Secciones: Antiglobalización - Economía - El Problema EspañolTítulo: Privatización de servicios públicos en Asturias - una estrategia global con graves consecuencias para los asturianos- Enlace 1 Texto del artículo:
La privatización de los servicios públicos: una estrategia global con graves consecuencias para los ciudadanos y las ciudadanas de Asturies
1.Introducción
El proceso acelerado de privatización de los servicios públicos que se viene produciendo en los últimos años en Asturies se inscribe dentro de una estrategia global del capitalismo neoliberal, que tiene como objetivo la progresiva mercantilización del sector público.
Esta estrategia globalizadora ha sido diseñada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es una agrupación de países creada en 1995 fuera del ámbito de influencia de la ONU, con el objetivo de regir el comercio internacional. Entre los acuerdos de mayor relevancia de esta organización mundial se encuentra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptado en el mismo año 1995, y que persigue la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional.
Este fenómeno de apropiación incide de modo sustancial sobre los servicios públicos prestados por el sector público: sanidad, pensiones, educación, cultura, transportes, gestión de tributos, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, saneamiento, turismo etc, con independencia del ámbito territorial de la Administración Pública que los venía prestando, es decir, se produce a escala estatal, autonómica y local.
Esta estrategia global se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e implacable durante los últimos años, con el siguiente objetivo: afirmar, sin posibilidad de réplica, que se debe reducir el tamaño del sector público, que el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que debería prestar el mercado; que la empresa privada es más eficiente por las bondades del mercado, frente a la ineficiencia y despilfarro de lo público; que se debe reconsiderar la necesidad del propio Estado del Bienestar y la función del Estado como redistribuidor de la renta y suministrador de los servicios públicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios públicos.
A estas alturas, se puede decir que este adoctrinamiento ideológico planificado por el “capital globalizador” se ha consumado de forma abrumadora, de tal manera que estas ideas son asumidas hoy con un dogma de fe por la sociedad.
Y ello, fundamentalmente porque el proceso se ha desarrollado en el escenario de los mass media (prensa, televisión) y con las técnicas de propaganda del espectáculo de masas, las únicas fuentes de información que consiente la economía mercantilizada, los cuales se limitan a trasmitir las órdenes y los programas de sus dueños y para los que cualquier posición disidente simplemente no existe, o de tener algún eco, rápidamente se banaliza en las secciones de lo pintoresco o se desactiva bajo el calificativo de “utopía” de grupos más o menos marginales.
En ese marco, los economistas – gurús y los políticos a sueldo del capital repiten una y otra vez las virtudes del mercado global y de la liberalización, enlazando conceptos sesgados como si se tratara de verdades teológicas (eficiencia óptima, economías de escala, costes marginales, competitividad...), manipulando cifras y ocultando datos con la habilidad de los trileros. A quien nunca critican estos charlatanes teledirigidos es a quien les paga, porque saben que siempre son intercambiables por otros políticos o expertos al menos igual de dóciles que ellos.
Se justifican las privatizaciones por razones de eficiencia económica, pero cuando hablan de eficiencia no se refieren a sistemas que respondan a principios de equidad y justicia social.
Frente a una concepción mercantilista de la sociedad, que considera óptimo el reparto de recursos que mejora la posición de unos pocos sin perjudicar la de todos, nosotros defendemos un modelo de reparto de la riqueza que maximice la renta de los que menos tienen. Este sistema distributivo basado en la justicia social requiere como condición imprescindible un Estado de Bienestar que preste a todos los ciudadanos y ciudadanas unos servicios públicos universales y no discriminatorios por razón de renta
2. Contra la falsa opinión dominante hay que declarar con contundencia que no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestión privada, ni tan siquiera un aumento de la competencia en los distintos sectores privatizados. Antes al contrario, la realidad resultante de los procesos de privatización diseñados a escala global y aplicados en todos los ámbitos de organización política territorial - estatal, autonómica y local -, muestra de forma clara e inequívoca, al menos, las siguientes consecuencias:
La pérdida del control democrático de los servicios públicos: se sustituyen las garantías legales propias de la gestión sometida al Derecho público por la gestión empresarial privada, supeditada exclusivamente a la maximización del beneficio económico para la empresa, con la consiguiente inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantías jurídicas.
