : Europa Press, Madrid, 14jul06]
viii) Plan de acción presentado por las asociaciones de víctimas del franquismo al Gobierno español.
1. Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad".
2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.
3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.
4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos.
Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla.
5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.
6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica.
7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.
8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.
9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.
Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.
10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados "niños de la guerra", y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.
11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.
12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.
13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.
14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.
15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.
16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia.
17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.
18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.
Equipo Nizkor - 14 de abril de 2004
Organizaciones que lo presentan
* AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta.
* Agrupación Gragero de León, Manuel Osorio, secretario.
* Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
* Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
* Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), Horacio Ravena, vicepresidente.
* Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García Arias, presidenta.
* Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
* Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Ricardo Bedera, presidente.
* Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
* Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU (Chile), Víctor Espinoza, Secretario Ejecutivo.
* Derechos Human Rights, California, USA, Margarita Lacabe, presidenta.
* Equipo Nizkor, Gregorio D. Dionis, presidente.
* Foro por la Memoria, José María Pedreño, presidente.
* Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.
* Jóvenes por la Memoria Histórica "Amnesia", Javier Moreno y Juan Ignacio Díaz Bidart.
* Serpaj Europa, Bruselas, Bélgica, Parmenia Camargo, presidenta.
MAS INFORMACIÓN SOBRE LA IMPUNIDAD EN ESPAÑA:
Informe Nizkor: La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html
La Memoria Histórica del 18 de Julio.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/sebastian.html
El Gobierno suaviza su ley más delicada, la de Memoria Histórica, para aplacar al PP.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/cue1.html
Sin reconocimiento oficial.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/cue.html
El gobierno pretende "reparar la dignidad y restituir la moral" de las víctimas de la Guerra Civil.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/colpisa.html
70 años después.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/editorial2.html
El Gobierno permitirá abrir tumbas, retirará símbolos y convertirá el Valle de los Caídos en "Memorial de la Libertad".
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/libertad.html
Zapatero defiende que se reconozca moralmente a las víctimas de la dictadura y de la Transición.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/zp.html
La Puerta del Sol recordará el golpe de Estado de 1936, setenta años después.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/sol.html
¿Visitará el Papa las fosas comunes?.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/dicto.html
La ARMH de Mérida pide la asistencia popular a la manifiestación que llevará a cabo frente al Ayuntamiento.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/merida.html
Millones de documentos de la Guerra Civil sólo pueden consultarse en el extranjero.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/archivo21.html Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 20/07/2006 - Modificar
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