Sección: El Problema EspañolTítulo: El gobierno español desprecia las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para la Tortura- Enlace 1 Texto del artículo:
El relator especial denuncia el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos
El gobierno español desprecia las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para la Tortura
00:06h. del Miércoles, 2 de mayo.
Rebelión
Hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto. Consolidado en el punto de mira del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en esta ocasión ha sido el reciente informe del Relator Especial para el tema de la tortura (http://www.prevenciontortura.org/spip/spip.php?article36) el que ha elevado el tono de las críticas, lamentando explícitamente el seguimiento que el estado español ha venido haciendo de las recomendaciones de su predecesor Theo van Boven.
El mantenimiento del régimen de detención incomunicada, las extremas negligencias en la investigación judicial de las denuncias por tortura, la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto, y la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales son los temas que más enérgicamente condena Manfred Novack, si bien señala muchos otros lugares oscuros en las políticas preventivas para la tortura en el Estado. Las respuestas institucionales desde el gobierno central son una vez más tópicas, inmovilistas e irreales. En algunos casos llegan al absurdo, como en el tema de la dispersión de presos vascos, que trata de justificarse alegando que ese incumplimiento de la legislación penitenciaria está generalizado, siendo un “mal de muchos” que no tiene nada de espacial, para acto seguido reconocer que se trata de una política intencional y específica. Otra justificación absurda es la de por qué no se graban en video los interrogatorios para lo que primero se plantea el riesgo de autoinculpación espontánea de los encausados, diciéndose también que existe el riesgo de que los detenidos puedan “dramatizar el momento del interrogatorio” o expresar en él la propaganda de sus ideas.
El relator especial, haciendo suya la información facilitada por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, denuncia el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos, así como los retrasos en su investigación o la falta de impulso procesal y recoge con escándalo algún ejemplo de pronunciamiento judicial al respecto de denuncias por torturas, o declaraciones de apoyo de autoridades públicas a funcionarios condenados por este tema, homenajes públicos, indultos y demás actitudes institucionales que expresan la falta de voluntad política para garantizar los derechos de las personas en este ámbito.
De hecho, el discurso oficial sigue centrándose en la excepcionalidad de los casos de malos tratos, pese a los propios datos que se manejan a nivel institucional, y que hablan de una media de alrededor de 750 casos anuales desde el año 2000, ocultando el problema con declaraciones formales sin contenido práctico y pequeños “lavados de cara”, como la firma del Protocolo Facultativo de la ONU.
En su contestación al documento del Sr Novack, el Gobierno español no responde a los requerimientos del Relator ni se compromete a cumplir con las recomendaciones para la prevención de la tortura. Por contra, el Gobierno responde a las denuncias concretas minusvalorándolas, en una actitud de ocultación de los hechos y ocultación de sus responsabilidades.
A este respecto, desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura han denunciado de nuevo "la actitud del Gobierno español que a falta de dos meses para que se cierre el plazo de implementación de mecanismos nacionales previsto en el Protocolo Facultativo, no ha dejado de sabotear el espíritu de esta herramienta supranacional, abierta a la sociedad civil, independiente y crítica, con actitudes como la propuesta de Leopoldo Torres para el subcomité internacional sin consultar con la sociedad civil o el acercamiento a la oficina del Defensor del Pueblo para diseñar el mecanismo nacional en torno a ella, posiciones que ejemplifican su nula intención de desarrollar una política que realmente pretenda erradicar la Tortura ni reconocer su práctica".
Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 03/05/2007 - Modificar
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