Secciones: Europa - EnlacesTítulo: ANALISIS de la Constitución Europea - por Juanjo :
Análisis CONSTITUCIÓN EUROPEA: Un proyecto totalitario basado en instituciones antidemocráticas. Juanjo. -- Enlace 1 Texto del artículo:
Analisis del tratado constitucional
LA PARTE I DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
ENLACE 1:
http://www.noconstitucioneuropea.com
Un proyecto totalitario basado en instituciones antidemocráticas
Sirvan unos ejemplos para explicar el carácter antidemocrático de la
Constitución Europea y sus instituciones:
1.- LAS LEGISLACIONES NACIONALES, LLAMADAS A DESAPARECER
El artículo I.6 precisa que “La Constitución y el Derecho adoptado por las
instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le
atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros”. Todas
las legislaciones nacionales quedarían así en precario: sin pasar por el
gobierno ni el parlamento de cada país, las normas europeas podrían anular
cualquier conquista democrática o social recogida en la ley de cualquier
país.
2. ¿QUIÉN EJERCE EL PODER?
En cuanto a la política económica, el artículo I-30 estipula: 2. […] El
objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la
estabilidad de precios. 3. El Banco Central Europeo (...)será independiente
en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las
instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los
Estados miembros respetarán esta independencia.”
Así pues, el BCE tiene todo el poder y no tiene que rendir cuentas a nadie.
No solamente los estados miembros no tienen ningún control, sino que ni
siquiera las instituciones pueden ejercerlo.
3. SUBORDINADOS A LA OTAN.
Los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política
exterior y de seguridad común de la Unión […]. Se abstendrán de toda acción
contraria a los intereses de la Unión o que pueda mermar su eficacia.”
(artículo I-16).
“La política común de seguridad y defensa […] respetará las obligaciones
derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros
que consideran que su defensa común se realiza en el marco de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y será compatible con la
política común de seguridad y defensa establecida en dicho marco” (artículo
I-4, 2)
Así pues, la política común es el marco de sumisión a la OTAN, es decir a
los intereses diplomáticos y militares del imperialismo norteamericano.
El artículo I-41, 3 señala: “Los Estados miembros se comprometen a mejorar
progresivamente sus capacidades militares”. Se trata de militarizar Europa
como conjunto subsidiario del gobierno norteamericano. Y que haya que oír
que “Europa es la paz”…
4.- “LA LEY EUROPEA SERÁ OBLIGATORIA EN TODOS SUS ELEMENTOS Y DIRECTAMENTE
APLICABLE EN CADA ESTADO MIEMBRO”
“Las instituciones, para ejercer las competencias de la Unión, utilizarán
los siguientes instrumentos jurídicos […]: la ley europea, la ley marco
europea, el reglamento europeo, la decisión europea, las recomendaciones y
los dictámenes” (art. I-33).
La “Constitución” precisa: “La ley europea es un acto legislativo de alcance
general Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro”.
Así pues, sin pasar por los gobiernos ni los parlamentos de cada país, lo
decidido por la UE se convertiría en ley en cada país, anulando las leyes
anteriores.
5.- LA DICTADURA DE LA COMISIÓN EUROPEA
“Las leyes y leyes marco europeas serán adoptadas, a propuesta de la
Comisión, conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo” (artículo
I-34).
“Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la
Comisión” recalca aún el artículo I-26. Esto significa que todo proyecto de
“ley europea” deberá haber sido redactado por la Comisión de Bruselas. El
Parlamento Europeo no tiene más función que la de dar un barniz
pseudodemocrático.
¿A quién debe rendir cuentas esta Comisión? ¿Quién la controla? “La Comisión
ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. […] los miembros de
la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno,
institución, órgano u organismo.” (artículo I-26).
6.- EL ‘PARLAMENTO EUROPEO’, CÓMPLICE DE LA COMISIÓN
De igual modo, el Parlamento Europeo no puede discutir “leyes europeas” ni
“leyes marco europeas” a no ser que sean propuestas por la Comisión Europea.
