Secciones: Correo recibido - Documentos, opinión, debate - El Problema EspañolTítulo: MANIFIESTO ciudadano ante a crispación de la vida política española Texto del artículo:
MANIFIESTO
I.- Muchos ciudadanos de nuestro país
observamos con creciente inquietud el grado de
crispación y enfrentamiento en que discurre la
vida política española. Es propio de sociedades
democráticas el debate, la confrontación
dialéctica, la crítica acerba y, como no, la
utilización de los derechos de expresión o de
reunión con el fin de manifestar la protesta o
el apoyo. Nada de lo anterior nos debe, pues,
preocupar ya que forma parte de la normalidad democrática.
II.- Lo que nos inquieta, por el
contrario, es que el debate político
argumentado esté siendo suplantado por la
descalificación y el insulto; que el normal
funcionamiento de las Instituciones sea
trastocado y se niegue legitimidad a quien
gobierna por voluntad de la ciudadanía; que el
derecho a una información veraz se sustituya
por la manipulación sistemática de los hechos a
base de mentiras o de medias verdades que
confunden a la opinión pública. Conjunto de
procesos indeseables que si bien no han
conseguido, todavía, provocar una quiebra en la
sociedad española, muestran ya indicios
preocupantes de que se puede estar gestando esa
fractura que conviene detectar y soldar cuanto antes.
III.- Creemos, sinceramente, que este
clima crispado no obedece a la situación real
de España. Es como si una realidad virtual,
construida ex profeso con fines partidarios o
electorales, se sobrepusiera a unos hechos
objetivos que quedan así, la mayoría de las
veces, sepultados por una avalancha mediática
que se concentra en ciertos temas y se olvida
de todo lo demás. Bien es cierto que nuestro
país sigue teniendo problemas serios sin
resolver sobre los que, por cierto, no se
incide ni se ofrecen alternativas desde la
oposición. Pero nadie, con un mínimo de
honestidad, podrá negar que la economía marcha
razonablemente bien, que el desempleo ha
disminuido, que las fuerzas sociales han
alcanzado importantes acuerdos, que se han
producido avances no desdeñables en derechos
sociales y civiles y que, en general, ha
aumentado el bienestar de la población aunque,
desde luego, no en igual medida para todos.
IV.- Ante la evidencia de estos
hechos, toda la carga opositora se ha
concentrado en unos supuestos peligros para la
unidad de España y en una no menos supuesta
rendición del Estado ante los terroristas. Es
decir, nada menos que “España se rompe y España
se rinde”. Conviene afirmar, pues lo contrario
sería faltar a la verdad, que tamaña desmesura
no tiene nada que ver con la realidad, al
margen de la opinión que cada uno tenga sobre
cómo ha administrado el Gobierno tan delicados
temas. Las reformas de los Estatutos de
autonomía, salvo el de Cataluña, han sido
aprobadas por los dos partidos mayoritarios y
supone una falsedad obvia sostener que el
Estatut, surgido de las Cortes Generales, rompe la unidad de España.
Se puede o no estar de acuerdo con la
política antiterrorista del Gobierno, pero de
ahí a sostener que la decisión, mediante
resolución judicial, de que un preso, por muy
criminal que sea, pase a la situación de
prisión atenuada, ante el riesgo acreditado por
los médicos de que puede fallecer, cuando le
quedan 16 meses de condena por un delito de
coacciones, es una rendición ante la banda
terrorista ETA resulta insostenible. Si de lo
anterior se deduce, además, que el Gobierno ha
pactado ya con la banda, o sus representantes
políticos, el futuro de Navarra, de Euskadi y
de España, sin acreditar tan graves
acusaciones, nos parece que se ha alcanzado tal
nivel de exageración y extremismo que se hace
inviable un debate racional. En este sentido,
no es aceptable convertir la lucha contra el
terrorismo en el eje exclusivo de la oposición
a cualquier gobierno democrático. Esta postura
no tiene antecedentes en la Unión Europea.