La pérdida de calidad en la prestación del servicio y el aumento de los precios para los usuarios: las políticas indiscriminadas de disminución de costes en capital físico y humano, consecuencia de la tendencia a la consecución del lucro, hace que la mayoría de las empresas privadas proveedoras de servicios públicos bajen notablemente la calidad de las prestaciones y, paralelamente, suban el importe de las tarifas.
La reducción, cuando no eliminación, de la protección medioambiental: la lógica de obtener el máximo beneficio económico para la empresa se opone a la imprescindible preservación de los valores naturales y ambientales. El proceso de producción capitalista responde siempre a la misma regla: a mayor contaminación más beneficio.
La disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante precarización del empleo: la privatización y la gestión indirecta de servicios públicos están “despublificando” el régimen jurídico del empleo público, que se inserta en la nueva dinámica de flexibilización de las relaciones laborales. Esta dinámica se traduce en: tendencia a la inestabilidad laboral, recurso masivo a la contratación – basura, disminución de las garantías adquiridas a través de la negociación colectiva y aumento de la vulnerabilidad laboral, movilidad geográfica indiscriminada, congelaciones salariales etc.
El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social: la involución de las políticas sociales y la desregulación provocan un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos más desprotegidos, porque afecta al núcleo esencial de los principios de igualdad de acceso al servicio público, universalidad y no discriminación.
Incremento de la corrupción y del clientelismo: los extraordinarios beneficios económicos que se ponen en juego en los procesos privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros etc., son un caldo de cultivo idóneo para el tráfico de influencias, la información privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiación ilícita de partidos políticos etc.
Procesos de concentración monopolística que impiden una competencia real: las concesiones de gestión de servicios públicos a largo plazo – 50 años o más -, son un ejemplo de monopolio que impide la competencia en la prestación del servicio.
3. La “privatización” supone la transferencia de una empresa o actividad pública al sector privado, con independencia de la forma jurídica que tenga la entidad que asume la transferencia: empresa privada – local, estatal o trasnacional -, asociación, fundación, organización no gubernamental, sindicato o asociación de empresarios; o la utilización de formas de gestión privadas, fundamentalmente de sociedades anónimas, en sustitución de la gestión pública directa.
Este proceso presenta múltiples vías o mecanismos de materialización, que describiremos sin pretensión de exhaustividad:
La transferencia de actividades públicas al sector privado: la Administración Pública transfiere la gestión del servicio pero conserva la titularidad del mismo.
a.1 Externalización de actividades y servicios de la Administración Pública a una empresa privada para la prestación o gestión por parte de ésta, mediante contratos de gestión, consultorías y asistencias técnicas y contratos de servicios: limpieza, alimentación, servicios informáticos, asistencia sanitaria, custodia y seguridad de edificios públicos, etc.
a.2 La concesión, mecanismo contractual específico por el cual las empresas privadas se hacen cargo de la gestión de servicios públicos esenciales a largo plazo – hasta 75 años – y en régimen de monopolio: agua, transporte etc.
a.3 El concierto, por el cual la Administración Pública conviene con empresas que ya vienen prestando los servicios de los que se trate para que éstas se hagan cargo de una parte de los que la Administración está obligada a prestar: conciertos con clínicas privadas en materia sanitaria o con colegios privados en materia educativa.
a.4 Los Convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones), especialmente frecuentes en el campo de los servicios sociales, con la finalidad de sustituir la prestación directa de dichos servicios por las Administraciones Públicas. Estas entidades privadas sin ánimo de lucro funcionan en la práctica como verdaderas empresas, con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa: contratación – basura, falta de transparencia, élites dirigentes con elevadas retribuciones, trabajadores explotados en condiciones laborales degradantes, clientelismo político (la práctica totalidad de estos convenios de colaboración se conciertan sin publicidad y las asociaciones se eligen en procesos opacos sin libre concurrencia)
La utilización de formas de organización privada en el sector público: existe una tendencia imparable a la creación de las llamadas “empresas públicas” como mecanismo de prestación de servicios públicos. Con este nombre tramposo se designa una realidad distinta a la que parece señalarse en apariencia, a saber, a las empresas de propiedad pública que funcionan realmente como empresas privadas: su finalidad es exclusivamente utilizar las técnicas y fórmulas de gestión privada, eludiendo los mecanismos de control, publicidad y transparencia y las garantías jurídicas del Derecho Público.