Insistamos: ningún diputado ni grupo parlamentario europeo, sea de
“izquierdas” o de derechas, puede elaborar un proyecto legislativo, sólo
puede hacerlo la Comisión. El “Parlamento” sólo puede redactar súplicas a la
Comisión: “Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el
Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas
oportunas sobre cualquier asunto que a
juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para aplicar
la Constitución. Si la Comisión no presenta ninguna propuesta, comunicará
las razones al Parlamento Europeo” (artículo III-332).
En definitiva, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo sino para dar un tinte
pseudodemocrático a las instituciones totalitarias dedicadas por completo a
dislocar las legislaciones nacionales?
7.-UN ARMA CONTRA LA LAICIDAD
El Preámbulo de la ‘Constitución Europea’ empieza así: “INSPIRÁNDOSE en la
herencia cultural, religiosa y humanista de Europa”.
Más concretamente el artículo I-52 sobre el “Estatuto de las iglesias y de
las organizaciones no confesionales” proclama que “La Unión respetará y no
prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del
Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas”.
La mayoría de los estados europeos no están regidos por la separación de las
iglesias y el estado.
Todavía precisa más este artículo: “Reconociendo su identidad y su
aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y
regular con dichas iglesias y organizaciones.”.
Todo ello abre la puerta a un posible concordato especial entre la Unión y
el Vaticano.
El artículo II-70 proclama “la libertad de manifestar su religión o sus
convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través
del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos”.
LA PARTE II DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
La Carta de Derechos Fundamentales
1.- LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS “PRECISIONES” QUE APORTA LA
“CONSTITUCIÓN”
La Carta de Derechos Fundamentales fue elaborada en el año 2000 por una
convención del mismo tipo que la organizada bajo la presidencia de Giscard
para elaborar el proyecto de ‘Constitución Europea’. El Praesidium de
aquella Convención del año 2000, al publicar su proyecto de Carta, juzgó
útil completar cada uno de los 52 artículos de la misma con explicaciones e
interpretaciones.
En aquella época, en 2000, la Unión Europea (UE) publicó la Carta de
Derechos Fundamentales precisando que “las presentes explicaciones son
responsabilidad del Praesidium. No tienen valor jurídico y están simplemente
destinadas a aclarar las disposiciones de la Carta”.
En cambio, el preámbulo de la parte II de la ‘Constitución Europea’, parte
integrada por la Carta de Derechos Fundamentales, introduce un cambio
fundamental: “los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados
miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones
elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la
Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención
Europea.”.
Así, lo que en el año 2000 no eran más que “explicaciones sin valor
jurídico” tendrían ahora valor jurídico obligatorio para los estados
miembros.
Veamos algunos de los artículos de esta carta.
Artículo II-62: “Derecho a la vida”
La Carta de Derechos Fundamentales dice: “Toda persona tiene derecho a la
vida. Nadie puede ser condenado a la pena de muerte o ejecutado”.
Intención noble y loable si no fuera porque el comentario del Praesidium
introduce serias reservas: “La muerte no se considerará infligida con
infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un
recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: […] c) Para reprimir,
de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección.”
O sea que la pena de muerte está prohibida salvo si se trata de... ¡disparar
contra las masas!
Artículo II-67: “Respeto de la vida privada y familiar”
La Carta de Derechos Fundamentales dice: “Toda persona tiene derecho al
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus
comunicaciones”. Nada que objetar... aparentemente. Pero la publicación de
los juristas europeos citada más arriba indica: “El artículo 7 de la Carta
que establece el derecho al respeto de la vida privada y familiar de cada
uno no proclama un derecho a la vida privada en toda circunstancia y en todo
lugar”.
Efectivamente, si leemos los comentarios del Praesidium, “No podrá haber
injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en
tanto en cuanto esta injerencia […] sea necesaria para la seguridad
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa
del orden”. No discutiremos sobre la seguridad pública, cuyo significado
habría que definir. Nos limitamos a constatar que en nombre del “bienestar
económico del país” las autoridades públicas pueden hacer lo que quieran.
¿Qué hay tras esta noción sino lo que dictan los intereses de los patronos?
Artículo II-74: “Derecho a la educación”
La Carta de Derechos Fundamentales dice: “Toda persona tiene derecho a la
educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho
incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza
obligatoria”.
