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Secciones: Documentos militante IU/ PCE -  Correo recibido -  Documentos, opinión, debate

Título: PROPUESTA DE REFORMA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA- Enlace 1 - Enlace 2 - Enlace 3 - Enlace 4

Texto del artículo:

Documento de 26 páginas, enviado por un camarada, alias "Petronius", de la Agrupación de Universidad del PCM que consideramos interesante, donde se hace un profundo análisis de la debacle electoral de IU y se argumenta a favor de una reforma del PCE.

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Comentarios y debate son bienvenidos. En la dirección de correo-e:
comunistas ARROBA profesionalespcm PUNTO org
con asunto: [REFORMA PCE]
Gracias.

Incuímos a continuación el contenido del documento, pero dado que tiene tablas y otras tipografías, recomendamos su lectura mediante alguno de los enlaces anteriores:

Una propuesta de reforma del PCE.

Hace ya años que pienso que un proyecto político con vocación de hegemónico y encaminado a una radical transformación de una sociedad como la española requiere de unas formas de organizarse, decidir contenidos y seleccionar dirigentes distintas de las vigentes. Como comunista, deseo que mi partido se ponga a la cabeza de esos cambios. Voy a exponer en que deben consistir a mi juicio, y para situar bien el tema, empezaremos dibujando a trazo grueso algunos de los rasgos del régimen que se supone pretendemos superar.
Agradezco a la Agrupación de Profesionales del PCM la oportunidad de exponer mis concepciones.

Un paseo corto por el Sistema Político.
El régimen político español, cuyos defensores definen como Sistema Democrático, es en esencia similar al de todas las naciones industrializadas con economías de elevada demanda interna, y se caracteriza entre otras cosas por la existencia de la llamada “clase política”, una categoría de especialistas en la cosa pública, mayoritariamente compuesta por profesionales y técnicos del derecho y la administración del estado, con presencia de elementos del mundo de los negocios, el sindicalismo y otros ámbitos de menor entidad. Es llamativo que los hombres de negocios raramente ocupen la primera fila, permaneciendo en segundo plano. Conviene observar que cuando los hombres muy involucrados en intereses empresariales alcanzan la jefatura de los gobiernos o los estados sus desempeños están erizados de controversias, así que tanto por razones de confianza y equilibrio interno de la clase capitalista, como por motivos de estabilidad y legitimidad del régimen, el mundo de los negocios permanece por lo general cerca del de la política sin llegar a ocupar su posición central. La necesidad de una clase de especialistas en la cosa pública desemboca pues en el hecho conocido de que el Sistema Democrático es a la vez el Sistema de Partidos.
En efecto, son los partidos políticos los encargados de proporcionar una reserva de hombres de estado y de garantizar su fiabilidad a los grupos de intereses a los que representan. Un candidato a la jefatura del gobierno ha de pasar por una criba muy fina, desde las primeras refriegas en las guerras de facción de su propio partido hasta el sometimiento total de los ambiciosos de sus propias filas, sobreviviendo a las intrigas propias y ajenas en todos los pasos de su carrera. Por si esto fuera poco, debe obtener la confianza, o por lo menos el “nihil obstat” del mundo de los negocios nacional e internacional, de las embajadas extranjeras, de las instituciones internacionales. Y para colmo, tiene que congraciarse con sindicatos, organizaciones patronales, grupos de presión de diverso porte, la farándula, la Iglesia Católica... ¡Agotador!
El Sistema Democrático o de Partidos, al depender de la creación y mantenimiento de una categoría de políticos profesionales a los que somete a un proceso de selección y de crítica permanente, expone a la misma a ser blanco de las iras del pueblo. Por razones que van desde la historia de la industrialización hasta la naturaleza de las sociedades de alta demanda interna que resultan de aquella en los casos de éxito de la misma, la legitimidad del sistema, y por ende de los gobiernos y jefaturas de estado, depende del sufragio universal. Así, la legitimidad de la jefatura del estado en España tiene su más sólido fundamento en el resultado del referéndum de 6 de diciembre de 1978, de ahí la persistente identificación que realiza la propaganda del régimen entre la corona y la constitución nacional.
La perspectiva de exponer toda la maquinaria del gobierno de un país a los deseos del pueblo siempre ha desagradado a los grupos organizados alrededor de la conservación de intereses y privilegios, que han expresado a lo largo de la historia, a través de sus autorizados portavoces, su desconfianza acerca de la capacidad del mismo para entender en asuntos de alta política, y la conveniencia de limitar el sufragio o, al menos, tutelar a los votantes. En efecto, el potencial revolucionario del sufragio universal aun hoy es temido, y es por ello que el Sistema Democrático ha evolucionado de forma que, pese a que la legitimidad reside en el sufragio universal, el resultado de las elecciones no guarda relación directa con la composición del gobierno. Para ello, se utilizan desde antiguo los sistemas de circunscripción y barrera, y por amor a la perfección, sobre todo para arreglar los desaguisados resultantes de la aplicación de aquellos, los de atribución de escaños.
Gracias al sistema de circunscripción se puede ignorar a capricho la voluntad de una parte de la población muy considerable, e incluso privilegiar la representación de determinados intereses, bastando para ello ajustar el tamaño y peso de las circunscripciones. Por ejemplo, en las elecciones generales en España se da el interesante caso que sigue:
Las Comunidades Autónomas de Castilla León y Castilla La Mancha suman 14 circunscripciones provinciales, en las que se eligen un total de 53 diputados al Congreso. La población con derecho a voto que reside en estas regiones asciende escasamente a 4 millones. La Comunidad Autónoma de Madrid elige 35 diputados al Congreso y su población con derecho a voto frisa los 4 millones y medio. Por lo tanto, en las dos Castillas se toca, de media, a un diputado por 75.000 votantes mientras que en Madrid corresponde uno por 128.000, más o menos. Esto es así porque la Ley Electoral española garantiza un mínimo de tres escaños a cualquier provincia, añadiendo escaños a esos tres según una regla de tramos numéricos, dependiendo Ceuta y Melilla de un estatuto especial. Pero hay más. Como las circunscripciones más grandes de ambas Castillas, que son León, Valladolid, Ciudad Real y Toledo, envían cinco diputados cada una, las de Salamanca, Burgos y Albacete, cuatro diputados cada una, y las de Zamora, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Cuenca y Guadalajara envían tres diputados cada una, vemos que, para acceder a uno de los 53 escaños castellanos hay que obtener en condiciones ordinarias del orden del 20% de los votos emitidos en las cuatro provincias más grandes, aproximadamente el 25% en las tres intermedias y cerca del 33% en las siete más pequeñas. Es decir, que no solo los votantes de las dos Castillas tienen un peso muy superior a los madrileños, sino que sus 53 escaños están en general vedados a las opciones que no se muevan alrededor del 25%. Un voto a una opción minoritaria en las provincias castellanas es ignorado, o como dicen los políticos demócratas, no es un voto útil (ojo, por respeto a las formas nunca dicen “voto inútil”, faltaría más). Una interesante consecuencia de lo expuesto es la preeminencia del voto de los propietarios agrarios resultantes de la concentración parcelaria de los años 70, máxime desde que la mecanización diluyó el peso del voto de los jornaleros, rasgo que se extendió en los 90 a las provincias agrícolas del sur y levante con la sustitución de mano de obra en los huertos por trabajadores extranjeros. Para resumir, véase que unos 7 millones de votantes que residen en las 30 provincias menos pobladas, que son las que envían de 3 a 6 diputados al Congreso, tienen un peso superior en dicha cámara que los 13 millones que viven en las cuatro provincias más pobladas, que son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Gracias al sistema de barrera, si una opción política queda por debajo de un cierto resultado porcentual, no obtiene la representación que le corresponde por el mismo, quedando fuera de juego. Normalmente, los políticos demócratas alegan la conveniencia de la barrera para defender al pueblo de sus propias tentaciones de signo extremista, de modo que la barrera es un instrumento de tutela. Vamos a ver un caso notable.
En la Comunidad Autónoma de Madrid se eligen 111 escaños para su asamblea regional, de modo que, en principio, sobra con un 0,91% de los votos emitidos para obtener representación. Sendas candidaturas verdes obtuvieron en las autonómicas de Mayo de 2003 el 0,92% y el 1,37%, quedándose sin representación al no sobrepasar la barrera vigente. Si esa barrera no existiese y los votantes que eligieron esas opciones hubiesen sido tratados por los legisladores con el respeto y consideración que merecen, posiblemente hoy sería presidente de la autonomía madrileña el Sr. Simancas, pues si bien uno de los escaños arrebatados a las candidaturas verdes por la aplicación de la barrera correspondió a IU en la atribución por Regla D´Hont, el otro fue a parar al PP. En fin, salvar al pueblo de sus tendencias totalitarias tiene un precio que los políticos demócratas saben pagar con el buen talante que les adorna.