La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente públicas: las de suministro de agua, gas, energía, transportes, telecomunicaciones; en la línea de lo acontecido con otras empresas públicas en sectores estratégicos como la siderurgia, la fabricación de armas o el sector naval. El supuesto objetivo de estas operaciones es devolver al mercado actividades que se considera deben prestarse en régimen de libre competencia por razones de eficiencia económica, si bien lo que realmente se esconde bajo estos procesos de expolio del patrimonio público es una apropiación de los sectores económicos rentables que estaban en manos de la Administración Pública. Al mismo tiempo, estas operaciones permitieron al Estado español obtener los ingresos suficientes para reducir el déficit público y alcanzar los objetivos del Programa de Convergencia marcado por la Comunidad Europea.
Los procesos de liberalización y privatización que se han descrito se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos, con el más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil.
Los principales beneficiarios son las grandes empresas trasnacionales proveedoras de servicios, que a través de sus lobbies (nombre eufemístico de los núcleos duros dedicados al tráfico de influencias y a la simple y pura corrupción), dictan el orden del día de la OMC y determinan el ritmo de aplicación del AGCS; pero también las redes clientelares en las que se integran pequeñas empresas, ONGS, fundaciones, asociaciones y otros entramados estrechamente vinculados a la partitocracia mercantilizada que nominalmente nos gobierna.
4. En Asturies, el proceso de privatización de los servicios públicos se expande inexorablemente al ritmo marcado a nivel global, con la colaboración de gobiernos títeres que actúan de simples gestores del poder económico que se ha apoderado de la política (entre otras elementales razones, porque todos los partidos con una significativa presencia social subsisten gracias a los préstamos amigables de la gran banca en las condiciones más favorables). Examinaremos algunos casos significativos de privatizaciones en las diferentes administraciones públicas asturianas – autonómica, local -, siguiendo el criterio de clasificación de las técnicas privatizadoras expuesto en el apartado anterior:
Transferencia de actividades públicas al sector privado:
a.1 Casos de externalización de actividades de la Administración Pública mediante contratos de gestión de servicios públicos con empresas privadas:
Incluimos aquí todos los contratos privados con empresas para la prestación de servicios complementarios a la actividad principal: alimentación, limpieza, transporte, vigilancia de edificios, servicios informáticos etc, así como los contratos de gestión de servicio público propiamente dichos.
Algunos ejemplos de los años 2004, 2005 y 2006 (no se relacionan los contratos de alimentación, seguridad, limpieza, mantenimiento de edificios y transportes, actividades todas ellas privatizadas) :
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
El Principado de Asturias adjudicó a la multinacional americana Accenture la gestión del llamado Centro de Gestión de Servicios Informáticos de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, por un importe de 31 millones de euros (5.300 millones de pesetas) y por un período de cuatro años. Su objeto es la prestación de diferentes servicios relacionados con las tecnologías de la información, que se sustraen a la gestión directa de la Administración y se ofrecen como suculento negocio al capital privado trasnacional. Accenture es uno de los gigantes de la informática a escala mundial, con una facturación anual de 12 mil millones de euros, que ha contado para esta adjudicación con el señuelo de la alianza con la empresa asturiana Seresco. La multinacional anuncia que la prestación exigirá una plantilla de unas 140 personas, con la vaga promesa de que habrá creación de nuevos empleos, sin que se sepa cuántos y con qué
características.
El mismo Principado de Asturias privatizó también el servicio de telecomunicaciones de la Administración autonómica, sus organismos, empresas y entes públicos, adjudicándolos por el módico precio de 38.285.162 euros durante cuatro años (BOPA de 12 de noviembre de 2005), a las multinacionales Telefónica (telefonía fija y datos), Retevisión ( telefonía móvil) y Telecable ( acceso a Internet). La compañía Telecable se presentó mediáticamente como “empresa regional”, pero en su oferta participan las multinacionales Auna y British Telecom.
