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Texto del artículo:
Manuel Martínez Llaneza || Economista e Ingeniero Aeronáutico.Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general contra la barbarie legislativa del PP y sus asociados para el próximo día 29, y otros sindicatos, y fuerzas políticas y sociales, la apoyan. Tal como están las cosas, parece obvio para cualquiera con una mínima sensibilidad social –o un mínimo sentido común o, incluso, propio– que hay que hacer todo lo posible para que esta huelga, que está pidiendo hace tiempo la parte más consciente y activa de la ciudadanía, se convierta en una manifestación multitudinaria de protesta contra las políticas antipopulares del capitalismo especulador internacional –valga el doble pleonasmo–, los políticos candidatos a futuro consejo de administración que las ejecutan y los diazferranes que las jalean. Sentado esto, habría que discutir algunas cuestiones relativas a su contenido.
Las huelgas nacieron con el desarrollo del capitalismo como acciones de lucha obrera por la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo; eran ilegales, por lo que no estaban reguladas, ya que incluso el asociacionismo obrero estaba prohibido y era fuertemente reprimido. Se trataba de enfrentamientos desnudos que se daban en una empresa y tenían en principio carácter indefinido; al parar la producción se perjudicaba al patrono que tenía que ceder o afrontar grandes pérdidas si duraba mucho tiempo el paro, siempre que los obreros pudieran soportar el hambre que significaba perder el escaso salario y salvo que se lo solucionara la policía o consiguiera el apoyo de clase de sus pares contra su enemigo común: la clase obrera. Ahí nacieron las cajas de resistencia, las huelgas de solidaridad y los sindicatos clandestinos, pero también las brutales represiones masivas y las mafias patronales.
Con la incipiente conciencia de clase aparecieron las huelgas generales: por la jornada de diez horas, contra el trabajo de los niños, por el reconocimiento legal del derecho de asociación; eran asuntos que afectaban al conjunto de la clase obrera y para los que se pedía la intervención de los poderes públicos que supuestamente debían regular la vida social y tutelar los derechos de todos los ciudadanos, por supuesto, en los países en los que había ciudadanos, porque en la mayor parte sólo había súbditos y amigos del rey. Las luchas eran ofensivas, por la adquisición de derechos, hace treinta años que son defensivas, para que nos quiten menos.
Las huelgas estrictamente políticas –porque en algún sentido todas son políticas, como todas las actividades humanas que no sean muy íntimas– se consideraron por amplios sectores anarquistas como la forma de paralizar y hacer caer el estado burgués y el PCE teorizó la Huelga General Política y la Huelga Nacional como la forma de hacer caer el franquismo, un planteamiento alejado de la realidad, pero no incoherente en cuanto tomaba esas huelgas en un sentido propio, ciudadano, de lucha por las libertades.
Un tipo particular de huelga es el que tiene al sector público como patronal, se trate de industrias o de servicios. Los políticos en el poder tiran entonces con pólvora del rey; las pérdidas producidas son sufragadas por los ciudadanos y sólo se verán afectados los responsables si sus jefes los ponen en cuestión por razones electorales, de opinión pública. Desde Thatcher, que no dudó en arrasar todo lo que se le puso por delante en la terrible huelga de la minería británica, las cosas han cambiado mucho, las técnicas goebbelsianas de descrédito de los que protestan son más importantes que las razones por las que lo hacen: el ciudadano no tiene nunca razón, ni siquiera hay que recibirlo para ver qué quiere, en realidad eso de ciudadano es algo antiguo e ineficiente. Por eso el desprecio y las campañas miserables, risitas incluidas, de las representantes más rancias de la extrema derecha teocon, Esperanza Aguirre y Lucía Figar –su dios las coja confesadas– ante la importante, justificada y masiva protesta de los enseñantes y la sociedad madrileños, en la misma onda de insolencia que el conseller Puig ante el apaleamiento de los manifestantes catalanes o el ministro Fernández ante el de los estudiantes valencianos.
Las huelgas, todas las huelgas, han sido siempre difíciles de sacar adelante, por más que lo nieguen los voceros de la patronal aludiendo a la tendencia natural de los trabajadores a escaquearse. Siempre ha habido miedo a perder el empleo, a quedar señalado con el jefe, a perder parte del escaso sueldo, a quedar en las listas negras de la patronal, cuando no a sufrir los ataques de sus matones, en unos casos con toda la razón y en otros con la cobardía del que sabe que lo que se gane con la huelga lo beneficiará aunque no haya participado. Sólo el esfuerzo personal, organizativo y pedagógico de los elementos más conscientes, y su aceptación por el resto, las ha hecho posible.
Del sucinto recorrido anterior surgen algunas preguntas cuyas respuestas obligarían a tener en cuenta factores antes esbozados y avanzar objetivos que no están en la discusión de la calle ni en los documentos emitidos. Se ha difundido mucho el contenido de la ley que se cuestiona y eso está bien, pero, ¿cuáles son los objetivos de esta huelga general?, ¿cómo se caracteriza?, ¿es de contenido estrictamente sindical?, ¿cómo se van a articular las fuerzas que la apoyan?, ¿cómo se va a continuar el día 30?, ¿no es hora de que se plantee una lucha internacional, puesto que es internacional la conspiración neoliberal –o la lógica capitalista, si se prefiere?
Hay mucho miedo, por la forma en que se ha convocado y explicado, de que esta huelga se limite a cubrir un expediente por lo que deberían haber dicho los convocantes qué se espera alcanzar y cómo se va a continuar hasta conseguirlo. No es previsible, ni en caso de gran éxito, ni se plantea por los convocantes, la retirada por el gobierno de la ley del Parlamento, ni siquiera una promesa de cambios concretos. Una simple presión sobre el debate parlamentario parece poca cosa ante el tamaño del desafuero cometido y, en todo caso, requeriría objetivos explícitos, acuerdos públicos con los grupos parlamentarios que han manifestado su desacuerdo y el mantenimiento de la presión durante el debate en las Cortes, es decir, una movilización continuada.
Si el objetivo es que el gobierno abra una mesa de diálogo con los sindicatos mayoritarios aparte del trámite parlamentario, el recelo es aún mayor, visto el resultado de la negociación de la última reforma. Llega a temerse que estén buscando conseguir su inclusión como agentes de la propia ‘reforma’, por ejemplo, recogiendo las migajas del INEM como agentes privados de colocación. Los sindicatos no pasan por momento de mayor prestigio y sólo una exposición clara de sus planteamientos y un compromiso con su defensa y explicación, podrían hacerles recobrar parte del crédito perdido. No vale decir que lo harán lo mejor posible, deberían proponer medidas más audaces y compromisos más explícitos como puedan ser la realización de consultas públicas o la constitución de un comité de seguimiento de las negociaciones que incluyera a las fuerzas políticas y sociales comprometidas en la misma lucha. No sólo la población, ni siquiera muchos de los afiliados estamos en disposición de dar un cheque en blanco a las direcciones sindicales.
Como última cuestión, si sabemos la magnitud y ámbito del reto que tenemos, hemos de poner en marcha cuanto antes la dimensión internacional de la lucha, desde hace mucho internacionalizada por el enemigo de clase; no podemos dejar que los griegos hagan solos el trabajo para ellos y para nosotros. Los sindicatos y partidos ya tienen esas relaciones y no es necesario que se pongan de acuerdo todos, podríamos empezar los del Mediterráneo con Portugal; alguien ha de hacerlo. Hemos de prepararnos para una lucha muy larga.
Hay que ir a la huelga, pero con la cabeza muy clara y los dientes muy apretados.
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Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 24/03/2012 - Modificar
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