La última pieza que se emplea para disociar el sufragio universal de la representación es el método de atribución. Es la menos importante, pues su injusticia resulta de tener que resolver de algún modo el desaguisado creado por las anteriores tropelías. Durante mi militancia en el PCE e IU he tenido ocasión de oír muchas amargas quejas sobre la injusticia de la Ley D´Hont, pero ninguna acerca de los sistemas de circunscripción y barrera. Es como si en presencia de un terrible homicidio los parientes de la víctima descargasen su ira sobre el funerario, sin hacer ni un solo comentario acerca del asesino. Si el PCE o IU han padecido un elevado coste en votos por escaño obtenido ello se debe fundamentalmente al sistema de circunscripciones, no a la aplicación de un sistema de atribución de escaños en particular. Vamos a comparar que repartos de escaños se hubiesen dado en Mayo de 2003 en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid según que método de asignación se use, proporcional o mayoritario, y como difieren esos resultados de los que se obtienen por aplicación de barrera.

Sin barrera
P
M
PP
53
54
PSOE
46
47
IU
9
8
LV
2
1
LV - CM
1
1



Con barrera
P
M
PP
55
55
PSOE
47
47
IU
9
9

La columna P refleja el reparto que se deriva de aplicar un método proporcional y la columna M corresponde a la Regla D´Hont. Observa que con barrera son idénticos, y que sin barrera, la diferencia entre P y M estriba en que en P, el PSOE y el PP obtienen un escaño menos en beneficio de IU y LV respecto del resultado por reparto mayoritario. Parece claro que la barrera introduce la injusticia, y el método de asignación ante todo la reparte. Estos resultados se explican con detalle en el Anejo IV.

Es frecuente que el Sistema Democrático también reciba el nombre de Sistema Representativo. Este último nombre es más preciso y fiel a la verdad. La misma naturaleza del proceso político impone que los especialistas en la cosa pública recluten a parte de sus cuadros entre elementos sobre los que los distintos intereses organizados han depositado su confianza. La representación de los intereses organizados es tan imprescindible que ni la misma jefatura del estado se libra de tener que buscarla, como se ha podido apreciar en los esfuerzos que se llevan a cabo para conseguir que el sucesor en el cargo reciba la confianza de dichos intereses en virtud de la adopción de un estilo de vida adecuado, amén de la errática y vana búsqueda de una popularidad que venga a sustituir la legitimidad que el actual jefe de estado obtiene del referéndum del 78. La presión para los cambios constitucionales ofrece a la Corona riesgos y oportunidades, pues la sanción por plebiscito de dichos cambios consolidaría la posición de la misma.
Un persistente rasgo de las revoluciones es la pérdida de la fe en el derecho al ejercicio del poder por parte de la clase que lo detenta. En este sentido, una labor política destinada a demostrar la falacia comúnmente aceptada que consiste en que nuestro sistema político es democrático, cuando eso no es cierto ni siquiera desde un punto de vista formal, tiene algo de subversivo. Una estrategia orientada a ese fin tiene que vencer dos problemas, uno pequeño y uno grande.
El problema pequeño consiste en ofrecer una alternativa realista aquí y ahora. Esto es fundamental, pues sin tal alternativa, la simple crítica lleva a un discurso nihilista, que niega la obvia necesidad de la política. El problema grande consiste en que los hechos de quien propone la alternativa sean consistentes con su discurso, pues la credibilidad que merece quien no predica con el ejemplo resulta muy escasa.