El organismo autónomo ERA ( Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias) adjudicó los servicios de celaduría de las residencias de Avilés, Pravia, El Mirador, El Cristo, san Lázaro y la Gerencia por un importe total de 974.153,76 euros y un plazo de ejecución de dos años (BOPA de 28 de marzo de 2005) y de “Apartamentos Gijón” por importe de 157.920 euros y el mismo periodo de tiempo (BOPA de 21 de octubre de 2005)
La vigilancia y custodia de los edificios públicos del Principado de Asturias se encuentra contratada en su integridad a empresas de seguridad privada.
SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES:
Atención a personas mayores
El ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias) adjudicó la prestación del servicio de gestión de 60 plazas residenciales para personas mayores asistidas por importe de 1.216.055,04 euros y dos años de duración, a tres empresas: Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológico S.L., Astur Oriente Asistencial S.L. y Juan Luis Bobes Prieto S.L. (BOPA de 18 de enero de 2006)
El ERA adjudicó a Mafre Quavitae S.A. la prestación del servicio de gestión de 36 plazas residenciales para personas mayores por importe de 127. 818,72 euros y dos años de duración (BOPA de 6 de mayo de 2005)
La Consejería de Vivienda y Bienestar Social privatiza la gestión del servicio público de centros de día para personas mayores dependientes y de transporte para los usuarios de los centros de Cudillero, Luanco, Lugones, Mieres, Pumarín, Pola de Lena, Grado, Vegadeo, Cabrales y Nava con un presupuesto total de licitación superiora a los 7 millones de euros (BOPAS de 28 de marzo de 2005, 21 de abril de 2005 etc)
La Consejería de Vivienda y Bienestar Social destina en el año 2006 4.000.723 para la financiación de centros privados de personas con discapacidades (Presupuestos Generales del Principado de Asturias del año 2006)
Privatizaciones en materia sanitaria:
Realización de determinaciones analíticas por laboratorios externos con destino a centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias: precio de licitación 448.308 euros por 2 años (BOPA de 29 de diciembre de 2005)
Servicio de asistencia sanitaria primaria a los menores internos en la Casa Juvenil de Sograndio: adjudicado en 31.000 euros con una duración de seis meses (BOPA de 24 de diciembre de 2005)
Desarrollo e implantación de las estrategias de calidad de la Consejería de Salud: 170.000 euros (BOPA de 5 de diciembre de 2005)
Transporte para personal de los centros Unidad Residencial de Salud Mental y Hogar Protegido la Casita: presupuesto de licitación 49.287 y plazo de 12 meses (BOPA de 14 de septiembre de 2005)
Desarrollo e implantación del modelo EFQM de excelencia en centros sanitarios de la red pública del Principado de Asturias: presupuesto de licitación 45.000 euros (BOPA de 28 de abril de 2006)
Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y su implantación en los servicios de farmacia de los hospitales de la red pública del Principado de Asturias: presupuesto de licitación 115.000 euros (BOPA de 28 de abril de 2006)
Servicio de atención especializada en logopedia del Hospital Monte Naranco, adjudicado a la empresa Logocede SL en 84.353,40 euros (BOPA de 5 de septiembre de 2006)
Servicio de atención médica especializada en cirugía oftalmológica del Hospital Monte Naranco, licitado por el presupuesto de 103.675 euros (BOPA de 5 de septiembre de 2006)
Servicio de atención médica especializada en reumatología del Hospital Monte Naranco, adjudicado en 74.400 euros (BOPA de 5 de septiembre de 2006)
OTROS SERIVICIOS PRIVATIZADOS
Contrato de servicio de us público, información, interpretación y atención de las instalaciones de la Reserva Natural Integral de Muniellos (centros de Tablazas y Oballo): adjudicación en 139.000 euros
Contrato de servicio de desarrollo del website del Consorcio de Transportes de Asturias. Adjudicación en 40.300 euros (BOPA de 28 de octubre de 2005)
Contratación del servicio para la realización de labores de vigilancia y extinción de incendios forestales en el Principado de Asturias: precio de licitación 1.800.000 euros y un plazo de dos años (BOPA de 20 de junio de 2005)
Contratación del servicio de recepción y centralita de llamadas del edificio sede del IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias): presupuesto de licitación 73.500 euros (BOPA de 29 de marzo de 2005)
La ayuda a domicilio, servicio público de atención a personas y familias con miembros dependientes, se encuentra privatizado desde el año 1989, gestionándose en la actualidad fundamentalmente por empresas privadas financiadas por el Principado de Asturias y los diferentes Ayuntamientos. Como ejemplo de esta política, el Ayuntamiento de Gijón tenía suscrito un contrato con la empresa Quavitae S.A.(en cuyo capital se integran potentes grupos empresariales como Mafpre, Alba o Morgan), con un volumen de negocios en el año 2003 en el conjunto del Estado de 30 millones de euros, y unas condiciones de trabajo degradantes (ínfimos salarios , sistema de formación ineficiente y en manos de las centrales sindicales mayoritarias , patronal y ONGS, y un elevado índice de enfermedades profesionales)
Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo licitó la gestión privada de dicho servicio en el año 2005 con un presupuesto de adjudicación de 120.000 euros
El Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado la gestión de los ingresos municipales a la Unión Temporal de Empresas “Asturagua – Aquagest” utilizando para ello el subterfugio de que se trataría simplemente de una colaboración con la gestión municipal. La realidad es bien distinta: dicha empresa suplanta la actuación del servicio de tributos del Ayuntamiento, en una gestión plagada de irregularidades, como ha tenido ocasión de constatar la propia Abogacía Consistorial.