La misma Carta habla ya de una “facultad”. La interpretación jurídica del
Praesidium no deja lugar a dudas: “Tal y como está formulado, este último
principio únicamente implica que, para la enseñanza obligatoria, todos los
niños tengan la posibilidad de acceder a un centro que practique la
gratuidad. No impone que todos los centros, incluidos los centros de
formación profesional y de formación permanente, y en particular los
privados, que dispensen dicha enseñanza sean gratuitos. Tampoco prohíbe que
determinadas formas específicas de enseñanza puedan ser de pago, si el
Estado adopta las medidas necesarias destinadas a conceder una compensación
financiera”.
Pasemos de la formulación “una compensación” que no equivale a la obligación
de compensación total. Queda que este artículo cuestiona el derecho a la
enseñanza laica, gratuita y obligatoria.
Artículo II-75: “Libertad profesional y derecho a trabajar”
Este artículo de la Carta de Derechos Fundamentales está dividido en tres
párrafos. Veamos el primero: “1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a
ejercer una profesión libremente elegida o aceptada.” La publicación de la
CES citada más arriba de la CES reconoce que “el derecho a trabajar” no es
lo mismo que “el derecho al trabajo”. ¿Cuál es la diferencia? Leamos lo que
dicen los nueve juristas especialistas en derecho laboral europeo: “la
fórmula de ‘derecho a trabajar’ aparece como resultado de un compromiso
(...) Y en su calidad de derecho constitucional, el derecho al trabajo
obliga al estado a desarrollar una política de empleo activa, así como a
garantizar la libertad de trabajar y la organización de un mercado de
trabajo eficaz. Permite asimismo legitimar una acción pública.
Estos son los comentarios jurídicos de expertos en derecho laboral europeo.
Lo dicen ellos mismos: “el derecho a trabajar” no es el “derecho al trabajo”.
El “derecho a trabajar” es una fórmula que concierne al individuo, mientras
que el “derecho al trabajo” implica una responsabilidad del estado y de la
sociedad.
El párrafo 3 indica: “Los nacionales de terceros países que estén
autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen
derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan
los ciudadanos de la Unión.” ¿Equivalentes? Los nueve juristas europeos
precisan “El derecho a condiciones de trabajo “equivalentes” no significa
que sean idénticas o iguales”.
Es obvio que esto permite la arbitrariedad contra los trabajadores
emigrantes.
Artículo II-90: “Protección en caso de despido injustificado”
La Carta de Derechos Fundamentales señala: “Todo trabajador tiene derecho a
protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho
de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”.
Antes de leer los comentarios del Praesidium advertimos que el título de
este artículo ya resulta revelador. Bastará con que los patronos afirmen que
los despidos están justificados por la crisis para que los trabajadores no
tengan derecho a protección alguna. El comentario actualizado del Praesidium
remite a la “Directiva 2001/23/ CE sobre mantenimiento de los derechos de
los trabajadores en caso de traspasos de empresas”.
Y el artículo 4 de esa directiva que constituye la base jurídica del
artículo de la Carta dice: “El traspaso de una empresa, de un centro de
actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí mismo un motivo de
despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá
los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de
organización que impliquen cambios en el plano del empleo”. (DO L 206 de
29.7.1991, p. 19)
Es tanto como decir que con esta directiva europea todos los despidos son
justificables.
Artículo II-92: “Prohibición del trabajo infantil y protección de los
jóvenes en el trabajo”
La Carta de Derechos Fundamentales señala: “Se prohíbe el trabajo infantil.
La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que
concluye la escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más
favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas.
Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo
adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o
contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su
salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en
peligro su educación”.
El comentario del Praesidium es bastante lacónico: “Este artículo se basa en
la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo”.
En cambio, los nueve juristas europeos desarrollan ampliamente lo que
significa. Para empezar, en lo concerniente a la prohibición del trabajo
infantil escriben: “Ningún estado miembro ha fijado la edad mínima de acceso
al trabajo por debajo de los 15 años (...) el artículo 92 cita
explícitamente una excepción a la edad mínima de acceso al empleo (...) que
podría ser interpretada a imagen del artículo 4(2)(b) de la directiva
94/33/CE que se refiere a ‘un sistema de formación en alternancia o de
formación en la empresa siempre que este trabajo se haga de acuerdo a las
normas fijadas por al autoridad competente’.” La Carta de la UE acepta que
las excepciones de la edad mínima de acceso al trabajo, de prohibición del
trabajo infantil sean permitidas si son “limitadas”.