El Corazón (enfermo) de la Bestia.
Como hemos visto, los grupos organizados alrededor de la defensa de unos intereses y privilegios desconfían del sufragio universal, pues temen con razón que su posición sufra menoscabo. Como es lógico, la responsabilidad que recae sobre los partidos del régimen de garantizar la ausencia de sorpresas en los asuntos del estado descarta que los mismos se gobiernen por el sufragio universal directo de sus militantes. Aprovechando las formas de organización que proceden de otros tiempos y que han quedado claramente obsoletas, los partidos políticos se rigen mediante sistemas de sufragio indirecto o de congresos, que resultan ideales para mantener el consenso entre los grupos que rivalizan por la influencia. Tomando como base circunscripciones de diverso tamaño, como las agrupaciones y asambleas, se procede a una atribución de delegados o compromisarios ajustada de un modo grueso, de modo que abunda el caso que diversas agrupaciones de escaso porte envíen más representantes a un Congreso o Asamblea que otras de mayor tamaño, aun superando la suma de afiliados de éstas a la de aquellas, repitiéndose lo expuesto sobre el sistema nacional de circunscripciones. Tal situación se agrava por el peso que los miembros natos pueden llegar a alcanzar. Por ejemplo, en el último Congreso del PP, su Junta Directiva Nacional al completo fueron miembros natos, esto es, más de un 12 % del total de compromisarios. Amén de ello, los delegados eligen por lo general un órgano más o menos amplio, que a su vez designa al máximo responsable, en correspondencia con lo que sucede en las elecciones generales, en las que el votante decide a que partido político le confía la consumada elección de los diputados que designarán al presidente del gobierno. El funcionamiento de los partidos es pues tan restrictivo e indirecto como el del régimen, pero éste cuenta al menos con garantía jurídica. Considérese la panoplia de poderes de que dispone la dirección de un partido, que le facultan para segregar agrupaciones, refundirlas, negar o posponer el debate o la elección, imponer gestoras que las administren en caso de disidencia, desembarcar militantes y transferirlos, negar la posibilidad de candidaturas minoritarias imponiendo fuertes respaldos previos en términos de delegados...
Tras todo lo expuesto, no puede asombrarnos que la palabra consenso sea la más pronunciada en el régimen, pues el acuerdo entre rivales que pugnan por una posición no solo confiere estabilidad a las organizaciones y a las políticas que se ejercen, sino que también tiene el saludable efecto de eliminar cualquier tentación de recurrir a las masas. Tal es la loa que ha merecido este proceder que la bondad del consenso se da por supuesta. El precio que se paga por regirse de esta guisa es que, al basarse todo en el consenso, las organizaciones se ven al borde del abismo cuando se debilitan financiera y electoralmente, pues no se puede legitimar por consenso un reparto de prebendas que consiste en “Estos Diez Mandamientos se cierran en Dos: Todo para Mí, Nada para Vos”. Las reyertas resultantes, aunque moderadas por el miedo a la extinción, actúan como un tiro de gracia, y solo los partidos fuertes aguantan eso.
A partir de lo visto en este paseo, vamos a empezar a proponer medidas.

I.Elección directa, por sufragio universal con voto igual de todos los militantes, del Secretario General del PCE y de los Secretarios Generales de las federaciones.
El PCE recuperará una posición de peso en la sociedad española cuando el grueso de los trabajadores hablen con respeto de la máxima responsabilidad de nuestro partido y de aquel que la desempeña. Mucho depende del comportamiento de quien ostenta el cargo, pero también es cierto que esto último está vinculado en gran medida al modo en que se accede al mismo. No puede desempeñar sus funciones del mismo modo un secretario general que cuenta con un amplio respaldo entre los militantes y aceptación entre los votantes, expresado todo ello en una elección sin oposición en el Congreso, que uno que simplemente lo gana, como plasmación de una solución de compromiso en un contexto de incertidumbre por el futuro político. El voto de los delegados a favor de un secretario general, inscrito en una situación de caída electoral y debilidad financiera de la organización, no significa necesariamente un verdadero apoyo al candidato ganador ni un compromiso firme con la línea que representa. El sistema de sufragio indirecto al uso contribuye a debilitar la posición del Secretario General precisamente en las situaciones en que es más necesaria la fortaleza.
Aunque el congreso fuese verdaderamente representativo, éste elige al Comité Central o Federal, que a su vez elige al Secretario General. Un delegado se ve expuesto a presiones y tentaciones ejercidos por las partes interesadas que puede desvirtuar el sentido del voto de los que le eligieron. A su vez, eso puede suceder con los que acceden al Comité Central, y por ende, las condiciones en las que un Secretario General desempeña su cargo pueden acabar por ser diferentes a las deseadas por los militantes que implícitamente apoyaron con su voto, desde sus agrupaciones y a través de sus delegados, al candidato ganador. Esto menoscaba su posición, pues la deformación del sentido del voto erosiona el valor del mismo.
Abogo por que el Secretario General sea elegido con el voto directo e igual de todos los militantes. Es deseable que la elección de nuestro máximo dirigente sea posterior al Congreso, para que los candidatos se involucren con una línea política clara, restando rentabilidad a las posiciones ambiguas, pues el Congreso sería una suerte de campaña, en la que los candidatos deben participar si quieren ser conocidos en el momento de la elección.
En este punto cabe considerar la adopción de un sistema a dos vueltas, con vistas a aumentar los apoyos y la legitimidad del secretario general entrante y fortalecer su posición. Entiendo que debe ser competencia exclusiva del Secretario General determinar la composición del Comité Ejecutivo formado por los responsables de las secretarías, con la única limitación que tales responsables deben ser miembros del Comité Federal o Central correspondiente. Si el PCE se presenta en solitario a las elecciones o formando coalición, la dirección de cualquier negociación de acuerdo o alianza con otras fuerzas políticas es potestad del Secretario General del PCE, independientemente del nivel a que se refiera dicho acuerdo, y los órganos de una federación no pueden negociar acuerdos con otras organizaciones sin su consentimiento. A su vez, el Secretario General debe estar facultado para convocar el Congreso y las elecciones a los órganos de modo extraordinario, antes de que expire su mandato, así como para convocar la Conferencia del Partido, sin requerir el acuerdo del Comité Federal o Central para ejecutar tales decisiones.

II.Elección directa, por sufragio universal con voto igual de todos los militantes, del Comité Federal del PCE y los Comités Centrales de las federaciones.
El Comité Federal debe ser elegido al mismo tiempo que el Secretario General, con vistas a aumentar las probabilidades de concordancia entre ambos órganos. Para ello se tomarían las federaciones como circunscripción electoral, de modo que la representación de las mismas en el Comité Federal sea proporcional al número de sus militantes. Un método semejante se aplicaría en cada federación para la elección de su comité central, siendo aquí la federación en cuestión circunscripción única.
Aquí cabe considerar la adopción del sistema de lista abierta o cerrada. La segunda ofrece ventajas a la hora de definir posiciones y comprometer a los candidatos a la pertenencia al Comité Federal con una determinada posición, pero supone una tutela cierta del voto de los camaradas.
El Comité Federal tiene el poder de presentar moción de censura contra el Secretario General bajo unas ciertas condiciones, como un elevado nivel de acuerdo en el Comité Federal respecto de tal medida, por ejemplo dos tercios, y alegación de los motivos en que se fundamenta. En caso de fracaso de la moción de censura, los que la promueven y respaldan con su voto no podrán ejercer otra en un plazo de tiempo. Si por el contrario la moción tuviese un resultado positivo, el Secretario General será sustituido por un miembro del Comité Federal elegido por sorteo, cuya tarea es la convocatoria de un proceso completo: Congreso y elecciones al Comité Federal y a la Secretaría General, celebrándose la convocatoria electoral en un plazo rígido previsto en estatutos.
El Comité Federal o Central puede convocar la Conferencia para resolver una disputa que pueda tener con otro órgano. El Secretario General no puede vetar dicha convocatoria.
Los miembros del Comité Federal o Central deben trabajar en las comisiones de apoyo y seguimiento a las secretarías, o en las propias secretarías si el Secretario General así lo dispone.
El Secretario General debe rendir cuentas de su gestión al Comité Federal una vez al mes de modo ordinario, y de modo extraordinario cuantas veces lo estime conveniente por mayoría simple el Comité Federal. Las decisiones de alianza, acuerdo o coalición con otras fuerzas políticas deben ser aprobadas por el Comité Federal con al menos la mitad más uno de los votos.
Para ser candidato a Secretario General o a la pertenencia al Comité Federal se tiene que haber sido delegado en el proceso congresual inmediatamente anterior a las elecciones a cargos del partido. Todo lo expuesto es de aplicación a las relaciones entre un Secretario General de federación y el Comité Central de la misma.