a.2 Ejemplos de concesión de servicios públicos
El Ayuntamiento de Oviedo ha concedido la gestión del servicio público de limpieza y recogida de basuras a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por un período de 75 años. El mismo grupo empresarial, a través de su empresa Seragua, tiene adjudicada la concesión del servicio público de agua por un plazo de 50 años, así como la concesión del servicio de aparcamientos vigilados en zona azul.
Nos encontramos ante un ejemplo práctico de la gran mentira que se esconde detrás de los “procesos de privatización”: en lugar de libre competencia, concentración monopolística empresarial a perpetuidad; en vez de eficiencia en la gestión, aumento de las tarifas y precios a pagar por los ciudadanos. La obtención del máximo beneficio por una empresa explotadora del contrato de concesión del servicio público de agua sólo puede conseguirse mediante un aumento del consumo (manipulación de los contadores) o a través de un incremento de las tarifas.
a.3 Ejemplos de privatización por concierto:
Materia sanitaria: El Principado de Asturias ha concertado con la mutua Ibermutuamur la gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de sus trabajadores y trabajadoras. Se trata de una agrupación empresarial privada sin ánimo de lucro que obtuvo en el año 2003 un excedente de 50 millones de euros, basada según su propia publicidad en una gestión eficiente de las prestaciones económicas y de los gastos de funcionamiento.
Educación: según datos publicados por el sindicato SUATEA en el año 2005, la Consejería de Educación planificaba el cierre de 39 ciclos de Formación Profesional en centros públicos, a la vez que aumentaba la oferta económica para realizar conciertos educativos con centros privados, en gran parte vinculados a la iglesia católica, cuyo importe se situaba en torno a los 289 millones de euros (48.000 millones de pesetas)
a.4 Ejemplos de privatización de la gestión de servicios públicos a través de Convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones)
La política del gobierno socialdemócrata del Principado de Asturias en los últimos años en materia de servicios sociales responde a la estrategia capitalista del “doble lenguaje” y de los “sistemas tapadera”: por un lado, se promulga a bombo y platillo una Ley de Servicios Sociales en el año 2003, que se publicita como la más progresista del Estado español. Pero, al mismo tiempo, se consolida y extiende un sistema de prestación de dichos servicios basado en la gestión privada mediante contratos de gestión con empresas del sector y en la utilización de entidades privadas – fundamentalmente, de las llamadas sin ánimo de lucro – como sustitutivo de la gestión pública directa.
Ya hemos señalado más arriba ejemplos de contratos de gestión privada de servicios públicos (centros de día para personas mayores, ayuda a domicilio), pero además de la privatización de la gestión a través de contratos administrativos, se utiliza de forma masiva como fórmula de gestión privada los llamados convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, particularmente frecuentes en el ámbito de los servicios de:
protección a la infancia: centros de día para menores, centros de alojamiento de menores
justicia juvenil: ejecución de medidas judiciales impuestas a menores
mediación familiar
prevención y tratamiento de drogodependencias
recursos para personas mayores
La mayor parte de estos convenios no salen a luz pública porque se conciertan sin publicidad ni libre concurrencia y, cuando esporádicamente se conocen, revelan una elección arbitraria y sospechosa de los recursos privados.