Artículo II-94: “Seguridad social y ayuda social”
Atendamos al primer apartado de este artículo: “La Unión reconoce y respeta
el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los
servicios sociales que garantizan una protección en casos como la
maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la
vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades
establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas
nacionales”.
Habría mucho que decir sobre este artículo, especialmente que no garantiza
el monopolio de la seguridad social. Pero citemos un comentario del
Praesidium: “La referencia a servicios sociales se refiere a los casos
en que dichos servicios se han establecido para garantizar determinadas
prestaciones pero de ninguna manera implica que dichos servicios deban ser
creados cuando no existen”. Dicho de otra manera, si los servicios sociales
no existen no tienes ningún derecho. ¡Y la llaman Carta de Derechos
Fundamentales!
En lugar de codificar derechos, este artículo da el marco para que la
Comisión Europea exija a nuestro país, como a otros, un drástico recorte de
las pensiones y de las prestaciones de la Seguridad Social.
Y POR SI NO FUERA SUFICIENTE...
Para concluir citemos el II-112, titulado “Alcance e interpretación de los
derechos y principios”: “sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean
necesarias”. El comentario a este artículo por el Praesidium es explícito:
“pueden establecerse restricciones al ejercicio de estos derechos, en
particular en el ámbito de una organización común de mercado, siempre que
dichas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general
perseguidos por la Comunidad”.
Así la Comisión Europea se reserva en todo momento la posibilidad de
restringir derechos, en nombre de un pretendido interés general, que sólo
ella pueda interpretar...
LA PARTE III DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
Políticas y funcionamiento de la Unión Europea
La parte III de la “Constitución”, la más voluminosa, trata de las
“políticas y el funcionamiento de la Unión
1.- “LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES” Y COMPETENCIA GENERALIZADA
El primer capítulo de esta parte da el marco de todos los siguientes. Está
consagrado al “mercado interior”, definido de la siguiente forma. “El
mercado interior supondrá un espacio sin fronteras interiores, en el que
la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales estará
garantizada de acuerdo con la Constitución.” (artículo III-130).
¿Qué es la libre circulación de capitales? Significa que ningún sector debe
ser excluido a priori de la ley de beneficio capitalista.
Esto conlleva una competencia generalizada, una presión gigantesca para
desreglamentar. Significa que nada, absolutamente nada, debe oponerse a la
“libertad” de los capitalistas de deslocalizar como les parezca sus
fábricas, para beneficiarse de las condiciones más ventajosas, de una región
a otra, de un país a otro. Como está sucediendo con la ampliación a diez
nuevos países en los que el coste del trabajo es diez veces más bajo que en
España, Francia o Alemania.
2.- EN VEZ DE SERVICIOS PÚBLICOS, “SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL
SOMETIDOS A LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA”
Es un hecho: en las cerca de 250 páginas de esta “Constitución” la palabra
“servicio público” no aparece ni una sola vez. No se reconoce sino la noción
de “servicios de interés económico general”. “Los Estados miembros no
tomarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de las empresas a
las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria
a la Constitución, en particular al apartado 2 del artículo I-4 y a los
artículos III-161 a III-169” (artículo III-166 ). “Las empresas encargadas
de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el
carácter de monopolio fiscal estarán sujetas a las disposiciones de la
Constitución, en particular a las normas sobre competencia, en la medida en
que la aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho o de derecho,
el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada” (artículo
III-166).
La norma, pues, debe ser “la apertura a la competencia” que ha llevado
siempre a la privatización.
3.- NACIONALIZACIONES PROHIBIDAS
Artículo III-167: “Salvo que la Constitución disponga otra cosa, serán
incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los
intercambios entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados
miembros o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o
producciones.”
Este principio contrario a la defensa de los puestos de trabajo y de las
bases económicas de cualquier país es el que se pretende aplicar en Izar,
suprimiendo 4.000 puestos de trabajo y decenas de miles en la industria
auxiliar. Antes hemos visto la liquidación del grueso de la siderurgia y de
la industria de bienes de equipo.