III.El Comité de Garantías.
Un Comité de Garantías no puede ser juez y parte, y para que su acción sea eficaz debe quedar libre de toda sospecha. Para ello, sugiero su elección por sorteo entre los delegados al Congreso que no se hayan postulado candidatos a los órganos electos.
El Comité de Garantías tiene la obligación de revisar periódicamente los censos del Partido, y sus decisiones han de fundamentarse en los estatutos y en los principios generales del derecho allá donde aquéllos no alcancen a resolver una cuestión. Si hay contradicción entre los estatutos y tales principios, el Comité de Garantías debe resolver según los últimos, señalando la contradicción existente con vistas a la modificación de los primeros, que se realiza a través de una votación en el Comité Federal. Si la modificación no prospera, el Secretario General debe arbitrar la disputa entre ambos órganos. El Comité de Garantías puede convocar a quien desee para asesorarse sobre cualquier punto de un fallo que deba emitir, estando el convocado obligado a acudir si es militante del partido.

IV.La Conferencia.
Se trata de un congreso extraordinario limitado a un punto, y no será seguida de un proceso electoral. Así, si se produce una disputa entre órganos, un modo de resolverla en caso de fracasar el arbitraje del Secretario General o si éste es parte en el conflicto entre órganos es convocar una conferencia, que se compone de delegados por agrupaciones en la misma cantidad y elegidos del mismo modo que en un congreso, pero que solo tratará del punto en disputa. Una vez que la Conferencia resuelve el conflicto, se agotan los procedimientos internos de solución del mismo, salvo que el Secretario General opte por la convocatoria extraordinaria del Congreso y las elecciones a los órganos, o el Comité Federal por la moción de censura que precipite dichas convocatorias. La elección de los delegados a la Conferencia será precedida en cada agrupación de un debate separado sobre la disputa, con documentación que los órganos en conflicto deben aportar para justificar sus posiciones respecto de la misma.

V.El Congreso. Finalidades del mismo y modo de elección de delegados.
Despojado el Congreso de la función de elegir los órganos, el debate de ideas y la constitución de candidaturas a los órganos pasan a ser los asuntos clave que se ventilan en el mismo. Es por ello que los delegados deben seguir siendo elegidos en las agrupaciones, de modo que la discusión sobre documentos tenga su fundamento en los debates previos celebrados en las mismas.
Incluso en esta situación, tener más delegados que sus rivales ofrece a una facción ventajas sutiles, pues hay más donde escoger para confeccionar listas de candidatos a los órganos y se parte de una posición fuerte en el proceso electoral. El hecho de que toda agrupación deba enviar al menos un delegado hace provechoso contar con muchas agrupaciones de escaso porte, que necesariamente gozarán de exceso de representación en detrimento de las de mediano y gran tamaño. Para paliar este indeseable efecto y eliminar tentaciones como la creación de pequeñas agrupaciones leales a una posición determinada, conviene considerar dos medidas.
La primera consiste en que Organización debe proponer y fomentar la celebración de los debates congresuales y de la elección de delegados de modo conjunto entre varias agrupaciones, siempre que las mismas estén mayoritariamente de acuerdo. Así, si dos o más agrupaciones pequeñas son afines en líneas generales, se les propondría realizar sus discusiones y elegir sus delegados conjuntamente, o en unión con una gran agrupación. Si la gran mayoría de los camaradas de todas y cada una de las agrupaciones involucradas están de acuerdo con la medida, Organización procede a atribuir los delegados que corresponden a esa Unión Temporal, que sustituye durante el proceso congresual a las agrupaciones que la integran. En consonancia, Organización no puede vetar las uniones temporales que voluntariamente se propongan desde las agrupaciones. Esto permite reducir el número de pequeñas unidades en la medida en que la existencia de las mismas no resulte del aislamiento o de un cálculo de la ambición, de modo que el desequilibrio de poder de elección que es intrínsecamente favorable a las agrupaciones pequeñas queda mitigado. Forzar la unión no es conveniente, pues el ambiente congresual ya se enrarece bastante como para introducir otro factor de tensión, de modo que las uniones han de ser inequívocamente deseadas por las agrupaciones para que se lleven a cabo. Es por ello que conviene considerar, por ejemplo, un resultado mínimo del 51% a favor y máximo del 40% en contra de la unión en cada una de las agrupaciones integrantes para proceder a la misma.
La segunda medida consiste en dotarnos de una buena norma de atribución de delegados.
No existe un método de atribución que de modo infalible garantice la máxima ecuanimidad en el reparto de delegados por agrupaciones. El método mejor depende de la distribución de los tamaños de las agrupaciones.
Por ejemplo, si el 80% de las agrupaciones solo reúnen el 20% de la militancia, y el 20% restante suma el 80%, la necesidad de que todas las agrupaciones estén representadas fuerza que, o bien las grandes pesen menos de lo que debieran, o que el Congreso deba formarse con una gran cantidad de delegados, elevándose su coste. En una situación como esta, es posible que el reparto de delegados por sistema proporcional a sus censos derive en una mayor injusticia que si se asignan por un algoritmo de tipo mayoritario.
De cualquier manera, hay un procedimiento para decidir que método de atribución es menos injusto, que en resumen se basa en hallar el exceso o defecto de representación que experimenta cada agrupación según como se asignen los delegados. Se explica con detalle en el Anejo I.
Para terminar con este asunto, creo que es bueno que cualquier asignación cumpla las siguientes normas:
El Congreso ha de tener un tamaño no inferior a 10 veces el del Comité Federal o Central correspondiente, más el Secretario General.
La asignación de delegados debe hacerse directamente a las agrupaciones, no repartiéndolos a las federaciones para que, a su vez, los atribuyan a las agrupaciones, de modo que los criterios sean iguales para todos. En un congreso de federación reza el mismo principio, de modo que los delegados no se asignen previamente a los comités provinciales.