Un ejemplo paradigmático de este modo de proceder lo encontramos en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el Consejo General del Poder Judicial y la asociación privada llamada Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias, publicado en el Boletín del Principado del día 28 de abril del año 2004. El convenio señala que el Plan de Drogas para Asturias 2001 – 2003 recoge la puesta en marcha de un servicio de atención a las drogodependencias en los Juzgados para colaborar con la Administración de Justicia. Curiosamente, existe una asociación privada sin ánimo de lucro que se dedica a ese fin y sin mayores justificaciones y con absoluta discrecionalidad, se le atribuye la prestación de este servicio público, financiándola con 102.503 euros ( más de 17 millones de pesetas al año) con cargo al presupuesto del Principado de Asturias del 2004, y se pone a su disposición dos despachos en las sedes de la Audiencia
Provincial en Oviedo y Gijón. A cambio, la asociación privada aporta cuatro trabajadores (uno a tiempo parcial), una fotocopiadora, dos ordenadores y un fax. El negocio redondo, sin concurso previo que posibilite, al menos, la libre concurrencia, no tiene plazo de caducidad, pues se prevé su renovación anual.
No sabemos si este modo de gestionar los servicios públicos en el ámbito judicial cuenta con el asentimiento del nuevo gobierno de ZP, del actual Fiscal General del Estado y de la llamada minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, les invitamos a dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias.
- La Consejería de Vivienda y Bienestar Social destina en el año 2006 un total de 2.932.555 euros a la financiación de centros privados de alojamiento de menores gestionados por ONGS
B) La utilización de formas de organización privada en el sector público.
La proliferación de las denominadas “empresas públicas” es una constante en la política neoliberal de los sucesivos gobiernos de Asturias. Mediante este proceso de privatización se sustituye la prestación directa de un servicio público mediante las técnicas y garantías del Derecho público por una gestión privada de naturaleza empresarial, en la que:
la contratación del personal se realiza al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad, constituyendo camarillas de afines al partido gobernante, a sindicatos o a grupos o familias de poder (todo un ejemplo de política de izquierdas)
la contratación de obras, suministros de bienes y gestión de servicios se lleva a cabo al margen de la legislación pública en materia de contratos, propiciando el tráfico de influencias y los tratos de favor hacia empresarios de la cuerda
se escabulle la fiscalización pública, dulcificando los controles de intervención
Las empresas públicas dependientes del Principado de Asturias gestionan en el año 2006 ¡ más de 215 millones de euros!, exactamente 215.137.591 euros, cantidad similar al presupuesto del que dispone la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para gestionar la política pública de vivienda y los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, con el siguiente reparto:
Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias S.A.: 8.089.540 euros
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A. (SADEI): 1.458.500 euros
Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga S.A.: 12.522 euros
Hostelería Asturiana S.A. (HOASA): 7.684.200 euros
Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA): 8.242.076 euros
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. (SRP): 21.552.407 euros
Sociedad Regional de Turismo S.A.: 9.330.591 euros
Productora de Programas del Principado de Asturias S.A.: 2.087.236 euros
Sedes S.A.: 73.072.938 (aquí topamos con el sector del ladrillo y bien que se nota)
Viviendas del Principado de Asturias S.A. (VIPASA): 18.461.535 euros
Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A.: 7.377.000 euros
Ciudad Industrial Valle del Nalón S.A. (VALNALON): 4.031.984 euros
Parque de la Prehistoria: 2.127.309 euros
Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.: 51.609.753 euros
Tomemos como ejemplo paradigmático del funcionamiento de estas empresas a la empresa mercantil SERPA S.A. (empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A.), creada por la ley 7/2002, de 24 de junio, de la Junta General del Principado de Asturias, con un objeto social tan amplio que integra un gran número de competencias administrativas del Gobierno asturiano:
realización de actuaciones, obras de construcción e infraestructura, trabajos y prestación de servicios de desarrollo rural, agrario, de acuicultura y pesca marítima, medioambiental, turístico, docente, cultural y deportivo
labores de consultoría, estudio y asistencia técnica