Sobre todo cuando en los últimos años la
actividad terrorista ha disminuido en
comparación con los cientos de atentados de anteriores legislaturas.
V.- El exceso ha llegado a tal punto
que desde organizaciones con amplias
responsabilidades sociales y financiadas por el
Estado se hacen llamamientos a la objeción de
conciencia en el cumplimiento de leyes
aprobadas por el Parlamento y desde partidos
con funciones de gobierno se apela a la
rebeldía civil frente a un Ejecutivo legítimo,
aduciendo que la nación española está en
peligro. En un Estado democrático y no
confesional, las leyes las hace el Parlamento y
todos deben acatarlas. La apropiación
partidaria de banderas e himnos nos retrotrae a
épocas felizmente superadas y sólo puede ser
causa de división. Convertir la propia idea de
España en bandería es propio de dictaduras y de
ideologías extremistas. En democracia no se
puede pretender torcer la voluntad ciudadana ni
con soflamas, ni con manifestaciones y menos
con confusas actitudes “caudillistas”. Es el
voto y solo el voto el que debe decidir quién es el llamado a gobernar.
VI.- Esta política de confrontación se
ha inoculado en esenciales Instituciones del
Estado que deberían ser inmunes a las batallas
políticas. Nos referimos a Institutos tan
trascendentales como el Tribunal
Constitucional. A veces da la impresión de que
se producen movimientos, decisiones o maniobras
tendentes a alcanzar objetivos que de otra
manera no se lograrían (Véase el
funcionamiento, en algunos casos del Consejo
General del Poder Judicial) y que van en
detrimento del prestigio y de la confianza que
los ciudadanos depositamos en ellos.
VII.- Una situación de esta naturaleza
no debería, en nuestra opinión, conducir al
Gobierno a una actitud de confrontación, pero
sí a una exigencia de liderazgo y de capacidad
de propuesta. Una parte no desdeñable de la
ciudadanía está confusa y es obligación de los
gobiernos poner remedio al desconcierto. No es
bueno olvidar que cuando la manipulación o
incluso la mentira encuentran eco en las
personas, ello obedece, generalmente, a una
insuficiencia de claridad y de capacidad de
comunicación por parte de aquellos que administran la cosa pública.
VIII.- En los próximos meses los
ciudadanos vamos a tener ocasión de acudir a
las urnas para votar en las elecciones
municipales y, en ciertos casos, en las
autonómicas. Será, sin duda, una buena ocasión-
como siempre que los ciudadanos votan- no sólo
de dirimir quien debe dirigir los consistorios
y los parlamentos autonómicos sino también de
exigir a los partidos y candidatos que se
ocupen de los problemas concretos de los
vecinos. Somos conscientes de que esta
crispación inducida ha podido tener un efecto
de hartazgo en los ciudadanos que los inclinen
hacia la abstención. Nada sería más negativo en
estos momentos. Los extremismos encuentran su
espacio cuando la ciudadanía se abstiene y en
esta ocasión cualquier inhibición no
beneficiaría los avances sociales sino que propiciaría los retrocesos.
IX.- Nos gustaría apelar al buen
sentido que las personas de nuestro país han
demostrado siempre desde la recuperación de la
democracia: que no nos dejemos arrastrar a la
confrontación en base a la manipulación
interesada; que evitemos dividirnos ante
cuestiones en las que debemos mantenernos
unidos como la paz, la libertad y la lucha
contra el terrorismo; que defendamos el Estado
de derecho, sus Instituciones y los avances
civiles y sociales frente a los que pretenden hacernos retroceder en el tiempo.
Juan Miguel Hernández León (arquitecto)
Rafael del Águila (catedrático)
Angel Gabilondo (rector UAM)
Luis García Montero (escritor)
Almudena Grandes (escritora)
José Ignacio Montejo (abogado)
José Garrido Palacios (abogado)
Enrique del Olmo García (economista)
Fernando Schwartz (escritor)
Rosa Regás (escritora)
Jaime Sartorius (abogado)
Nicolás Sartorius (abogado)
Elsa López (escritora)Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 10/04/2007 - Modificar
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