VI.El Congreso. Debate de documentos en las agrupaciones.
El espíritu que en condiciones ideales debiera informar el debate congresual es el esclarecimiento de las distintas posiciones y la persuasión, mediante argumentos razonados, acerca de la ventaja de una idea sobre otra. Por desgracia es harto probable que el debate de documentos no concite el interés de muchos camaradas, de forma que la discusión vaya por un lado, y la elección de delegados por otra. Para evitar el sufrimiento que supone ver a 40 personas esforzándose por no dormirse y preguntando cada vez con más frecuencia que cuando se vota a los delegados, mientras arrojan miradas al responsable político para saber que es lo que tienen que votar en cada enmienda, conviene separar en el tiempo los debates sobre textos de la votación para la elección de delegados, de modo que el que deseé contrastar argumentos lo pueda hacer sin que los que a ojos vista se aburren a muerte le presionen para cortar la discusión.
Propongo que los documentos que se presenten para su discusión lo hagan sobre una base de igualdad, de forma que no exista una ponencia oficial. Esto significa que un documento presentado distinto del propuesto por la dirección no es una enmienda a la totalidad, sino otro documento. Por lo tanto, cualquier camarada puede, durante los debates en su agrupación, presentar cuantas enmiendas deseé a cuantos documentos le plazca. Esta propuesta, lejos de ralentizar los debates, los hace más fluidos, pues contribuye a situar la discusión en una atmósfera de argumentación, mitigando el efecto de las lealtades de facción.
El objetivo de los debates no es tanto la votación de los documentos como penetrar en el conocimiento de los mismos, juzgar sus puntos débiles y fuertes, y tratar de llegar a una síntesis allá donde las posiciones no sean contrarias. A tal efecto, se votarían las enmiendas que se presenten a cada documento.
Sugiero el siguiente esquema para la organización de las sesiones de debate: De haber más de una posición, se arbitrará una argumentación con tiempos iguales para todos. Se supone que los camaradas que participan en el debate han hecho sus deberes leyéndose los documentos. A cada turno de defensa de una posición le corresponden tantos turnos de réplica como posiciones distintas de la misma haya. Tras los turnos de réplica, la posición discutida tiene un último turno de contrarréplica. Insisto en la necesidad de tiempos iguales para cada posición.
Tras este paso, se presentan las enmiendas a la posición. Se reparte copia de las mismas a los camaradas. Así hasta que todas las posiciones hayan sido expuestas, criticadas, defendidas de la crítica y sometidas a presentación de enmiendas. Hecho esto, se votan las mismas. Todo lo expuesto constituye una fase, distinguiéndose las que siguen:
Fase de documentos políticos: en ella, se estudiarán los documentos presentados que se refieran a descripción o análisis de la situación política. Para entrar en calor.
Fase de documentos de programa, política institucional y alianzas: Ya calientes, se entra al meollo, con vistas a sentar las posiciones acerca de estos temas sin ambigüedades.
Fase de documentos sobre formación: en la que se tratará sobre cuales son las prioridades en esta materia y que requisitos de organización y recursos suponen.
Fase de documentos sobre mundo del trabajo: en ella se contrastan las posiciones sobre como deben intervenir los comunistas en las empresas y sindicatos.
Fase de documentos sobre organización y finanzas: aquí se discute cuanto se refiere a la organización de que debamos dotarnos para alcanzar los objetivos propuestos en las fases anteriores y los recursos necesarios para ello, razón por la cual las fases anteriores le preceden, de modo que sean un punto de partida para esta. Si se opta por reclamar grandes planes de intervención, se debe ser consecuente con ello, votando la elevación de las cuotas y el recorte de gastos.
Fase de estatutos: Aquí se enmiendan los proyectos de estatutos, con especial atención a que no entren en contradicción con los principios generales del derecho.

Estas seis fases pueden requerir de varias sesiones cada una. El número de sesiones será proporcional a la cantidad de posiciones distintas sobre el tema de la fase.
Terminados los debates y votadas las enmiendas, se eligen los delegados. La totalidad de las enmiendas aprobadas se remite a la Comisión de documentos. Obsérvese que no hay documento ganador. Solo enmiendas a los documentos.

VII.El Congreso. Elección de delegados.
Se presentan los candidatos a delegados por la agrupación, sin límite de cantidad. Los candidatos en liza deben aprobar por unanimidad presentarse por lista abierta. De haber un solo candidato a delegado en contra, esta posibilidad se descarta.
En este último caso, los candidatos se presentan en forma de listas cerradas, bloqueadas o no. Si es bloqueada, los delegados elegidos que corresponden a la candidatura son los que encabezan su lista, hasta donde alcance por los votos que reciba. Si no es bloqueada, el orden de los candidatos de esa lista cerrada responderá a las preferencias de los camaradas que la voten, entendiéndose que una papeleta sin marcas tiene el orden de preferencia correspondiente a su redacción, como si estuviese bloqueada. Tras el recuento, se proclaman los delegados de la agrupación, entregándoseles la lista de enmiendas aprobadas. En los anejos se da un ejemplo de resultado por lista cerrada no bloqueada.

VIII.El Congreso. La Comisión de documentos.
Se forma con representación de igual tamaño para todas las ponencias presentadas, y un representante de la Secretaría de Organización que oficia de secretario, con voz pero sin voto. Su misión es asegurar la provisión de las ponencias a los militantes, la recepción de las enmiendas de las agrupaciones y remitir a los delegados copia de los documentos con las enmiendas asumidas por cada posición. También debe tratar el caso de que enmiendas no asumidas que sean semejantes en el fondo y distintas en la forma, con vistas a sintetizarlas en una enmienda única antes de los plenarios del Congreso, tratando el asunto con los delegados de las agrupaciones correspondientes, que deben ponerse de acuerdo para presentar una enmienda única.

IX.El Congreso. Asunción de enmiendas por las posiciones y celebración de los debates.
Antes de la celebración del Congreso se hace llegar a los delegados, con antelación suficiente, una copia de cada documento, en los cuales ya se ha modificado la redacción integrando las enmiendas asumidas por la posición que defiende cada uno. Se consigna en los mismos cuales son, donde están y de que agrupación proceden las enmiendas asumidas, así como el texto sustituido. A su vez, se entrega lista de enmiendas no asumidas a cada documento, que será completada con la síntesis de enmiendas semejantes de que se hizo mención en el punto anterior.
Las sesiones del Congreso se dividen en las mismas fases que los debates de las agrupaciones. Los turnos de réplica son suprimidos. Si una posición concentra su artillería en replicar a otra, quedándose sin tiempo para defender la suya, es su problema. En lugar de turnos de réplica, se presentan las enmiendas no asumidas por la posición discutida en el segmento de la fase en desarrollo. Cuando todas las enmiendas a todas las posiciones se han presentado, se levanta la última sesión de la fase. Las posiciones no pueden asumir enmiendas durante el Congreso.
La primera sesión de las siguientes fases comienza con la votación de las enmiendas presentadas a las posiciones en la fase anterior. Aquellas que son votadas mayoritariamente, son incorporadas o modifican al documento correspondiente. El porcentaje de votos a favor de la enmienda debe superar el 51%, y el de votos en contra no debe exceder del 40%. En otro caso, la enmienda no pasa. Esto reduce la rentabilidad de una táctica de obstrucción basada en la proposición de enmiendas claramente contrarias al espíritu del documento enmendado.