Como responsables de Economía han declarado, después de Izar tiene que venir
RTVE, Hunosa...
Cientos de miles de puestos de trabajo están amenazados en España, millones
en toda Europa.
4. ¿QUÉ AGRICULTORES VAN A PODER SOBREVIVIR?
“La Unión definirá y aplicará una política común de agricultura y pesca”
(artículo III- 225) cuyo primer objetivo es “incrementar la productividad
agrícola” (artículo III-227) mediante “una organización común de los
mercados agrícolas” que “adoptará una de las formas siguientes: a) normas
comunes sobre la competencia; b) una coordinación obligatoria de las
diversas organizaciones nacionales de mercado; c) una organización europea
del mercado” (artículo III- 228). La última reforma de la política agrícola
común (PAC), negociada en junio de 2003, instaura la “desvinculación” de las
ayudas agrícolas de la producción. Un alto funcionario de la UE lo comentó
así: “La reforma de la PAC debe incitar a los agricultores a producir en
función de las necesidades del mercado y de los costes de producción, y no
según el importe de las ayudas”.
5. TRANSPORTES: LA LIQUIDACIÓN DE LA RENFE
Los objetivos de la ‘Constitución’ requieren “una política común de
transportes” (artículo III-236). En este marco, “ningún Estado miembro podrá
hacer que las diferentes disposiciones que estuvieran regulando esta materia
(...) en la fecha de su adhesión produzcan efectos que, directa o
indirectamente, desfavorezcan a los transportistas de los demás Estados
miembros con respecto a los transportistas nacionales.” (artículo III-237).
En términos alambicados, esto significa que un estado no puede oponerse a la
apertura de su “mercado” de transportes a cualquier operador, nacional o
extranjero, público o privado, que lo demande. Entre otras consecuencias,
esto ha determinado la segregación de Renfe en provecho de operadores
privados, en el marco de los “servicios de interés general”.
El artículo III-241 prohíbe “la imposición por un Estado miembro, al
transporte dentro de la Unión, de precios y condiciones que supongan
cualquier forma de ayuda o protección a una o varias empresas o industrias”.
También en este caso, la regionalización es un instrumento del
desmantelamiento: deben tenerse “especialmente en cuenta las exigencias de
una política económica regional adecuada”.
La primera directiva europea sobre los ferrocarriles fue la 91/440. Exigía
de los Estados miembros, la separación de la gestión de la infraestructura
(vías férreas, señalización, edificios, etc.) del resto de la red. Otras
directivas han seguido, exigiendo, desde el 15 de marzo de 2003, la apertura
a la competencia del tráfico de mercancías.
6. LA ENERGÍA TRANSFORMADA EN “MERCADO”
La Unión Europea pretende, según la ‘Constitución’, “garantizar el
funcionamiento del mercado de la energía”.
En nombre de la libre competencia, organiza la apertura a la competencia del
servicio público de electricidad y de gas. Las directivas europeas,
fundamentalmente todas las adoptadas en aplicación del tratado de
Maastricht, exigen abrir el sector público a la competencia.
7. EDUCACIÓN: “ESTIMULAR LA COOPERACIÓN ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
Y EMPRESAS”
“La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando
la cooperación entre Estados miembros y, si es necesario, apoyando y
complementando la acción de éstos” (artículo III-282).
Busca, en particular, favorecer “la adaptación a las transformaciones
industriales, en particular mediante la formación y la reconversión (...)
favorecer la movilidad (...) estimular la cooperación en materia de
formación entre centros de enseñanza o de formación profesional y empresas”
(artículo III-283). Toda la educación deberá así estar al servicio de los
intereses particulares de los patronos.
Para cubrir estos objetivos, “la ley o ley marco europea establecerá las
medidas necesarias (...) se adoptará previa consulta al Comité de las
Regiones”. Hasta ahora, las titulaciones eran de ámbito estatal y daban una cualificación reconocida en los convenios colectivos y los estatutos de personal.
Ahora, el Gobierno acaba de aprobar la eliminación de las licenciaturas y diplomas, generalizando unos estudios universitarios de corta duración sin ningún valor, en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Juanjo.Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 21/01/2005 - Modificar
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