promoción y comercialización agroalimentaria y de acuicultura y pesca marítima y la administración y gestión de bienes y el apoyo de servicios de la Administración del Principado de Asturias
prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales, prevención y lucha contra los incendios forestales
realización, a instancia de cualesquiera administraciones y organismos públicos, dentro y fuera de Asturias, de las actividades relacionadas en los tres primeros apartados
Pues bien, para realizar esta voluminosa relación de funciones y competencias administrativas, que se someten al ordenamiento jurídico privado, se dota a dicha sociedad anónima de un capital social inicial de 150.000 euros – 25 millones de pesetas en la equivalencia -, sin más medios personales ni materiales que los heredados de la extinta Empresa Asturiana de Servicios Agrarias EASA, a la que absorbe. En estas circunstancias y con estas condiciones, las preguntas que inmediatamente surgen son las siguientes: ¿cómo contrata a su personal la empresa SERPA S.A. (y el resto de empresas mercantiles del Gobierno asturiano)?, ¿ cómo contrata la empresa SERPA S.A. ( y el resto de empresas mercantiles del Gobierno asturiano) los servicios y colaboraciones de empresarios particulares para desarrollar las finalidades que tiene encomendadas por ley si carece de medios materiales propios para llevarlas a cabo por sí misma ?, ¿ cómo financia su extensísima gama de obras y actividades
la empresa SERPA S.A. (y el resto de empresas mercantiles del Gobierno asturiano) y a qué controles de fiscalización se somete?
Quedan retratadas de esta manera las graves consecuencias para los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas y para el principio de legalidad que se derivan de esta mercantilización masiva de los asuntos públicos:
La eliminación de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo en las empresas mercantiles de gestión de los asuntos públicos comporta un vergonzoso sistema de clientelismo político basado en el privilegio y la componenda.
La contratación de obras públicas, suministros de bienes o la gestión de servicios públicos, sin los controles y garantías establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, propicia el caldo de cultivo adecuado para la proliferación de casos de corrupción - en la sombra, en la penumbra o a plena luz del día -, de colusión de intereses públicos y privados, camarillas empresariales de partido etc.
Finalmente, la ausencia de un control fiscalizador previo de las actividades económicas sometidas a gestión privada, genera amplios márgenes a la impunidad en la gestión de servicios y asuntos de interés general.
C) La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente públicas.
La gestión privada de servicios públicos a través de la constitución de “empresas públicas” constituye un paso intermedio para una posterior venta de la propiedad al sector privado de aquellas que resulten rentables. Asturies ha sido y es un escenario particularmente afectado por esta estrategia de amortización del sector público a favor del gran capital en sectores productivos estratégicos.
El caso más significativo es el de la empresa pública siderúrgica ENSIDESA, sometida a un intenso proceso de reconversión en los años 80 con pérdida de miles de puestos de trabajo y multimillonarias inversiones de dinero público para modernizar tecnológicamente los procesos productivos, para transferirla a continuación a una multinacional del acero en condiciones de competitividad (según las cifras oficiales, entre 1984 y 1990 el Estado español invirtió en las factorías de Avilés y Gijón un total de 180.000 millones de pesetas). Pocos años después de la venta, la multinacional Aceralia, bajo el chantaje de la deslocalización, acaba de imponer un plan laboral que incluye reducciones de plantilla (2.000 trabajadores afectados) y desregulaciones en las relaciones laborales: movilidad, flexibilidad, cambios en la estructura salarial y profesional.
Por idéntico proceso pasó la empresa pública de armamento Santa Bárbara, adquirida por la multinacional americana General Dynamics, y están pasando los astilleros públicos de IZAR, que acabarán en manos de una empresa privada.
Hemos puesto de manifiesto la realidad del proceso de privatización progresiva de los servicios públicos en Asturies, la coartada ideológica y la mentira sistemática sobre la que se apoya. Conocemos la estrategia seguida y sabemos a quien sirve: no a los ciudadanos y ciudadanas, que piden servicios públicos de calidad, universales y asequibles, sino al ánimo de lucro voraz de un capital cada vez más concentrado.Toca ahora pedir cuentas a la clase política que nos gobierna: ¿a qué intereses sirven quienes promueven, por acción u omisión, la privatización de los servicios públicos?
Autor: Javier Alvarez/ Corriente Sindical de Izquierda Administración Autonómica.
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