X.El Congreso. Delegados natos.
No es lógico privar al Secretario General saliente, por ejemplo, de ser candidato a la reelección, u obligarle a ser delegado por su agrupación, cuando tiene tareas de mayor urgencia que participar en los debates de aquella. Propongo que los delegados natos tengan voz en el Congreso, y derecho a postularse candidatos a la pertenencia a los órganos en los procesos electorales que le siguen, pero sin voto en las cuestiones que trata el Congreso. Serían miembros natos el Secretario General saliente y una representación del Comité Federal o Central correspondiente. Tal representación no debe ser inferior a un cuarto ni exceder de un tercio del mismo, y la elige el Comité. De no haber acuerdo unánime sobre este asunto, se procede a votación en el Comité Federal o Central, según corresponda, de listas cerradas de candidatos a delegado nato integradas por miembros del órgano en cuestión. Los puestos de delegado nato se reparten por sistema proporcional puro entre los integrantes de las listas presentadas, bloqueadas o no.

XI.El Congreso. Formación de candidaturas a los órganos y presentación de las mismas.
Con los documentos enfrentados ya en su forma definitiva, Organización abre el registro de candidaturas a los órganos. Lo natural es que las posiciones articulen las candidaturas, mas es legítima la presentación de cualquier candidatura a los órganos con la exclusiva condición de que todos sus integrantes hayan participado como delegados, electos o natos, en el Congreso. Dentro de un plazo fijado en estatutos, se presentan los aspirantes a la Secretaría General, así como las listas al Comité Federal.
Los candidatos a la Secretaría General y los portavoces de las listas al Comité Federal tienen el derecho, que no la obligación, de participar en un debate ante los delegados. El debate se desarrollará por el procedimiento que acuerden por unanimidad los participantes en el mismo. En caso de no haber acuerdo, se discutirá por un sistema de turnos. Los turnos de exposición de cada candidatura, réplica por cada rival, y defensa frente a cada réplica serán aplicados, con tiempos iguales para todos, siguiendo el esquema sugerido para el debate en fases en las agrupaciones descrito en el apartado VI. Es de buen tono que las intervenciones se ciñan a los temas referidos en los documentos, entre otras cosas porque estos serán votados después del debate, y ganar la votación sobre documentos proporciona una ventaja de salida para la elección al candidato que lo respalda. El orden de las intervenciones se designará por sorteo. Cerrado el debate se votan los documentos como un todo, con lo que se cierra el Congreso, abriéndose la elección directa a los órganos.

XII.Elecciones a los órganos.
Pasado un plazo fijado en estatutos, de modo que las candidaturas puedan hacer campaña en las agrupaciones si lo desean, se celebran las elecciones. Para el Comité Federal se han asignado puestos a cada federación proporcionalmente a los militantes presentes en las mismas, atribuyéndose tales puestos por procedimientos semejantes a los empleados para atribuir delegados para el Congreso a las agrupaciones que se explican en el Anejo I. Los puestos de cada federación se adjudican a las listas concurrentes por sistema proporcional puro según la suma de votos obtenida por cada candidatura en el total de las agrupaciones que pertenecen a la federación.
A la vez que se celebran las elecciones al Comité Federal, tiene lugar la primera vuelta de la elección de Secretario General, siendo la totalidad del partido la circunscripción, no las federaciones. La segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, si es necesaria, tendría lugar dos semanas después. En el caso de la elección de los órganos de una federación, ésta constituye la única circunscripción tanto para elegir el Comité Central como el Secretario General.

XIII.Conveniencia de una parte rígida en los Estatutos.
Propongo considerar una serie de asuntos como elementos rígidos de los estatutos, como puedan ser los que regulan las relaciones entre los órganos y los procedimientos de elección de los mismos. Una propuesta de modificación de dicha parte puede proponerse en el seno de una Conferencia sobre modificación de Estatutos y, de aprobarse la propuesta, votarse en referéndum de todo el partido. La única modificación de estatutos que no requiere referéndum es la que se hace a propuesta del Comité de Garantías. De presentarse en un Congreso, y resultar ganador el documento que la incluye, el proceso electoral de los órganos se vería completado por el referéndum sobre modificación en cuestión, de forma que el Congreso haya hecho las veces de Conferencia sobre este asunto.

XIV.Procedimiento de elaboración de listas electorales municipales y autonómicas.
En caso de que nuestro partido concurra en solitario a los procesos electorales, los secretarios generales de las federaciones son cabeza de lista a las elecciones de las asambleas autonómicas, salvo renuncia expresa de los interesados. De haber más de una circunscripción en la comunidad autónoma en cuestión, se entiende que el secretario general encabeza la lista de la provincia más poblada.
Para las listas electorales municipales o autonómicas ha de cumplirse que sean propuestas por el Secretario General de la federación correspondiente al Comité Central de la misma, que ha de aprobarla con un 51% de votos a favor y no más del 40% en contra. De no darse la aprobación, el Secretario General puede optar, o bien por confiar al Comité Central la elaboración de listas, o por convocar primarias. Por supuesto, puede renunciar a su prerrogativa de proponer las listas.
Elaboración por el Comité Central.
El Comité Central debe presentar las listas alternativas a aquéllas que fueron propuestas por el Secretario General y rechazó. El Secretario General puede vetarlas. De no haber acuerdo para la retirada de dicho veto, se pasa a primarias. Ojo, todas las listas de los procesos electorales en curso deben presentarse simultáneamente, y el veto del Secretario General a una de ellas invalida el proceso que estamos tratando, forzando las primarias. Si no hay veto y se ha propuesto más de una lista, se votan en el seno del Comité Central, repartiéndose los puestos en la lista electoral refundida y fijando el orden de la misma por método apropiado. En este punto es aconsejable el empleo de la Regla D´Hont por sus ventajas sobre el método proporcional en las consecuencias políticas. Se explica con detalle en el Anejo III. Si hay veto y no se resuelve el problema, todas las listas pasan a primarias, incluidas aquellas que fueron propuestas por el Secretario General y rechazadas por el Comité Central.
Primarias.
Las listas presentadas por el Secretario General, así como las propuestas por el Comité Central, son sometidas a los militantes. Las municipales serán votadas en los municipios afectados, y las autonómicas, en las provincias correspondientes. Se aplica el sistema del Anejo III para determinar la composición y orden de los candidatos en las listas refundidas.

XV.Procedimiento de elaboración de listas electorales al Congreso y Senado.
El proceso es igual al descrito en el apartado XIV, pero ahora son el Secretario General del PCE y el Comité Federal los sujetos del punto tratado. Si se llega a primarias, las listas son votadas por los camaradas de las agrupaciones de las provincias afectadas.
Todo cuanto antecede es de aplicación si nos presentamos en coalición con otros partidos, para decidir quienes serán y en que orden los candidatos comunistas en las listas de dicha coalición.

XVI.Situación de doble militancia.
Propongo la admisión de la pertenencia de un camarada a dos agrupaciones bajo dos condiciones. La primera, que una debe ser territorial y otra de sector o empresa. La segunda, que a efectos del Congreso y las elecciones a los órganos, solo se pertenezca a una. Esto nos da una posibilidad de reconstruir la organización del partido en el movimiento obrero.

XVII.Creación de áreas de elaboración y grupos de tareas.
La dirección puede crear grupos de tareas específicos con camaradas voluntarios para la realización de tareas que van desde la elaboración teórica y el debate hasta la acción de propaganda, pasando por la formación. Tales grupos son abiertos y pueden crearse a propuesta de los militantes. La creación de los mismos, la negativa a crearlos o la decisión de disolverlos es potestad del Secretario General, que debe someter tales decisiones a la aprobación del Comité Federal o Central correspondiente dentro de la sesión mensual ordinaria del mismo. Una de las mejores aportaciones de IU fue la creación de las áreas. No estaría mal que las distintas ponencias al Congreso se cocinasen en un marco similar a las áreas, por ejemplo.

Alegato sobre las propuestas que anteceden.
Todo el proceso que hemos expuesto es largo y laborioso. Cualquier sugerencia que lo simplifique es bienvenida. En cualquier caso me parece muy difícil un debate de talla y un compromiso cierto con unas posiciones si se relajan mucho las condiciones expuestas. Ni que decir tiene que son aceptables varias alternativas a mis propuestas. Cabe considerar por ejemplo que el Secretario General sea elegido por el Comité Federal y restaurar el cargo de Presidente del PCE para su elección directa, dotándole de funciones apropiadas. Incluso se puede pensar en que el documento en que se basará el próximo periodo no lo elija el Congreso, sino un referéndum de todos los militantes, convirtiéndose aquel en una forma de debate colectivo. Obviamente, mis propuestas no están libres de contradicciones que hay que pulir, como hasta que punto vincula el documento ganador del Congreso a la dirección entrante. Supongamos que las elecciones forman unos órganos dominados por facciones que sostenían posiciones distintas que las expuestas en el documento ganador. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo se resuelve un enfrentamiento enquistado entre dos órganos si la Conferencia no se pronuncia a favor de uno de los mismos? ¿Cómo se resuelven las dimisiones individuales de miembros de un órgano? ¿Se puede obligar a alguien a ser miembro del Comité de Garantías? No parece muy realista, y es difícil que sea estable un órgano elegido a suertes. Muchos problemas están sin resolver en este esbozo, y no me parecen de solución sencilla.
Ni que decir tiene que todo lo propuesto no sirve para acabar con las intrigas ni nada que se le parezca ni por lo más remoto, pero al remitir la elección de los órganos directamente a las bases no solo se fortalece a quienes desempeñen las funciones de los mismos, sino que además se estimula la selección de los más competentes, pues una campaña de las proporciones implicadas por el proceso expuesto se realiza mejor si se dispone de una cantidad razonable de camaradas de cierta capacidad, tanto de acción como de organización y exposición. Con esto las facciones se ven obligadas a regirse por procedimientos más abiertos, pues en caso contrario no les será posible reclutar gente de valía en número suficiente. La guerra de facción es así orientada en parte a una mejora de la calidad de los cuadros. Es por ello que el Congreso se centra en una muy activa discusión de ideas, a la que ha de vincularse quien quiera ejercer alguna responsabilidad, y se concibe el resto del sistema para que las facciones tengan que reclutar ahí a sus masas de maniobra. Como la selección real de candidatos a los órganos por parte de las facciones precedería de hecho al Congreso, el interés de las mismas en conseguir que determinados sujetos sean delegados en sus agrupaciones obliga a trabajar de firme en el plano de la persuasión razonada. Obsérvese que considero una facción más a los que sostienen a la dirección. La palabra facción no tiene sentido peyorativo en este escrito, ni encierra un juicio de valor.
Es posible que alguien, de buena fe, piense que mis propuestas liquidarían formas de organización muy enraizadas en el acerbo comunista. En mi opinión, tales formas de organización no responden desde hace ya mucho a nuestras necesidades por razones que espero haber dejado claras. Conviene reflexionar si los modos de organización al uso permiten a un partido político defender sin sonrojo que otra forma de hacer política es posible. ¿Cómo vamos a reclamar que las circunscripciones para las elecciones generales sean las comunidades autónomas y no las provincias, o que la representación de las circunscripciones sea proporcional a su población si nosotros mismos nos regimos por un procedimiento de elección de órganos que se basa en el sufragio indirecto y desigual de nuestros militantes? La defensa de los intereses de la clase trabajadora, en el plano político, debe expresarse en la demanda de democracia en las cuestiones del estado. Para ello son imprescindibles formas de organización que garanticen la igualdad de todos los participantes en un proceso político y la equidad en la discusión de estrategias alternativas.
No se me escapa que estos cambios serán útiles solo si están al servicio de una política grande y poderosa, y que la reforma en si misma se limita a proporcionar un modo de actuar a una tal política. De cualquier manera, una política mezquina, como la de suplicar ser el agente político de un determinado sindicato, no requiere de procedimientos muy elaborados. Así que unas reformas orientadas en la dirección que he esbozado ya serían de por sí un síntoma de que está teniendo lugar un cambio agradable. Que hoy por hoy no sea posible la Revolución Socialista no significa que no sea posible trabajar en pro de los intereses generales de los trabajadores, sean españoles o emigrantes, asalariados o autónomos, fijos o temporales, optando siempre por la defensa de la parte más débil de la clase en caso de duda. Esa es, creo yo, la más noble causa a la que puede entregarse un comunista, y entiendo que la política del partido debe ir más por asuntos como la lucha contra las horas extraordinarias forzosas, más allá de lo que permite el Estatuto de los Trabajadores, o por la demanda de una Inspección de Trabajo que actúe sin que medie denuncia que por temas como la globalización.
El rearme ideológico que tanto buscábamos en los 90 se está revelando como una cuestión de la mayor importancia, muy por encima de cuanto se pueda expresar. Los cambios ocurridos en los últimos diez años en nuestro país no son moco de pavo. El complemento del ascenso social de decenas de miles de hombres “hechos a sí mismos” en los sectores de la construcción y agrario, esos que tienen el todo terreno, la parca y las gafas de sol como un uniforme, ha sido la apoteosis de un sistema ideológico con un extraño tufo franquista. Que la visión de nuestra reciente historia proporcionada por señores como Vidal, Moa y Jiménez Losantos haya encontrado púlpito en Georgetown indica ante todo que ya no es necesario para algunos sectores el mito socialdemócrata que presenta la Transición como la restauración de la legalidad previa a nuestra última guerra civil. Muchos señalan el problema de la organización territorial del estado como uno de los factores del éxito de esta nueva moda ideológica. Apunto la posibilidad de que otro factor sea el régimen de explotación en tajos y huertos, pues es conveniente disponer de un pretexto moral para implantar diferentes condiciones de trabajo a distintos trabajadores contando con la aquiescencia de una buena parte de estos últimos, y eso es lo que se oculta tras el éxito del feroz ataque al rojo por parte de los señores mencionados, cuyos fieles pistoleros ascendidos a empresarios sintonizan sus sermones mientras van al negocio en el 4 x 4.
Esperar algo que no sea un gigantesco atolladero ideológico e incluso crisis de identidad tras acontecimientos de las proporciones de los sucedidos entre 1917 y 1989 es lo mismo que creer en la magia. Los comunistas estamos gastando mucho esfuerzo en justificar nuestra existencia y la validez de nuestras doctrinas. Un debate de fondo sobre esta cuestión es imprescindible, no una “terapia de grupo”, y es además la condición necesaria de ese rearme ideológico que tan necesario es, no ya para nosotros, sino para todos los trabajadores de España. Me parece que lo mejor es empezar por definir como debe ser el sitio donde tal debate debe desenvolverse, para que sea un lugar hospitalario, donde se pueda decir lo que se piensa y tratar de persuadir con argumentos a los demás camaradas, y en el que consecuentemente sea posible elegir sobre una base de igualdad de todos los militantes a quien se considere más adecuado para asumir las responsabilidades.
A continuación presento cuatro anejos, donde se tratan cosas como formas de repartir delegados, métodos de asignación de puestos y de comparación de las consecuencias. En fin, áridos asuntos de aritmética. He tratado de hacerlo lo mejor y más claro que he podido. Espero haber logrado mi propósito y, que en ese caso, te resulte de utilidad.
Anejo I.
Métodos de asignación de delegados a las agrupaciones y de comparación de las asignaciones.

Vamos a partir de un ejemplo hipotético, sencillo de manejar. Supondremos que una federación del partido con 1.975 militantes distribuidos en 50 agrupaciones de distinto tamaño va a celebrar su congreso. En el cuadro que sigue se da la distribución por agrupaciones, figurando bajo el rótulo A un número que sirve para designar cada agrupación, y bajo el rótulo C y en negrita el censo de la misma.

Supongamos que se fija un tamaño del Congreso de 200 delegados electos, pues se prevé un Comité Central de 19 miembros, y un Secretario General, de modo que el Congreso supera en 10 veces el tamaño de los órganos electos. El primer método de asignación que vamos a considerar es el proporcional puro.

Método Proporcional.
Recordemos que en el colegio nos enseñaron que el DIVIDENDO es igual al DIVISOR POR EL COCIENTE MÁS EL RESTO. En términos de fórmula D = d x q + r. Bien, el sistema proporcional tomará por dividendo, para cada agrupación, el resultado de multiplicar su censo por el tamaño del Congreso. Así, para la agrupación nº3, el dividendo es 7 x 200 = 1.400. El divisor, común a todas las agrupaciones, es el censo total del partido. Para nuestro ejemplo, 1.975. En la tabla que sigue, damos el cociente y el resto que corresponden para cada agrupación.

Bajo el rótulo q está el cociente, y bajo r el resto.
A cada agrupación le corresponden tantos delegados como el cociente indica. Así, a la agrupación nº1 no le corresponde ninguno, y a la nº50 le corresponden 8. Sumando todos los valores de la columna q el resultado es 173, de modo que faltan 27 delegados por repartir. Además, ninguna agrupación puede quedarse sin enviar al menos un delegado. Los 27 delegados que faltan los asignaremos por orden de resto, y de quedar agrupaciones sin representación, la obtendrán en detrimento de los restos más bajos. Para hacerlo, ordenamos la tabla de restos de modo decreciente, tomando los 27 mayores.

A cada una de las agrupaciones cuyo resto está marcado en negrita le corresponde un delegado adicional. Así, la agrupación nº3, que no obtenía delegado por su cociente, lo alcanza ahora por ser su resto el que ocupa la posición 16 en la tabla.
Sucede que las agrupaciones nº1 y nº2 siguen sin tener representación. Por lo tanto, las agrupaciones nº7 y nº8, por ser las de menor resto entre las 27 consideradas, no obtienen delegado adicional. El Congreso se forma como sigue.

Método Proporcional modificado.
Vamos ahora a examinar un método semejante. La diferencia consiste en que daremos un delegado a cada agrupación por el solo hecho de existir, y los 150 restantes los atribuiremos por el mismo procedimiento empleado antes.
Así, ahora el dividendo es el censo de la agrupación multiplicado por 150, el divisor sigue siendo 1.975, común a todas las agrupaciones. Al cociente resultante le sumaremos 1, y anotamos el resto para crear la tabla ordenada, por si faltasen delegados por asignar.

Bajo q+1 está el resultado de sumar 1 al cociente que resulta de tomar por dividendo el producto del censo de cada agrupación por 150, y por divisor, 1.975. En la columna r figura el resto que corresponde a cada agrupación por la operación mencionada.
Tras sumar las cantidades de la columna q+1, apreciamos que el resultado asciende a 175 delegados. Como faltan 25 por asignar, creamos la tabla decreciente de restos.

Los 25 mayores restos figuran en negrita. Este método tiene la ventaja de que resuelve directamente el problema de las agrupaciones sin representación, pero las desventajas se verán después. En fin, aquellas agrupaciones que figuran entre las 25 con mayores restos obtienen un delegado adicional, y el Congreso se forma como sigue.

Una primera comparación con la tabla anterior nos hace ver que las agrupaciones grandes pierden peso a favor de las pequeñas. Ya las compararemos con un método a propósito cuando examinemos el tercer y último procedimiento de asignación que vamos a tratar. Se trata de usar un algoritmo de tipo mayoritario, como la Regla D´Hont.

Método Mayoritario.
Partiremos del mismo cálculo de base que el que hicimos para el proporcional puro, es decir, asignando a cada agrupación tantos delegados como indica el cociente de la división euclídea. La diferencia estriba en como se asignan los sobrantes a dicho reparto.
Empezamos pues dando la tabla formada por el cociente correspondiente a tomar por dividendo el producto del censo de cada agrupación por 200, y por divisor la cantidad de 1.975. Prescindimos del resto, que no nos hace falta.
(...) VER DOCUMENTO EN LOS ENLACES

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